Entre estos artículos rechazados se encontraba la exigencia de un plan de pago para las isapres, así como nuevas atribuciones para el Fonasa y la Superintendencia de Salud.
La Cámara rechazó la exigencia para las isapres de presentar a la Superintendencia un plan de pago y ajustes. Este debía incluir una propuesta de devolución de la deuda. También debía considerar una reducción de costos de la institución y la inclusión de una prima extraordinaria en todos los contratos.
Los condenados son miembros de Ejército, Marina, Aviación, Carabineros y civiles y se ratifica de este modo el trabajo realizado por el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones don Miguel Eduardo Vásquez Plaza, quien ofició como juez sustanciador.
Gobiernos poderosos arrastran a la humanidad hacia una era carente de Estado de derecho de ámbito internacional y efectivo, en la que es la población civil la que más alto precio paga en los conflictos.
Durante los primeros 19 días de abril, el riesgo país de Chile ha promediado 119 puntos, su nivel más bajo desde febrero de 2018. Esta cifra sitúa a Chile como el país con menor riesgo en la región en este mes, superando a economías como Perú, Brasil, Colombia y México.
Uno de los aspectos más debatidos fue la creación de una nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en Fonasa, así como el fortalecimiento de este fondo nacional de salud.
A un año de su implementación, pareciera ser que la Estrategia Nacional del Litio pretende ser otra de las expresiones de renuncia a las transformaciones políticas, sociales, económicas y ambientales que urgen en Chile.
El informe señala que el gasto militar a nivel global creció un 6.8% en 2023, marcando la mayor subida anual desde 2009.
Esta disminución representa un quiebre en la tendencia al alza que se venía registrando desde el año 2016, marcando un hito positivo en la lucha contra la violencia homicida en el país.
Este descubrimiento ha desencadenado una serie de acciones por parte del SII, que ha contactado a 676 contribuyentes cuyas cuentas totalizan US$23.009 millones (equivalentes a $19,6 billones), con el objetivo de asegurar que declaren correctamente sus ingresos.
