
Parlamentarios respaldan denuncia contra Salcobrand y exigirán fiscalización nacional por riesgos para la salud mental de sus trabajadores
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El Sindicato Nacional N.º 2 de Salcobrand denunció presuntas irregularidades en la aplicación de los protocolos de prevención de riesgos psicosociales, en un contexto de sobrecarga laboral, polifuncionalidad y presión por metas comerciales. Diputados anunciaron que oficiarán al Ministerio de Salud para solicitar una investigación de alcance nacional. La organización sindical advierte que una sanción anterior de la Dirección del Trabajo no habría corregido los problemas de fondo.
Un grupo de parlamentarios respaldó este martes la denuncia presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Farmacias Salcobrand N.º 2 y anunció que solicitará al Ministerio de Salud una fiscalización nacional de la cadena farmacéutica, ante presuntos incumplimientos en la aplicación de los instrumentos destinados a prevenir los riesgos psicosociales y proteger la salud mental de sus trabajadores.
El anuncio se realizó durante un punto de prensa en el Congreso Nacional, en Valparaíso, un día después de que la organización sindical ingresara formalmente su denuncia ante la autoridad sanitaria.
La presentación, encabezada por el presidente del sindicato, Mauricio Acevedo, advierte sobre condiciones laborales caracterizadas por sobrecarga de funciones, polifuncionalidad, presión por el cumplimiento de metas comerciales y un deterioro del ambiente de trabajo que podría afectar la salud física y mental de los empleados.
Los denunciantes sostienen que la empresa no estaría aplicando adecuadamente el Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, instrumento destinado a identificar factores de riesgo, evaluar las condiciones laborales y establecer medidas preventivas.
La denuncia deberá ser examinada por las autoridades competentes para determinar si existen incumplimientos y cuál es su alcance.
Diputados exigirán respuestas al Ministerio de Salud
La diputada Carolina Tello anunció que los parlamentarios solicitarán mediante un oficio que el Ministerio de Salud investigue los antecedentes y adopte las medidas que correspondan.
«Le pedimos al Ministerio que fiscalice lo denunciado y tome acciones concretas. Necesitamos respuestas concretas de la ministra y se las pediremos mediante oficio. La salud mental de los trabajadores no es un discurso, no es un eslogan», sostuvo.
La parlamentaria enfatizó que la fiscalización debe permitir establecer si los mecanismos de evaluación y prevención funcionan efectivamente en los establecimientos de la empresa, más allá de su cumplimiento documental.
Una de las principales preocupaciones del sindicato es que las evaluaciones de riesgos psicosociales no estén reflejando adecuadamente las condiciones reales en que se desempeñan los trabajadores.
Estos instrumentos permiten identificar situaciones como cargas de trabajo excesivas, exigencias emocionales, dificultades de organización, falta de apoyo y otras condiciones que pueden perjudicar la salud mental.
Su aplicación no constituye únicamente una obligación administrativa. Los resultados deben servir para adoptar medidas preventivas y corregir los factores de riesgo detectados.
Una sanción anterior que no habría resuelto el problema
La denuncia incorpora un antecedente que los parlamentarios consideran especialmente relevante: una sanción previa de la Dirección del Trabajo por irregularidades en la conformación del comité encargado de aplicar el protocolo de evaluación de riesgos psicosociales.
Según los antecedentes entregados por la organización sindical, la fiscalización detectó problemas relacionados con la composición paritaria de ese organismo.
La diputada Ana María Gazmuri sostuvo que esa sanción habría tenido un alcance limitado y que no permitió corregir las deficiencias denunciadas.
«Aquí ya ha habido una multa porque su comité de aplicación no era paritario, pero esta multa sancionó solo una parte de la empresa y no corrigió el fondo. Esto es muy grave», afirmó.
La parlamentaria también destacó las dimensiones de Salcobrand y la composición de su fuerza laboral. Según los antecedentes expuestos en el punto de prensa, la cadena cuenta con alrededor de 500 locales y aproximadamente el 80% de su personal corresponde a mujeres.
Gazmuri advirtió que las condiciones de trabajo en las farmacias pueden generar importantes riesgos para la salud mental, especialmente cuando los trabajadores deben desempeñar simultáneamente múltiples funciones.
«Uno de los problemas graves que vemos en los trabajadores de farmacias es justamente esta polifuncionalidad y el grave daño y riesgo para su salud mental», señaló.
La existencia de una sanción anterior refuerza, a juicio de los denunciantes, la necesidad de que la autoridad no limite su intervención a una revisión puntual, sino que examine el funcionamiento de los mecanismos preventivos en el conjunto de la empresa.
Sobrecarga laboral y presión por metas comerciales
La organización sindical identifica como uno de los problemas centrales la combinación de tareas de atención al público, venta de medicamentos, cumplimiento de metas comerciales y otras funciones operativas que deben desarrollar los trabajadores.
