Chile al Día

Cuando la inmoralidad no tiene limites: el pinochetismo recurre al covid-19 para defender el neoliberalismo y su constitución

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En circunstancias  en que la pandemia del coronavirus se ha extendido a todos los continentes y la cifra de contagiados se aproxima a los 3 millones de personas en el mundo y los muertos superan  las 200.000 personas y en nuestro país estamos iniciando la curva ascendente, tanto de contagiados, como de fallecidos, la inmoralidad inherente a  la derecha dura en Chile, ha encontrado un nuevo aliado en la defensa del modelo neoliberal y, en particular, en la defensa de su espuria Constitución, esta vez recurriendo de manera desesperada a los efectos económicos que generará la crisis sanitaria y económica en el país.

Quienes acostumbramos a seguir los debates, a través de los distintos medios de comunicación, hemos podido constatar una estrategia permanente en la derecha chilena destinada a proteger el modelo económico instaurado en dictadura y, de manera simultánea, una estrategia cambiante y acomodaticia, pero eficiente, para blindar la Constitución de Pinochet, Guzmán y compañía.

El modelo económico, de corte neoliberal a ultranza, ha permitido que la economía en el país exhiba cifras macroeconómicas consideradas “espectaculares” para los organismos económicos internacionales que no han escatimado elogios para “promocionar” la imagen exitosa de un país que parecía haberse convertido en un modelo a seguir para los países en desarrollo.

Sin embargo, un país es mucho más que un grupo privilegiado de ciudadanos- estimado en 10-15% de la población- algunos de los cuales se han enriquecido a niveles inhumanos a expensas de los beneficios económicos generado por todos, en especial por los trabajadores más humildes que son, en definitiva, quienes mueven y hacen funcionar los engranajes de la compleja maquinaria de la economía del país.




Esa profunda injusticia social fue la causa principal – contenida por décadas-  que finalmente provocó el “Estallido Social” del 18 de octubre de 2019. En un país donde los salarios son extraordinariamente bajos en relación al PIB (producto interno bruto)  con un ingreso per cápita estimado en 26.000 dólares anuales (aproximadamente  1.860.000 pesos por persona, por mes, al cambio actual ) y, donde el salario mínimo es, varias veces inferior a países  europeos con ingresos per cápita similares, el descontento generalizado era un fenómeno social previsible, aunque muchas veces negado y silenciado por la maquinaria propagandística de una derecha en extremo  deshumanizada y que posee casi la totalidad de los medios de comunicación a su servicio.

El modelo económico no sólo paga bajos salarios a los trabajadores, al punto que un porcentaje importante es considerado perteneciente a  un segmento socio-económico llamado vulnerable o clase media baja -palabras que permiten eludir  la “contaminante” palabra pobreza, pero que en nada  cambia la situación- y que hace que un trabajador o trabajadora no pueda vivir de su salario y necesite ser subsidiado de manera permanente por el Estado, en función de mantener una situación laboral de precariedad, que beneficia a los grandes empresarios que, a expensas de las necesidades insatisfechas de sus trabajadores, pueden amasar grandes fortunas que van a incrementar sus insaciables ansias de riqueza y poder.

El modelo de economía neoliberal impuesto en Chile, ha permitido a un grupo de empresarios apoderarse de casi todo lo que pueda ser transformado en negocio para los grupos económicos, transformando al país en un gran centro comercial y financiero que se ha extendido incluso a aquellos ámbitos que, en el pasado, formaron parte de las áreas de servicios de utilidad pública, o   áreas  de los  derechos sociales que el Estado, de acuerdo a tratados internacionales, está obligado a garantizar a todos los habitantes. De esa forma, la Previsión Social, la Educación, la las Salud, la vivienda, EL AGUA, las riquezas marítimas, los servicios de electricidad, las comunicaciones, los puertos de Chile, EL COBRE, el litio, las tierras, el transporte, todos esos servicios y riquezas estratégicas necesarias para el funcionamiento y desarrollo del país, pasaron a manos privadas después del golpe de Estado de 1973.

Si alguien, todavía, tiene dudas del por qué se dio el golpe de Estado en Chile, no tiene más que mirar la realidad actual y en ese cuadro económico, político y social encontrará, sin mayores esfuerzos, la respuesta innegable a ese hecho criminal llevado a cabo en Chile en 1973 y que cambió radicalmente el país para beneficio de unos pocos.

