Kast asume el costo de sostener a Rabat y desafía al Congreso: la crisis abre una fractura en la derecha
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Desde Roma, el Presidente ratificó su respaldo al ministro de Justicia, asumió personalmente la responsabilidad política por las cuestionadas rebajas de condenas y emplazó a la oposición a presentar la acusación constitucional. Renovación Nacional cuestionó la conducción del gobierno y pidió revisar las responsabilidades de los asesores presidenciales. Diputados y senadores reaccionaron al desafío mientras La Moneda intenta contener los descuelgues de sus propios parlamentarios.
La crisis del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha dejado de ser un conflicto circunscrito a su cartera para transformarse en una disputa que compromete directamente al presidente José Antonio Kast. Este martes, desde Roma, durante su gira europea, el mandatario decidió asumir personalmente la responsabilidad política por las rebajas de condenas que beneficiaron a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, ratificó la continuidad de su ministro y desafió a la oposición a concretar la acusación constitucional que prepara el Congreso.
La intervención presidencial no consiguió cerrar las diferencias. Por el contrario, coincidió con una declaración de Renovación Nacional que cuestionó abiertamente la conducción política del gobierno y reclamó una revisión de las responsabilidades involucradas, incluidas las de los asesores directos de La Moneda.
La controversia enfrenta ahora al Presidente no solamente con la oposición, sino también con parlamentarios de los partidos que sostienen su administración.
Kast asume la responsabilidad, pero mantiene al ministro
Desde Italia, el Presidente sostuvo que la responsabilidad política por la situación le corresponde personalmente, aunque distinguió esa responsabilidad de las eventuales infracciones jurídicas que puedan investigarse.
Su argumento fue esencialmente institucional: la facultad de nombrar y remover ministros pertenece al Presidente de la República y no a los diputados o senadores, aunque estos tienen derecho a expresar sus posiciones y ejercer las atribuciones que les entrega la Constitución.
Kast reiteró que Rabat cuenta con su confianza y defendió su participación en iniciativas legislativas sobre seguridad, responsabilidad parental y protección de menores.
El mandatario sostuvo que el problema de fondo se encuentra en las normas que permitieron las rebajas de condenas y que la respuesta debe concentrarse en su modificación.
Pero fue más allá. Frente a la acusación constitucional anunciada por la oposición, lanzó un desafío directo:
«Que la presenten y que se vote».
También cuestionó que el libelo lleve varios días en preparación y emplazó a sus adversarios a formalizarlo cuanto antes.
El Presidente criticó, además, las advertencias de sectores opositores de rechazar partidas del Presupuesto 2027 relacionadas con Justicia. Según su planteamiento, esa estrategia podría perjudicar precisamente a las víctimas que los parlamentarios dicen defender.
La respuesta presidencial introduce una nueva dimensión en el conflicto. Kast ya no se limita a expresar confianza en un colaborador. Al asumir públicamente la responsabilidad política por su continuidad, convierte el destino del ministro en una decisión que compromete su propia conducción del gobierno.
Renovación Nacional cuestiona a La Moneda
La declaración difundida este martes por Renovación Nacional representa uno de los pronunciamientos más significativos desde el comienzo de la controversia.
El partido expresó serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de la forma en que el Ejecutivo ha conducido políticamente la crisis.
Pero el documento incorporó un elemento adicional: pidió revisar los procedimientos y las responsabilidades de quienes participaron en la toma de decisiones, incluyendo a los asesores directos del Presidente.
RN sostuvo que deben mejorarse los mecanismos de coordinación, anticipación y rigurosidad del gobierno. También solicitó avanzar en la derogación de los decretos cuestionados, introducir modificaciones legales y establecer medidas de apoyo a las víctimas y sus familias.
La colectividad reafirmó su compromiso con la administración de Kast, pero dejó abierta su posición frente a una eventual acusación constitucional.
Esta última circunstancia resulta políticamente relevante. RN no anunció una ruptura con La Moneda, pero tampoco comprometió los votos de sus diputados para defender al ministro.
La crítica alcanza, además, al funcionamiento del entorno presidencial. Según antecedentes publicados por la prensa, entre los funcionarios cuestionados aparecen Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso de La Moneda, y Cristián Valenzuela, director de Contenidos y Comunicaciones de la Presidencia. Se trata de cuestionamientos políticos atribuidos a sectores oficialistas, no de responsabilidades administrativas o penales acreditadas.
Las llamadas desde Europa y los votos que no están asegurados
La gravedad del conflicto quedó de manifiesto en las gestiones realizadas por el propio Presidente desde Europa.
Kast ha mantenido conversaciones telefónicas con dirigentes partidarios y parlamentarios oficialistas para explicar su decisión y evitar que la acusación constitucional obtenga respaldos desde la derecha.
Entre los contactados figura el diputado independiente de la bancada de RN Hotuiti Teao, quien ha expresado reparos a la actuación del Ministerio de Justicia y considera que no se agotaron todas las alternativas jurídicas disponibles para impedir las rebajas de condenas.
