España comienza a controlar el Covid-19 pero no la virulencia de la ultraderecha

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A medida que rápidamente vamos superando etapas en la emergencia sanitaria, en España se escalan nuevos niveles de tensión política. Las negociaciones con los distintos grupos políticos para extender el Estado de Alarma, que deben hacerse cada quince días, se iniciaron tan pronto se aprobó la anterior y se prolongaron hasta el momento mismo de la votación. Los márgenes de aprobación, cada vez han sido mas ínfimos. Los insultos intercambiados en la Sesión Parlamentaria de Aprobación, de calibre cada vez mas grueso. Cuando se aquietaron algo las aguas, resultó evidente que de el mar de fondo del conflicto poco tiene que ver con el COVID 19. El objetivo fundamental sigue siendo el deponer al actual gobierno de coalición PSOE – Podemos.  Un objetivo lateral es que no se logre revocar la Legislación Laboral del anterior Gobierno, que tanto ha empeorado la vida de los trabajadores permitiendo descargar todo el peso de la Crisis del 2008 sobre ellos y seguir enriqueciendo a los grandes empresarios.

La oposición ha ensalzado sin límites la labor de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, en el manejo de la crisis y ha animado a sus partidarios a saltarse la normativa temporal de confinamiento bajo el pretexto de que no se puede coartar el derecho a protestar. Se protesta sin mantener la distancia social, obviando la franja horaria por edad, el radio de movilidad de 1 Km y utilizando la violencia contra cualquiera que no siga la corriente. En este caso, también hay un motivo ulterior. Esconder la inhabilidad de la Comunidad de Madrid de pasar de la Fase Cero a la Fase Uno. No solo porque ha mentido y sigue mintiendo respecto a sus capacidades sanitarias, sino porque es la Comunidad donde se exacerbó la privatización sanitaria, con dramáticos resultados, asunto difícil de revertir en unos pocos días. Tanto las Residencias de Ancianos como los Hospitales, con fuertes subsidios estatales, son grandes fuentes de lucro para conglomerados sanitarios globalizados.

Como si eso fuera poco, a la semana siguiente y aunque finalmente se le ha dado el pase a Fase Uno a la Comunidad de Madrid, surge un nuevo conflicto, mas grave que el anterior. Se intenta demostrar, que el Gobierno ignoró el riesgo de contagio que ya conocía cuando permitió la marcha feminista del 8 de Marzo en la cual descargan la responsabilidad de iniciar la epidemia. Para la derecha neo-fascista española el feminismo es considerado una patología grave, por lo que resulta un argumento útil para descargar muertes y destrucción de la economía sobre los hombros del Gobierno que quieren destituir. También es útil para encubrir el hecho de que tanto la Unión Europea como el anterior Gobierno son responsables de las políticas de austeridad que debilitaron el Sistema Sanitario Español. Por lo demás, las competencias en materia de salud llevan muchos años descentralizadas y las Comunidades Autónomas no pueden ignorar esa responsabilidad, como lo intenta hacer Madrid.

Lo cierto es que en las fechas previas al 8 de Marzo, el gobierno se guiaba por las recomendaciones del European Centre for Disease Control (ECDC), organización manifiestamente mas débil que su homóloga estadounidense, el Center for Disease Control  (CDC) y que además comparte las debilidades de la Unión Europea. Por esas fechas, esta institución, a la que concurren todos los Gobiernos Europeos, no creyó necesario alarmarse por un simple virus que consideró no mas virulento que el de la gripe estacional. La Comisión Europea, por su parte, solo estimó necesario crear el Panel Asesor sobre el COVID 19, el 16 de Marzo. El Gobierno de España también escuchaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que Trump sigue llamando marioneta China como argumento para retirarle financiamiento. Ésta cambió sus anteriores orientaciones, declarando el estado de pandemia el 11 de Marzo de 2020, tres días mas tarde de la manifestación en cuestión.

El Ministerio de Sanidad se defiende diciendo que los casos que se dispararon el 9 y 10 de Marzo corresponden a infecciones ocurridas al menos una semana antes de dicha manifestación. La realidad es que globalmente, en esa fecha nadie sabía con certeza como se comportaba el virus y como había que enfrentarlo. Hay que recordar que si bien el ejemplo de China ya existía, el mundo occidental en lugar de aprender de ello, se dedicaba a criticar a este país acusándolo de dictatorial y totalitario en sus medidas sanitarias. Hasta el día de hoy, el virus sigue mutando, los científicos siguen investigando y van surgiendo datos antes desconocidos. Por ejemplo, recientemente ha surgido la evidencia de individuos “super contagiadores”. Eso quiere decir de que a pesar de que el indice de contagio haya bajado en España a algo menos del 0,3, existen individuos que contagian mucho mas, y habría que intentar identificarlos. A medida que avanzan los días, hay que ir ajustando las decisiones sanitarias y políticas a una realidad cambiante. Lo que si sabemos es que por mucho que mejore la situación en algunos países, estos no deben bajar la guardia porque ya la OMS advierte del alto riego de rebrotes.

