Las dos vías de la impunidad: las rebajas de condenas a represores durante los gobiernos de Piñera y Kast

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Una investigación de Reportea identificó al menos 22 reducciones de condena concedidas a agentes de la dictadura durante las administraciones de Hernán Larraín y Fernando Rabat, sin que existieran sentencias judiciales que obligaran a otorgarlas. Los antecedentes revelan diferencias sustanciales en la interpretación de la legislación penitenciaria y plantean nuevas preguntas sobre las obligaciones del Estado frente a los crímenes de lesa humanidad.

La reducción de condenas a responsables de crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet ha dejado de ser una controversia circunscrita al actual Ministerio de Justicia. Una investigación publicada este sábado por Reportea revela que las decisiones adoptadas bajo la administración de Fernando Rabat tienen antecedentes durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando el ministerio estaba encabezado por Hernán Larraín.

El trabajo de los periodistas Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda identificó al menos 22 reducciones de condena concedidas a antiguos integrantes de organismos represivos. Diecinueve corresponden a la gestión de Larraín y tres a la de Rabat. En ninguno de estos casos existía una sentencia judicial que ordenara específicamente otorgar el beneficio, aunque algunos procedimientos habían estado precedidos por decisiones de tribunales que exigían resolver las solicitudes.

La distinción es importante. Una orden judicial de pronunciarse sobre una petición no equivale necesariamente a una obligación de aprobarla.

Los antecedentes muestran, además, que la legislación fue interpretada de manera diferente por sucesivas administraciones. Mientras algunos gobiernos consideraron que las autoridades debían conceder las reducciones cuando se cumplían los requisitos establecidos en la normativa nacional, otros incorporaron al examen las obligaciones internacionales de Chile frente a los crímenes de lesa humanidad.

La controversia no se limita, por tanto, a la legalidad formal de determinados decretos. Alcanza una cuestión más profunda: cuáles son los límites de la discrecionalidad administrativa cuando se trata de modificar el cumplimiento efectivo de condenas impuestas por secuestros, torturas, desapariciones y homicidios cometidos por agentes del Estado.

Los tres decretos del Ministerio de Rabat

En mayo de 2026, durante los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast, el Ministerio de Justicia concedió tres reducciones de condena que permitieron la salida inmediata de prisión de sus beneficiarios.

Uno de ellos fue César Acuña Luengo, exintegrante de la Central Nacional de Informaciones, condenado por el secuestro calificado de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987. Recibió una rebaja de diecinueve meses mediante un decreto firmado el 20 de mayo por el ministro subrogante Pablo Mira.

En ese caso existía una resolución judicial que obligaba al Ministerio a pronunciarse sobre una solicitud pendiente. Sin embargo, el tribunal no había ordenado necesariamente conceder el beneficio.

Los otros dos decretos fueron firmados directamente por Fernando Rabat el 27 de mayo.

Miguel Arias Navarrete, exfuncionario de Carabineros condenado por el secuestro calificado de Justo Flores Martínez, ocurrido en 1973, recibió una reducción de nueve meses. Manuel Cabezas Pérez, exsuboficial de la Fuerza Aérea condenado por torturas contra Daniel Pavez y Patricio Rivera, obtuvo una rebaja de ocho meses.

Ambos abandonaron la prisión durante los días siguientes.

En estos dos últimos casos, según los antecedentes reunidos por Reportea, no existían sentencias que obligaran al Ministerio a aprobar las solicitudes.

La investigación también recupera un documento significativo: un informe enviado el 30 de abril a la Corte de Apelaciones de Santiago por el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva.

En esa presentación, Silva sostuvo que el Ministerio debía aplicar la legislación nacional sobre reducción de condenas y que no le correspondía introducir requisitos adicionales que no estuvieran expresamente establecidos en ella.

Esa interpretación constituye uno de los puntos centrales de la controversia. Porque el problema no consiste únicamente en determinar si los condenados cumplían determinados requisitos de conducta penitenciaria, sino en establecer si esos requisitos resultan suficientes cuando las penas corresponden a crímenes de lesa humanidad.

Fernando Rabat, actual ministro de Justicia, fue abogado defensor de Augusto Pinochet. El antecedente forma parte de su trayectoria profesional y adquiere relevancia pública en el contexto de las decisiones que hoy adopta como autoridad. Sin embargo, esa relación anterior no permite establecer, por sí sola, los motivos de los decretos que firmó.

Lo que corresponde examinar son los fundamentos jurídicos y administrativos de esas decisiones.

El precedente de Hernán Larraín

La investigación de Reportea introduce un antecedente que modifica sustancialmente la comprensión del problema. Entre 2020 y 2021, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el Ministerio de Justicia dirigido por Hernán Larraín concedió al menos diecinueve reducciones de condena a responsables de violaciones de derechos humanos.

Entre los beneficiados estuvieron cinco exfuncionarios de la Policía de Investigaciones condenados por la tortura y muerte de Claudio Pino Cortés, ocurrida en 1987. Todos recibieron las rebajas durante noviembre de 2021.

