El pasado 18 de octubre del 2019, luego de un sinnúmero de evasiones convocadas por las y los estudiantes secundarios, se inició un alzamiento popular sin precedentes en los últimos treinta años, que, si bien aparece como un hecho espontáneo, en realidad responde a un ciclo abierto en los 2000 de lucha y acumulación de experiencia organizativa desde los diferentes sectores, principalmente el estudiantil, sindical, mapuche, de lucha por la vivienda, feminista y socioambiental. La diferencia y particularidad de esta revuelta es el levantamiento de un pueblo en su conjunto, ya no parcializado, ni por demandas específicas, sino más bien por una lucha integral provocada por el hastío frente a décadas de abuso, evidenciando la caducidad del modelo neoliberal instaurado por la fuerza en la dictadura cívico militar de Pinochet y los chicago boys.

 

Este alzamiento encuentra su origen en demandas por mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo, es decir, demandas materiales como lo es el sueldo mínimo, las luchas por disminuir las horas  de trabajo semanal, las pensiones, el acceso y cobertura de derechos sociales básicos como salud, educación y vivienda. Por lo tanto, es un alzamiento que evidencia con claridad la existencia de clases sociales y sus contradicciones, contraviniendo lo que economistas e intelectuales pos-modernos y liberales han querido tapar bajo el argumento de que es una lectura caduca de la sociedad actual.

 

Estos meses han reinstalado la justeza de las luchas por demandas fundamentales, y permitió volver a comprobar que solo la lucha trae victorias. La protesta popular y la autodefensa se expresaron evidenciando la fuerza de la unidad de las y los oprimidos y explotados, generando en paralelo un sinfín de expresiones de solidaridad, apoyo y compañerismo, así como del surgimiento de expresiones culturales y artísticas que se han transformado en herramientas de apoyo y validación de las demandas del pueblo.

 

Frente a este escenario, en donde se supera el individualismo en el que el capitalismo nos tenía sumergidos, la clase en el poder buscó diversas formas de contrarrestar la lucha que semana a semana demostraba que no pensaba finalizar. Fue así como no dudo desde el primer día en apostar a la represión y persecución por medio de fuerzas armadas y de orden. También intentó dividir instalando el enemigo al interior de la misma clase, fomentando un fallido levantamiento de “chalecos amarillos”. También impulsó una famélica agenda social, que no logró embaucar ni cooptar los sueños de un pueblo que hoy despierta.

 

En esos fallidos intentos, fue posible identificar un bloque en el poder dividido, desordenado y carente de iniciativa. Sin embargo, aparece una nueva estrategia de institucionalización del conflicto en donde la casta política termina por alinearse sin distinciones: desde la derecha conservadora y recalcitrante de Kast, hasta el progresismo liberal de Boric, firmaron y aprobaron el llamado “pacto social por la paz”, que no representa más que el ejercicio de la clase dominante de ponerse de acuerdo para reestablecer el orden y relegitimar la democracia burguesa.

 

Es así como hoy, la lucha popular y combativa, las manifestaciones callejeras, las asambleas populares y territoriales, las organizaciones sindicales y estudiantiles, nos hemos visto forzados(as) a dar la discusión sobre una agenda impuesta por el bloque en el poder para sacarnos de las calles y volcarnos hacia la burocracia institucional, que permitirá perpetuar el orden durante al menos un par de décadas más.

 

El proceso constituyente surgido del pacto social por la paz de las y los ricos, en resumen, nos invita a un plebiscito en abril en donde debemos votar si queremos o no una nueva constitución. A su vez, debemos escoger entre una “convención mixta”, instancia de mitad congresistas y mitad ciudadanos(as) electos(as) que redactarán la nueva carta magna, o por una “convención constitucional”, compuesta por 155 ciudadanos(as) electos(as)para dicho proceso. Por último, el proceso debiese cerrarse con un plebiscito de salida para la aprobación o rechazo de la propuesta realizada.

 

La convención constitucional es, en definitiva, una asamblea constituyente con otro nombre ya que el total de sus miembros surgen de la ciudadanía. Asumiéndolo así, los debates surgidos en este ámbito son en torno a las formas que adquiere el proceso en si mismo, no así su fondo. Las discusiones son varias, en primer lugar, la generación de mecanismos de participación para abordar el proceso que, en experiencias internacionales se han utilizado y que, para el caso chileno, el pacto por la paz no incorpora, negando la posibilidad de instancias deliberativas o de participación social que acompañen el proceso. En segundo lugar, los mecanismos de representación siguen siendo los establecidos para las elecciones, manteniéndose la votación por lista y proporcionalidad, limitando las posibilidades a independientes (obligando a la ciudadanía a acercarse o conformar un partido político), asimismo no se han aprobado la reserva de escaños por cuota de género o pueblos originarios como experiencias internacionales han demostrado hacerlo. Por último, se mantendrán los distritos, conjugando elecciones para la convención constituyente con las municipales permitiendo la posibilidad del bloque en el poder de hacer campaña a través de dichas elecciones. En tercer lugar, el debate también se ha dado con respecto a los mecanismos para llegar a acuerdos, en donde el pacto por la paz establece un cuórum de 2/3 para tomar decisiones, dejando fuera la opción de plebiscitar temas polémicos, anulando la posibilidad de abordarlos, quedando fuera de la redacción de la nueva constitución.