En un contexto de gran ascenso del fascismo, y sin mayor diferencia entre el discurso de la derecha tradicional y el neo-fascista partido Vox, se acusa al Gobierno de injerencia en el poder judicial y se llama a la población civil a incumplir la normativa de Estado de Alarma acudiendo a concentraciones ilegales frente a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, para rendir homenaje a destituidos y renunciados e instarlos a la insubordinación en contra del Gobierno.

 

Si el Gobierno reaccionó tarde o no, lo que se pretende es provocar al Ministro de Interior y desgastar al Gobierno hasta tumbarlo por la vía de un proceso judicial al mas puro estilo Latinoamericano inaugurado en Brasil cuando se destituyó al Presidente Lula. Proceso igualmente fraudulento porque se basa en un informe de la Policía Judicial que La Abogacía del Estado y buena parte de la opinión pública han concluido, que quienes lo redactaron han incurrido en errores de bulto y tergiversaciones groseras con el supuesto objetivo de reforzar la acusación contra el Gobierno. A raiz de esto, el Ministro del Interior ha cesado al Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, por perdida de confianza. Su segundo ha dimitido por “honor” y el Presidente del Partido Popular ha llamado a la la insubordinación de la Guardia Civil durante una sesión Parlamentaria. El Gobierno, no se ha amilanado y ha respondido destituyendo también al Nº 3 de la Guardia Civil con lo que cambia totalmente a la cúpula de la institución, como es su derecho.

En un contexto de gran ascenso del fascismo, y sin mayor diferencia entre el discurso de la derecha tradicional y el neo-fascista partido Vox, se acusa al Gobierno de injerencia en el poder judicial y se llama a la población civil a incumplir la normativa de Estado de Alarma acudiendo a concentraciones ilegales frente a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, para rendir homenaje a destituidos y renunciados e instarlos a la insubordinación en contra del Gobierno. En esta actitud, resulta inevitable recordar hechos similares que ocurrieron frente a la residencia del Comandante en Jefe del Ejercito protagonizados por las esposas de generales y oficiales en Santiago de Chile en Septiembre de 1973. En España se ha escogido el peor momento y el peor argumento para crear un crisis política de gravedad.

Paralelamente, se calienta el ambiente a nivel sindical. Nissan cierra sus instalaciones en Cataluña, aprovecha el exceso de capacidad instalada de Renault en España y se lleva el resto de la producción a Inglaterra. Esto significa que 3 mil trabajadores del sector engrosarán las filas del desempleo a pesar de que a raíz del COVID 19, Nissan se había acogido a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en que el Estado asumía el costo de sueldos y demás contribuciones fiscales, a cambio de la prohibición del despido durante seis meses. Se ven afectados además 20 mil empleos indirectos entre sus proveedores. Al instalarse Nissan en España, negoció una serie de subsidios y demás prebendas que le permitieron producir competitivamente. Hoy se va, provocando una crisis económico-social grave. No tiene sentido que  el sector público ponga dinero en los momentos de dificultad, y que las ganancias luego se las repartan los accionistas privados.

En el plano internacional vuelve a surgir el tema de la hidroxicloroquina basado en nuevas publicaciones científicas señalando los riesgos de tratar el COVID 19 con ese medicamento. Entre los mas significativos, The Lancet  publicó un estudio de observación sobre hidroxicloroquina y cloroquina y sus efectos en pacientes con COVID-19 que han sido hospitalizados. Los autores informaron que “entre los pacientes que recibieron el medicamento, cuando se les suministró solo o con un macrólido (antibiótico), tuvieron una tasa de mortalidad más alta”. El resultado es tan incontestable que el medicamento ha llegado a perder la confianza de la Casa Blanca a pesar de que Donald Trump era su mayor abanderado. Por lo mismo, esta semana, la OMS decidió suspender temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina. Por ultimo, hoy, Francia, país que se destacaba por su promoción y defensa, lo ha prohibido, derogando el decreto que autorizaba su uso para tratar pacientes infectados con el nuevo corona-virus.

De lograrse controlar el virus, no se acabarán los problemas y comenzará la reconstrucción económica y social con la consiguiente pugna por el poder entre los distintos grupos. Para ser efectiva la reconstrucción habrá de ser participativa, garantizando bienes esenciales, protegiendo a las familias de los trabajadores, y asegurando poder enfrentar crisis futuras. Todo ello, en forma compatible con el reto ecológico. Veremos.

Por Ximena de la Barra (en Madrid)

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