Cadem: amplio respaldo ciudadano al levantamiento del secreto bancario pone en cuestión el bloqueo del Senado
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Una nueva encuesta Plaza Pública de Cadem reveló que el 83% de los consultados está de acuerdo con permitir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial previa en casos vinculados al lavado de dinero, el narcotráfico y el crimen organizado. El resultado contrasta con el reciente rechazo de la medida en el Senado, donde la norma fue bloqueada por un empate de 24 votos contra 24
La medición, dada a conocer este jueves, muestra un consenso poco habitual en la opinión pública chilena. Según el sondeo, casi ocho de cada diez personas consideran que el Estado debe contar con herramientas más ágiles para seguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales. Un 74% sostiene que, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, las autoridades deben poder acceder más rápidamente a información bancaria sospechosa.
El respaldo ciudadano aparece acompañado de una fuerte demanda por controles y fiscalización. El 94% estima que deben existir sanciones penales para los funcionarios que hagan mal uso de la información obtenida y un 56% cree que el Congreso debe supervisar el uso de esta facultad.
El miedo al crimen organizado
La encuesta revela también la profundidad de la preocupación ciudadana frente al avance del crimen organizado. El 97% considera que el problema es actualmente muy grave en Chile, mientras que el 95% cree que ha aumentado durante los últimos cinco años. Además, un 61% piensa que seguirá creciendo en el futuro.
La percepción de infiltración de las organizaciones criminales alcanza niveles igualmente elevados. Un 81% cree que estos grupos han penetrado en el país en general, mientras que un 71% considera que tienen presencia en Gendarmería y en los puertos y aduanas. Un 66% estima que también han llegado a bancos e instituciones financieras.
No resulta extraño, entonces, que el debate sobre el secreto bancario haya adquirido tanta relevancia pública tras la denominada “Operación Tokio”, investigación que permitió descubrir una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que involucró a ejecutivos bancarios. El caso reactivó la discusión sobre las herramientas con que cuenta el Estado para perseguir el dinero proveniente de actividades ilícitas.
Un Senado desconectado de la opinión pública
Los resultados de Cadem adquieren especial relevancia porque fueron difundidos apenas dos días después de que el Senado rechazara la norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitar directamente información protegida por secreto bancario en casos específicos y excepcionales, sin necesidad de autorización judicial previa. La propuesta obtuvo 24 votos a favor y 24 en contra, lo que obligó a enviar la materia a una comisión mixta.
El rechazo fue impulsado principalmente por parlamentarios de derecha y sectores conservadores, quienes argumentaron la necesidad de resguardar el derecho a la privacidad y mantener el control judicial sobre el acceso a datos financieros.
Sin embargo, la encuesta sugiere que la ciudadanía parece estar dispuesta a aceptar restricciones parciales a esa privacidad cuando se trata de combatir organizaciones criminales que operan mediante complejas redes de lavado de activos.
La paradoja es evidente: mientras el Congreso aparece dividido en partes iguales, la opinión pública muestra una mayoría contundente a favor de flexibilizar el acceso a la información bancaria bajo condiciones reguladas.
Crisis de confianza institucional
La encuesta también deja ver un fenómeno más profundo. Cuando se pregunta por las causas del avance del crimen organizado, un 57% apunta a la debilidad del sistema judicial, un 38% a la corrupción de las instituciones y un 36% a la inmigración irregular.
Al mismo tiempo, las instituciones que generan mayor confianza para enfrentar este fenómeno son la Policía de Investigaciones (79%), Carabineros (67%) y las Fuerzas Armadas (62%). En cambio, el Gobierno obtiene apenas un 46% de confianza y la Fiscalía un 42%.
Los datos muestran que el apoyo al levantamiento del secreto bancario no necesariamente expresa una adhesión al poder del Estado, sino más bien una demanda ciudadana por respuestas eficaces frente a una amenaza que la mayoría percibe como creciente y cada vez más presente en la vida cotidiana.
Un debate que continuará
Tras el empate en el Senado, el proyecto continuará su tramitación en una comisión mixta. El gobierno de José Antonio Kast ya anunció que insistirá en mantener la exigencia de autorización judicial, aunque propondrá mecanismos para acelerar los plazos de entrega de información bancaria cuando existan investigaciones por crimen organizado.
Mientras tanto, la encuesta Cadem instala una presión política adicional sobre el debate. Los parlamentarios deberán discutir una materia en la que la ciudadanía parece haber tomado posición con claridad: para una amplia mayoría de los chilenos, la persecución del dinero del narcotráfico y de las organizaciones criminales justifica ampliar las facultades investigativas del Estado, siempre que existan controles efectivos y sanciones frente a eventuales abusos.