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La convención constitucional es un eufemismo de asamblea constituyente, quizás porque los sectores más conservadores no quisieron denominarla como tal. Sin embargo, desde el pueblo no podemos dejar engañarnos, y creer que la lucha correcta es demandar una asamblea constituyente, porque en términos objetivos esa es la opción que nos imponen en este modelo, pero con otro nombre. Asimismo, aunque se lograra la asamblea constituyente más democrática y participativa, no lograríamos cambios sustanciales, los que además, pueden ser pasados a llevar como ha sucedido en países como Bolivia en la actualidad.

 

Por otro lado, es importante clarificar algunas cosas. Actualmente la Constitución define el derecho a la propiedad, principio fundante del sistema capitalista que permite la privatización y mercantilización de recursos, de tierras, de derechos sociales como educación y salud. ¿Realmente será posible eliminar esto de la Constitución en este proceso? La respuesta categórica es no. Y la argumentación es bien simple, hoy, quienes detentan el poder son una clase que se ha fundado en la propiedad privada y defenderá este principio de todas las formas posibles. La clase trabajadora, desposeída de este derecho, no tiene el poder hoy, y aspira a acabar con la propiedad privada y apostar por socializar los medios de producción. Sin embargo esto implica la transformación estructural de la sociedad actual, y sólo será posible cuando la clase trabajadora tenga la fuerza necesaria para conquistar el poder.

 

Todos estos debates que han ocupado parte importante de la agenda de nuestra clase, responden a una agenda de mantenimiento y revalidación del sistema democrático burgués, por un lado, y por otro lado, como forma de desviar el foco de las demandas de carácter económico que afectarían en términos reales al modelo económico actual, implicando pérdidas para la clase en el poder. Ejemplo de ello, la demanda por un nuevo sistema de pensiones y la instalación ahora de pensión mínima igual ingreso mínimo, acompañado del aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral. Por otro lado, la lucha por el fin al lucro en salud y educación, así como el pago de locomoción y colación en todos los centros laborales y estudiantiles, la protección a la maternidad y la cobertura de sala cuna universal.

 

La discusión sobre la constitución se transforma en una salida astuta de parte de la burguesía, pues al ser una demanda con un carácter político relevante para el pueblo (acabar con la constitución creada por el dictador), se logra aplacar un movimiento cuyas demandas de origen ponen en tensión el modelo de acumulación capitalista.

 

Ante esta situación, la salida para las y los clasistas debe ser la denuncia del fraude que es el  proceso constituyente creado para desviarnos de nuestras luchas y validar su sistema corrupto y desigual, tal cual como lo hicieron en el pacto por la democracia para acabar con una dictadura y profundizar todo lo que aquella instaló. Asimismo, debemos reimpulsar y reinstalar con fuerza todas las demandas que llevaron a la clase trabajadora y al conjunto del pueblo a alzarse contra este sistema injusto,y mantener viva la movilización, entre ellas, se encuentra la lucha por acabar con el código laboral patronal.

 

Sin embargo, el problema que hoy enfrentamos es más profundo y corresponde a la discusión sobre la lucha de clases y el problema del poder. Sólo cuando la clase trabajadora tenga el poder se podrá revertir la propiedad, la explotación y opresión, y para ello se requiere constituir una fuerza de organización y lucha que hoy aún es carente.

 

Se torna fundamental que los esfuerzos desde los sectores clasistas y las organizaciones populares, sindicales y políticas se vuelquen en agrupar la fuerza social existente y evidenciada en la actualidad, construyendo organización y articulación de los sectores en lucha, bajo un proyecto político común que nos encamine a la construcción de poder popular, camino necesario para alcanzar una vida digna para el conjunto del pueblo.

 

Febrero, Chile, 2020

 

 

Catalina Rojas B

Parte del Directorio Nacional de la Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras, miembro de la Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas, AIT y dirigenta de la Federación de Trabajadores a Honorarios Teresa Flores y del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Servicio de Salud Metropolitano Central.

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