Cámara despacha “Escuelas Protegidas” en medio de creciente rechazo estudiantil y críticas por vulneración de derechos
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El proyecto impulsado por el gobierno de Kast permitirá revisar mochilas y pertenencias de estudiantes, limitar beneficios de gratuidad y restringir el ingreso de apoderados a establecimientos. La aprobación ocurre en vísperas del paro nacional convocado por la Confech y el Colegio de Profesores.
En una sesión marcada por la tensión política y las advertencias de organizaciones estudiantiles y de derechos humanos, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó este martes el proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, una de las iniciativas emblemáticas del gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad y educación.
La iniciativa, aprobada mayoritariamente con votos oficialistas y de sectores de derecha, establece nuevas medidas de control y seguridad al interior de los establecimientos educacionales. Entre ellas, autoriza la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias personales de estudiantes, incluyendo el vaciado de bolsillos, medida incorporada por el Senado durante la tramitación.
El proyecto contempla además que, en caso de encontrarse objetos considerados potencialmente peligrosos, los establecimientos deberán informar inmediatamente a padres, apoderados y policías. Si el estudiante se niega a la revisión, incluso en presencia de sus padres, el sostenedor podrá exigir el retiro de las pertenencias e informar a la Oficina Local de la Niñez.
La ley también incorpora sanciones vinculadas a la educación superior: estudiantes condenados por delitos contra la vida, la integridad física, la indentidad sexual o la propiedad —cuando estos hechos ocurran en contextos educacionales— perderán el beneficio de gratuidad universitaria.
Asimismo, se permitirá suspender el ingreso de apoderados acusados de agresiones físicas, verbales o digitales contra funcionarios o estudiantes, mientras que adultos condenados por ataques a trabajadores de la educación quedarán impedidos de contratar con el Estado por tres años.
El oficialismo defendió el proyecto argumentando que la violencia escolar se ha convertido en un problema grave que afecta el derecho a la educación y deteriora la convivencia dentro de las comunidades educativas. Durante el debate parlamentario, varios legisladores insistieron en que “no puede haber aprendizaje bajo condiciones de violencia”.
Sin embargo, incluso sectores que votaron favorablemente reconocieron que la iniciativa no aborda las causas estructurales de la crisis educativa ni los crecientes problemas de salud mental que atraviesan a estudiantes y docentes.
Pero las críticas más duras provinieron desde el movimiento estudiantil, organizaciones sociales y sectores de oposición, que acusan al gobierno de avanzar hacia una lógica de criminalización de la vida escolar.
Las bancadas del Partido Socialista, Frente Amplio y PPD presentaron reservas de constitucionalidad contra diversas normas del proyecto, especialmente aquellas relacionadas con la pérdida de gratuidad y las revisiones de pertenencias estudiantiles, argumentando posibles vulneraciones a garantías constitucionales como el derecho a la privacidad, la honra y el debido proceso.
Diversas organizaciones estudiantiles sostienen además que la iniciativa instala una lógica policial dentro de los establecimientos educacionales y transforma a estudiantes en potenciales sospechosos.
El rechazo al proyecto ha ido creciendo durante las últimas semanas y se encuentra en el centro de la movilización nacional convocada para este miércoles 3 de junio por la Confech y el Colegio de Profesores. La jornada incluirá paros, marchas y concentraciones en distintas ciudades del país.
Desde el movimiento estudiantil se acusa que “Escuelas Protegidas” forma parte de una agenda más amplia impulsada por el gobierno de Kast basada en seguridad, control y endurecimiento institucional frente a conflictos sociales, trasladando al ámbito educativo una lógica punitiva similar a la aplicada en otras áreas.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas en educación han advertido también sobre los riesgos de normalizar medidas intrusivas sobre niños, niñas y adolescentes dentro de espacios que debieran priorizar la convivencia, el acompañamiento pedagógico y la protección integral.
La aprobación del proyecto ocurre además en un contexto social especialmente delicado: deterioro económico, aumento del malestar juvenil, crisis de salud mental y creciente conflictividad en el sistema educacional.
Por eso, para muchos sectores, la discusión ya no gira únicamente en torno a la seguridad escolar. Lo que comienza a debatirse es el modelo de convivencia que busca instalar el gobierno en escuelas y liceos: uno basado en derechos y acompañamiento, o uno centrado en vigilancia, control y sanción.
