Jamás en democracia un Presidente en Chile ha tenido tanto poder justificado e irrefutable como el que tiene Sebastián Piñera bajo la crisis sanitaria. Además, que este poder le llegara en la cima de una crispación social sin precedentes en la era postdictadura, le agrega un enorme impacto inédito: por la urgencia y gravedad de la crisis sanitaria con los instrumentos constitucionales puede silenciar, de un día para el otro, el estallido social, con el ejército ocupando las calles, toque de queda y confinamiento obligado de millones de personas.

Qué duda cabe que este escenario se presta para todo tipo de abuso de poder, más aún en el contexto chileno al iniciarse la crisis sanitaria, con una credibilidad y legitimidad tanto de las instituciones de la democracia, que no alcanzan un 10%, como con un Presidente marcando un 6% de apoyo ciudadano. Tampoco hay dudas de que los poderes excepcionales le otorga una oportunidad incalculable a Sebastián Piñera para reposicionarse y recuperar apoyo ciudadano, sabiendo que, históricamente, en crisis del calado de la sanitaria la población tiende a unirse en torno a un liderazgo ya institucionalizado.

Las legítimas diferencias están garantizadas en un sistema democrático. Sin embargo, los poderes excepcionales del Presidente para gestionar la crisis sanitaria, no pueden prestarse para tentaciones autoritarias, ni menos para provecho político con los fallecimientos por COVID-19. La operación política (hasta ahora fallida) contra el plebiscito constituyente es muy ilustrativa del abuso de la crisis sanitaria por los que rechazan una nueva Constitución. Además, el secretismo oficial de información a la comunidad científica, imprescindible para los modelos matemáticos en la cuantificación de la pandemia, es tan inexplicable como inaceptable. Si se niega a la comunidad científica información imprescindible, ¿qué le queda al ciudadano “de a pie”? La transparencia de los datos es esencial si se exige responsabilidad ciudadana en la superación de la crisis sanitaria.

A pesar de estas graves irregularidades, lo que debe quedar claro es que la superación de esta crisis es responsabilidad de toda la llamada clase política. El COVID-19 no reconoce convulsiones partidistas ni discrimina a quién contaminar o matar, aunque lamentablemente a priori sabemos que las desigualdades socioeconómicas se reproducirán en la atención a las víctimas, y los más perjudicados serán los más pobres ―países y personas―, expresando con claridad las deficiencias de los sistemas económicos y la injusticia social. Por esta razón, y a pesar de la enorme tensión política larvada en el subsuelo de la realidad social y política chilena ―el Estallido Social congelado por la emergencia sanitaria― todos los agentes sociales deben unirse y aparcar la crispación política para mantener un grado de paz social que permita superar, tanto la pandemia como la crisis económica que ha provocado, de la mejor forma posible.

Sin embargo, la unidad instrumental de toda la clase política mientras dure la emergencia sanitaria y la reconstrucción económica, no debe sacrificar la legítima crítica constructiva y propositiva. El apoyo total de la oposición al gobierno en la gestión de la crisis sanitaria y económica, no implica entregarle un cheque en blanco.

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Por el liderazgo diabólicamente vertical, personalista y megalómano endémico de Sebastián Piñera, maximizado bajo la crisis sanitaria, que lo incapacita para convocar el dialogo social, es la oposición, junto a los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales, la que debería proponer un marco de entendimiento político básico lo más amplio posible para superar no sólo la crisis sanitaria y  económica, sino también la social e institucional.

El Estallido Social fue la expresión concluyente de que las desigualdades socioeconómicas son ya insoportables para las grandes mayorías, y continuará en carne viva si no hay responsabilidad política transversal para convocar al diseño de una nueva agenda política donde la justicia social sea la protagonista.

En Chile, el itinerario político no sólo tiene tres crisis que resolver  ―la sanitaria, la económica y la social―, sino que también está en juego la restauración de la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la democracia. Si no se cumple con los acuerdos en el marco del Estallido Social, Chile no tendrá ni cohesión ni paz social, dos componentes esenciales para el buen desarrollo del proceso económico en una sociedad de democracia desarrollada. El cheque de la oposición para apoyar la gestión de las dos crisis, debe incluir un nuevo Contrato Social como carta de navegación que en forma gradual y garantizada vaya eliminando las asimetrías socioeconómicas.

La crisis sanitaria y la debacle económica que ha producido, es una oportunidad para crear nuevos parámetros económicos y políticos de entendimiento democrático que no pueden ser los de antes del 18 de octubre de 2019. Estas crisis históricas nos obligan a ser más creativos en la construcción de un nuevo sistema que cuaje en uno más solidario  y sustentable donde la economía no funcione ni en detrimento de las grandes mayorías. De la salida en buenas condiciones tanto de la crisis sanitaria como de la económica, dependerá el éxito de las reivindicaciones estructurales que instaló el Estallido Social que, sin duda, se descongelarán rápidamente una vez superadas las dos crisis. O antes.

Si no se impone la tentación autoritaria, siempre latente, los asuntos expuestos aquí  ocuparán la agenda política los próximos años. Una agenda que deberá estar recargada de honestidad y responsabilidad política si queremos verdaderamente solucionar los problemas de las grandes mayorías.

 

Por Jaime Vieyra-Poseck

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