Hacer llamados a romper la institucionalidad en tiempos de democracia debiera castigarse penalmente. Constituye una infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, en tanto es proferida por una autoridad pública, a través de un medio de comunicación masivo, reivindicando las violaciones de Derechos Humanos cometidas en dictadura, que de paso fue de extrema derecha”,