También figuraron Moisés Retamal Bustos, condenado por la desaparición de tres ciudadanos uruguayos en 1973, y Juan Abello Vildósola, condenado por la desaparición de un militante socialista en Penco.

La administración de Larraín no mantuvo siempre la misma posición. Inicialmente rechazó determinadas solicitudes, entre ellas la de Ramón Cáceres Jorquera, condenado por las torturas que provocaron la muerte del general Alberto Bachelet.

En ese caso, la controversia giró en torno a la aplicación temporal de una causal legal de exclusión. La Corte Suprema consideró que no correspondía aplicar retroactivamente una pena máxima establecida después de cometidos los hechos y ordenó conceder el beneficio.

Hubo decisiones similares en otros procesos. A partir de esos precedentes, el Ministerio modificó su interpretación y comenzó a aprobar solicitudes sin esperar que cada caso llegara a los tribunales.

Pero la existencia de sentencias favorables en determinados procesos no significaba necesariamente que todos los condenados por crímenes de lesa humanidad tuvieran derecho a una reducción de pena.

La posición de la administración Piñera quedó registrada en un recurso presentado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. El Ministerio sostuvo que la legislación nacional no excluía expresamente a los condenados por delitos de lesa humanidad, que la verificación de los requisitos correspondía a las comisiones de reducción de condena y que no procedía incorporar exigencias de tratados internacionales no mencionadas en la ley.

En abril de 2023, la Corte Suprema respaldó el cuestionamiento de la agrupación respecto de la necesidad de considerar las obligaciones internacionales del Estado. Sin embargo, los beneficios impugnados ya habían sido concedidos y habían producido sus efectos.

El episodio muestra una dificultad que se repite en estos procedimientos: cuando una reducción de condena permite la salida de prisión, una revisión judicial posterior puede llegar demasiado tarde para corregir sus consecuencias.

La Corte Suprema y los criterios que Rabat omitió

Durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio de Justicia adoptó una interpretación diferente. En lugar de conceder administrativamente las rebajas solicitadas por condenados por crímenes de lesa humanidad, optó por rechazarlas cuando consideró que no cumplían las exigencias internacionales.

Esa posición llevó numerosas controversias a los tribunales.

Reportea identificó once sentencias de la Corte Suprema que respaldaron los rechazos del Ministerio durante esa administración y cuatro que obligaron a conceder beneficios. En una revisión más amplia, correspondiente al período 2022-2026, el medio contabilizó veinte fallos contrarios a las rebajas y cuatro favorables.

La jurisprudencia, por tanto, no fue absolutamente uniforme. Pero el balance documentado tampoco respalda la existencia de una obligación judicial general de concederlas.

En las decisiones que rechazaron los beneficios adquirieron relevancia los estándares internacionales aplicables a los crímenes de lesa humanidad, particularmente la consideración del arrepentimiento y de la colaboración efectiva con las investigaciones.

El debate jurídico es complejo. El Estatuto de Roma establece criterios para la revisión de penas impuestas por la Corte Penal Internacional, y su aplicación a condenas dictadas por tribunales nacionales requiere una interpretación jurídica que ha sido objeto de controversia. No basta con afirmar que sus disposiciones se trasladan automáticamente a todos los procedimientos penitenciarios chilenos.

Precisamente por eso, las sentencias nacionales y la obligación del Estado de respetar los tratados internacionales adquieren especial importancia.

Fernando Rabat ha defendido las decisiones de su cartera argumentando que los tribunales habían obligado a conceder beneficios en casos anteriores. Sin embargo, esa explicación presenta solo una parte de la jurisprudencia.

La existencia de numerosas sentencias que respaldaron las negativas administrativas constituye un antecedente indispensable para evaluar la decisión del actual Ministerio de modificar nuevamente su criterio.

Esta controversia forma parte de la acusación constitucional presentada contra Rabat. La oposición cuestiona tanto las rebajas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores como las concedidas a represores de la dictadura y la información proporcionada por el ministro al Congreso.

La acusación todavía debe ser examinada por las instancias correspondientes. Su presentación no equivale a una determinación de responsabilidad constitucional.

Los beneficiados que volvieron a prisión

Tres de los condenados que recibieron reducciones durante el gobierno de Piñera debieron regresar posteriormente a prisión, luego de que nuevas sentencias establecieran su responsabilidad en otros crímenes cometidos durante la dictadura.

Julio Cerda Carrasco, liberado en 2021, recibió en 2024 una condena de quince años por el secuestro de cinco personas.

Moisés Retamal Bustos, también beneficiado en 2021, fue condenado en 2025 a diez años por el secuestro del dirigente Jorge Enrique Carrión Castro, cuyo paradero continúa desconocido.

Jorge Escobar Fuentes salió de prisión en 2021, pero regresó dos años después tras recibir condenas que sumaron 36 años por secuestros y homicidios vinculados a la Operación Cóndor.

Estos antecedentes muestran una característica de las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura: una condena cumplida no significa necesariamente que se haya establecido toda la responsabilidad penal de una persona.

Existen procesos que permanecen abiertos décadas después de los hechos. Otros han podido avanzar gracias a nuevos testimonios, antecedentes documentales o esfuerzos persistentes de los familiares.