En el sector farmacéutico, estas exigencias adquieren particular relevancia porque el personal debe compatibilizar objetivos comerciales con responsabilidades vinculadas a la atención de personas que requieren productos y medicamentos para su salud.
La diputada Carolina Cucumides vinculó la denuncia con un problema más amplio de organización del trabajo y sostuvo que el crecimiento económico no puede sostenerse sobre el deterioro de las condiciones laborales.
«Cuando queremos un país que avance, que sea eficiente y genere riqueza, lo primero de lo que hay que preocuparse es de los trabajadores. Es imposible crecer si maltratamos a nuestros trabajadores», manifestó.
La legisladora planteó además la necesidad de revisar las normas que regulan la sobrecarga y la polifuncionalidad.
«No puede ser posible la sobrecarga laboral y la multifuncionalidad de los trabajos. Esto también es un tema que debemos legislar», afirmó.
Por su parte, el parlamentario Matías Fernández cuestionó las prioridades de las grandes empresas frente al bienestar de sus trabajadores.
«Al parecer, estas grandes empresas se preocupan de generar ganancias, pero no de la salud mental de sus trabajadores. Estos parlamentarios nos comprometemos a defenderlos», señaló.
Las declaraciones expresan el respaldo político a la denuncia sindical, cuyos antecedentes deberán ser verificados mediante las fiscalizaciones solicitadas.
Sindicato pide prevención efectiva, no solamente multas
El presidente del Sindicato N.º 2 de Salcobrand, Mauricio Acevedo, explicó que la organización no busca únicamente nuevas sanciones económicas, sino que la empresa cumpla efectivamente sus obligaciones de prevención.
«No puede ser que en Chile las empresas prefieran pagar las multas en lugar de cumplir la ley. Queremos que se fiscalice y se obligue a las empresas a aplicar correctamente estas herramientas de medición del clima laboral y de los riesgos psicosociales», sostuvo.
El dirigente cuestionó que los mecanismos de evaluación puedan transformarse en procedimientos meramente formales, sin consecuencias concretas sobre la organización del trabajo.
Según Acevedo, una aplicación adecuada de estos instrumentos permitiría detectar oportunamente los problemas, identificar factores de riesgo y adoptar medidas antes de que las situaciones se agraven.
El dirigente también vinculó la prevención de riesgos psicosociales con la necesidad de evitar situaciones de violencia y acoso laboral, materias que actualmente cuentan con un marco de protección reforzado por la Ley Karin.
Aunque la evaluación de riesgos psicosociales y los procedimientos establecidos por esa ley tienen objetivos y regulaciones diferentes, ambos forman parte de las obligaciones destinadas a proteger la salud y seguridad de las personas en sus lugares de trabajo.
Una fiscalización de alcance nacional
La organización sindical espera que el oficio parlamentario permita impulsar una fiscalización coordinada que examine las condiciones laborales en los establecimientos de Salcobrand a lo largo del país.
La solicitud busca verificar el funcionamiento de los comités de aplicación, la participación efectiva de los trabajadores en las evaluaciones, la correcta utilización de los instrumentos de medición y las medidas adoptadas para enfrentar los riesgos detectados.
También pretende establecer si las eventuales irregularidades identificadas en fiscalizaciones anteriores corresponden a situaciones aisladas o reflejan problemas de mayor alcance.
El sindicato insiste en que una fiscalización no debería limitarse a revisar formularios o constatar la existencia de comités, sino que debe evaluar si los mecanismos preventivos permiten conocer las condiciones reales de trabajo y corregirlas.
El caso adquiere relevancia más allá de una empresa particular. La salud mental laboral se ha convertido en una preocupación creciente en Chile, especialmente en sectores donde las exigencias comerciales, la atención permanente al público y la multiplicidad de funciones pueden generar situaciones de estrés y sobrecarga.
La normativa de prevención busca precisamente anticiparse a esos problemas, antes de que se traduzcan en enfermedades, ausentismo o conflictos laborales.
Por ahora, las denuncias corresponden a antecedentes presentados por la organización sindical y respaldados públicamente por los parlamentarios. Será la fiscalización de las autoridades competentes la que deberá establecer la existencia, extensión y gravedad de los eventuales incumplimientos.
La empresa, por su parte, deberá tener la oportunidad de entregar sus antecedentes y responder a los cuestionamientos formulados.
La controversia plantea una cuestión de fondo: si las evaluaciones de riesgos psicosociales están cumpliendo su propósito preventivo o si, como advierte el sindicato, pueden terminar reducidas a una obligación formal sin efectos suficientes sobre las condiciones de trabajo.
Para los dirigentes, el objetivo es que la investigación de Salcobrand permita avanzar hacia una aplicación efectiva de las normas de protección de la salud mental, tanto en la cadena farmacéutica como en otras empresas del país.