Inseparablemente unido a lo anterior, está la defensa de la Constitución de 1980, por parte de la derecha. Ello constituye el mayor baluarte político-estratégico para la defensa del modelo económico que es, en definitiva, lo que más les interesa preservar. La Constitución de 1980, no es tan sólo un símbolo del triunfo para la clase dominante en el país. Ella representa, como lo asegurara su perverso creador, Jaime Guzmán, la certeza que cualquier intento por cambiar las cosas en el país, resultaría extremadamente difícil hacerlo para quienes desafiaran la actual Constitución. Y, efectivamente, en eso han tenido un rotundo éxito avalado por más de 40 años en que los cambios realizados han sido sólo superficiales.

La derecha dura en Chile se ha aferrado con dientes y garras a la actual Constitución. En su defensa, a través de décadas, han argumentado las más variadas “razones” para no hacer cambios importantes a su engendro de 1980 pero, sobre todo, les causa terror cada vez que alguien propone una Nueva Constitución. Entonces, alertan a la gente sobre el descalabro que se viene, argumentando cosas como:

– La nueva Constitución no es una prioridad para los chilenos, ya que al día siguiente usted debe salir a trabajar, advierte la derecha, junto a una serie de otras disparatadas frases.

– Una Nueva Constitución no resuelve los problemas de la gente, ya que ello no tiene relación con su situación socioeconómica; son cosas que de ninguna manera se relacionan entre sí.

– La exigencia de una Nueva Constitución es cosa de los políticos y no del ciudadano común.

– Una Nueva Constitución nos llevará al despeñadero como sociedad: nos transformaremos en “Chielezuela” y otros males de todo tipo. Ello equivale a “un salto al vacío” y otras pestes.

Cuando el “Estallido Social” puso en jaque al sistema y obligó a los poderosos del país y a los partidos políticos de la derecha a pactar con la oposición un acuerdo sobre Nueva Constitución, se dio el paso más importante y moderadamente esperanzador para los chilenos para iniciar un camino democrático y poner fin a un periodo de profunda injusticia social que había socavado irremediablemente las bases de la convivencia en la sociedad.

Como era de esperar, transcurrido poco tiempo de firmado el acuerdo entre oficialismo y oposición que hacía posible el camino hacia la Nueva Constitución, los mismos de siempre, los defensores y nostálgicos del pinochetismo, abrieron los fuegos con una nueva consigna  ”Rechazar para reformar”. En otras palabras, el viejo gatopardismo de la derecha había resurgido, (sin sorpresa, después de todo) y de nuevo las garras y las fauces del pinochetismo estaban al frente para frenar cualquier intento de cambio a su Constitución.

La más reciente excusa para no realizar el Plebiscito, programado para el mes de octubre del presente año, es que no están dadas las condiciones para llevar a cabo la consulta ciudadana (mientras el gobierno llama a volver a una nueva normalidad) y que el Coronavirus dejará en la bancarrota a la nación y, por tanto, Chile no tendrá recursos para implementar el proceso para una Nueva Constitución.

Esta, la más reciente excusa para evitar los cambios en Chile, aparte que conlleva una inmoralidad monumental, sólo dable en la derecha chilena es, a la vez, una nueva ofensa a la inteligencia de la gente del país, que de nuevo debe sentir que el desprecio de la derecha hacia el ciudadano común, no tiene límites.

Y no es que la derecha no haya entendido nada de lo que ocurrió en octubre de 2019 y que continúa ocurriendo en el país. Su negativa a los cambios es más bien la expresión rotunda de su profundo desprecio por la gente sacrificada del pueblo de Chile. Es también, la reafirmación de una práctica ancestral de negacionismo de los derechos del otro, de aquellos que jamás serán considerados sus iguales, en tanto seres humanos, porque son considerados por ellos pertenecientes a una categoría inferior. Ese es el fondo del problema que separa y alimenta los dos Chile. Es eso lo que necesitamos imperiosamente cambiar.  LA NUEVA CONSTITUCIÓN, debe ser el inicio de la construcción del NUEVO CHILE.

 

Higinio Delgado Fuentealba.  

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