En ese contexto, la colaboración efectiva de los condenados puede resultar decisiva para esclarecer el destino de las víctimas y establecer responsabilidades que todavía no han sido determinadas.

La reducción de una condena no extingue las responsabilidades por otros delitos. Pero sí puede alterar el cumplimiento efectivo de una pena antes de que hayan concluido investigaciones relacionadas con la actuación del mismo condenado.

El fallo interamericano y los límites de los beneficios

Un antecedente jurídico especialmente relevante es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vega González y otros vs. Chile, dictada a fines de 2024.

El tribunal internacional examinó la aplicación de reducciones de penas en procesos por crímenes de lesa humanidad y estableció exigencias destinadas a evitar que las decisiones judiciales produzcan resultados incompatibles con el deber de sancionar graves violaciones de derechos humanos.

El fallo tuvo consecuencias en Chile. La Corte Suprema debió revisar condenas y ordenar nuevas detenciones en determinados casos.

La abogada Karinna Fernández, representante de familiares de las víctimas ante el tribunal interamericano, sostiene que los estándares establecidos en esa sentencia también deben ser considerados al examinar beneficios durante la ejecución de las penas.

Su argumento es que una reducción que vacíe de contenido la sanción puede convertirse en un factor de impunidad.

Esta interpretación no significa que todos los beneficios penitenciarios sean necesariamente improcedentes para condenados por crímenes de lesa humanidad. Significa que su otorgamiento exige un examen especialmente riguroso, considerando la gravedad de los delitos, los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales del Estado.

Un pronunciamiento reciente ilustra esa orientación.

Esta semana, la ministra Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó una solicitud del exjefe de la DINA Raúl Iturriaga Neumann para cumplir sus condenas en su domicilio.

La magistrada examinó, entre otros elementos, la ausencia de arrepentimiento, la falta de colaboración con las investigaciones y el impacto que una modificación del cumplimiento de las penas podría tener sobre los derechos de las víctimas.

Aunque se trata de una solicitud distinta de las reducciones reguladas por la legislación penitenciaria, el fallo refleja la importancia que determinados tribunales atribuyen al examen conjunto de las normas nacionales y las obligaciones internacionales.

Una institucionalidad sin información completa

La investigación de Reportea deja al descubierto otro problema: Chile no cuenta con un registro público completo y fácilmente accesible de las reducciones de condena concedidas a responsables de violaciones de derechos humanos.

El medio identificó treinta casos desde 2016, incluyendo beneficios otorgados por orden judicial durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

Sin embargo, advierte que la cifra podría ser mayor, porque algunas causas judiciales permanecen reservadas y los decretos administrativos no están disponibles en una base pública que permita examinarlos sistemáticamente.

Esta falta de transparencia dificulta conocer el alcance real de las decisiones adoptadas por sucesivas administraciones.

También impide determinar con facilidad si se han aplicado criterios consistentes, qué antecedentes fueron considerados en cada caso y cuáles fueron las razones específicas para conceder o rechazar una solicitud.

Una política penitenciaria sometida a estándares legales debe ser susceptible de control público, especialmente cuando sus decisiones afectan condenas por crímenes de lesa humanidad.

Una discusión que no termina en Rabat

Los antecedentes conocidos amplían el debate sobre las responsabilidades políticas e institucionales.

Las diecinueve rebajas concedidas durante la gestión de Hernán Larraín y las tres otorgadas bajo Fernando Rabat muestran que el problema no puede explicarse únicamente por la actuación de un ministro.

También revelan que la interpretación administrativa de una misma legislación ha variado entre gobiernos, incluso cuando existían pronunciamientos judiciales que exigían considerar las obligaciones internacionales del Estado.

La existencia de criterios diferentes no demuestra automáticamente la ilegalidad de todos los decretos. Para establecerla sería necesario examinar cada expediente, sus fundamentos, los antecedentes de los condenados y la jurisprudencia aplicable al momento de la decisión.

Pero sí plantea una pregunta institucional de fondo: ¿puede una autoridad administrativa modificar el cumplimiento efectivo de condenas por crímenes de lesa humanidad sin someter previamente las controversias jurídicas relevantes a una revisión judicial?

Las organizaciones de familiares han sostenido durante décadas que la búsqueda de verdad y justicia no concluye con la dictación de una sentencia. También exige que las penas se cumplan de manera compatible con la gravedad de los delitos y con los derechos de las víctimas.

La investigación de Reportea aporta nuevos antecedentes para ese debate y obliga a revisar decisiones que habían recibido escasa atención pública.

El desafío no consiste solamente en determinar las responsabilidades de Hernán Larraín o Fernando Rabat. Consiste en establecer reglas claras, transparentes y compatibles con las obligaciones internacionales de Chile, de modo que el cumplimiento de las condenas no dependa de las interpretaciones cambiantes de cada administración.

Porque, en materia de crímenes de lesa humanidad, la justicia no se agota en la sentencia. También se juega en la forma en que esa sentencia se cumple.

Simón del Valle | El Clarín