En Santiago, el vicepresidente Claudio Alvarado reunió en La Moneda a los presidentes de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli para intentar contener las diferencias.
Las conversaciones se desarrollaron después de que parlamentarios de Chile Vamos manifestaran su incomodidad con la continuidad de Rabat. Según los antecedentes publicados, incluso dentro de la bancada UDI existen reparos y no se ha garantizado una posición unánime frente a la acusación constitucional.
La disputa comienza así a plantear un problema para la coalición gobernante: hasta dónde llega la disciplina partidaria cuando algunos de sus integrantes consideran que la defensa de un ministro tiene un costo político que no están dispuestos a asumir.
El Ejecutivo espera que sus aliados privilegien la continuidad gubernamental y las reformas legislativas. Los parlamentarios críticos, en cambio, reivindican su derecho a evaluar las responsabilidades políticas y constitucionales del secretario de Estado.
La oposición responde: un desafío al Congreso
Las declaraciones presidenciales provocaron una inmediata respuesta de parlamentarios opositores, que cuestionaron tanto el respaldo a Rabat como el tono empleado por Kast.
El senador democratacristiano Iván Flores calificó el emplazamiento como un «toreo al Congreso» y advirtió que ese tipo de intervenciones no contribuye a las relaciones entre ambos poderes del Estado.
Flores consideró que el Presidente había excedido los términos de una controversia que debe resolverse mediante los procedimientos institucionales correspondientes.
Otros parlamentarios insistieron en que la salida del ministro es necesaria para superar la crisis y reclamaron al Ejecutivo la entrega de los antecedentes administrativos de las rebajas de condenas, además de medidas concretas de apoyo a las víctimas y sus familias.
La oposición enfrenta, sin embargo, sus propias exigencias. Para que una acusación constitucional prospere no basta con demostrar que un ministro ha perdido respaldo político. Es necesario fundamentar las causales constitucionales que se le atribuyen y obtener los votos requeridos en la Cámara y, posteriormente, en el Senado.
La investigación penal que involucra a Rabat tampoco permite anticipar responsabilidades. Su calidad de imputado no equivale a una declaración de culpabilidad, y el resultado de las diligencias del Ministerio Público permanece abierto.
Son procesos distintos, aunque sus consecuencias políticas se entrecruzan.
La responsabilidad presidencial y sus límites
La insistencia de Kast en recordar que corresponde al Presidente nombrar y remover ministros se ajusta a las atribuciones que establece el ordenamiento constitucional. Pero esa facultad no elimina los mecanismos de fiscalización y responsabilidad que corresponden al Congreso.
La controversia se sitúa precisamente en ese punto.
El mandatario puede mantener a Rabat mientras conserve su confianza. Los parlamentarios, por su parte, pueden cuestionar esa decisión y, si consideran que existen fundamentos suficientes, ejercer sus atribuciones constitucionales.
Lo que está en discusión no es únicamente una competencia jurídica, sino la forma en que el gobierno administra una crisis que ha afectado la confianza pública y provocado diferencias entre sus aliados.
La decisión de mantener al ministro adquiere especial importancia porque las rebajas de condenas involucran a víctimas de delitos sexuales contra menores, un ámbito en el que las actuaciones del Estado están sometidas a particulares exigencias de protección y responsabilidad.
La salida del subsecretario Luis Silva no consiguió poner término al conflicto. Tampoco lo hicieron los anuncios de modificaciones legales. La permanencia de Rabat continúa concentrando las críticas, mientras la discusión se extiende hacia los mecanismos internos de decisión del Ejecutivo.
Una crisis que ya no depende solamente de Rabat
El gobierno intenta desplazar el debate hacia las reformas legales que permitan impedir nuevas rebajas de condenas en casos semejantes. Esa discusión es necesaria y puede reunir apoyos transversales.
Pero las modificaciones legislativas no resuelven automáticamente las preguntas sobre las decisiones ya adoptadas, las responsabilidades de las autoridades que intervinieron y los controles que debieron operar.
La declaración de Renovación Nacional muestra que estas interrogantes también están presentes dentro del oficialismo.
Kast ha optado por una respuesta que combina respaldo personal al ministro, defensa de las atribuciones presidenciales y presión política sobre sus aliados. La oposición, mientras tanto, prepara una acusación cuyo resultado todavía es incierto.
La jornada deja una situación singular: el Presidente asume expresamente la responsabilidad política por una decisión cuestionada, pero rechaza modificarla; una parte de su coalición critica la conducción gubernamental, aunque reafirma su compromiso con el Ejecutivo; y el Congreso se prepara para examinar responsabilidades que el gobierno considera inexistentes.
El destino de Rabat sigue abierto. Lo que ha cambiado es que su permanencia ya no depende solamente de la confianza presidencial: se ha convertido en una controversia sobre la conducción del gobierno y las relaciones entre La Moneda y el Congreso.
Kast ha decidido sostener al ministro. Ahora deberá administrar las consecuencias de esa decisión, incluidas las diferencias que ha provocado entre quienes hasta hace poco aparecían como sus aliados más seguros.
