
Gremios que representan a micro, pequeñas y medianas empresas denuncian que el veto del Gobierno debilita una de las principales herramientas de protección para los proveedores de menor tamaño y advierten que los pagos a 60, 90 días o más golpean directamente la liquidez, el empleo y la continuidad de miles de empresas. “No pedimos subsidios ni privilegios: quien compra,












