Las denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado que aseguran haber visto retenidos fondos de sus cuentas bancarias por parte de la Tesorería General de la República han instalado una discusión que va mucho más allá del financiamiento estudiantil. El centro de la controversia es otro: hasta dónde puede llegar el Estado para cobrar una deuda sin intervención previa