La represión de las jornadas del 18/O en línea directa con la violencia del Estado militar instalado el 11 de septiembre 1973

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Los aparatos represivos del Estado violador de Derechos Humanos que se instaló con el Golpe Militar sangriento del 11 de septiembre 1973 no fueron completamente desmantelados por la casta política transicionista. Han “gobernado” con ellos. Afirmar que el pasado quedó atrás es negar que al presente vuelve con ímpetu inusitado la peor represión para aplastar el descontento popular. Que el neoliberalismo es portador de lo que en filosofía política se está denominando el “liberalismo autoritario”.

La investigación acerca del comportamiento brutal de Carabineros o policía militarizada durante las jornadas del 18/O se realizaba en silencio. Hace algunos días solamente la Contraloría General de la República comenzó a notificar a siete generales del Alto Mando por su eventual responsabilidad “administrativa” en los procedimientos brutales para mantener el “Orden” desde el 18 de octubre en adelante en las calles de Chile.

Esta acción se inicia tras recibir varias denuncias de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales que pedían esclarecer las responsabilidades de los generales de Carabineros en los hechos en que ciudadanos y ciudadanas terminaron muertos, gravemente heridos, mutilados, violados y violadas, humillados.

Dicen que la formulación de cargos “generó desconcierto” al interior de la institución que dirige el General Mario Rozas y en el Gobierno piñerista. Este último responsable directo de la escalada de militarización y violación sistemática de los Derechos Humanos que siguió a la declaración de “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”: léase el pueblo de Chile. Declaración de guerra del propio Presidente de la República que abrió las compuertas de la violencia represiva del Estado y dio inicio a la peor brutalidad orquestada desde “Palacio”.

El acto enunciativo de guerra de Piñera quedará registrado en los anales de la historia de Chile como sinónimo del autoritarismo neoliberal de su gobierno. Ninguna voz se alzó desde las organizaciones de poder de la oligarquía empresarial (CPC/SOFOFA) para condenar el proceder destemplado del Ejecutivo. Al contrario, A. Luksic (poderoso empresario minero) le suministró análisis de Big Data a Piñera para levantar conjeturas lunáticas acerca del clima ciudadano durante la Rebelión social tras el 18/O. Sólo un político tan despreciable como Trump ha actuado de manera similar.

En Chile, el nivel de represión en contra del movimiento ciudadano iniciado al 18/O muestra un evidente encadenamiento lógico con los años de dictadura y con la represión militarizada en territorio de la Nación Mapuche durante los gobiernos concertacionistas NM (Harboe PPD y Aleuy PS, entre otros) y de Chile Vamos.

Recordemos que el patrón de Carabineros Mario Rozas les había declarado en los inicios de la campaña represiva a sus subordinados que nadie bajo sus órdenes sería juzgado por actos cometidos durante el cumplimiento de deberes. Ofrecimiento de “impunidad” que transgrede la Ley. Rozas, como responsable de la estrategia represiva y no sólo “operativa”, bajo órdenes “civiles” (aquí lo “cívico” expresa los intereses de la Oligarquía) de los Ministros del Interior sucesivos Chadwick y Blumel, se abocó solícito y sin pudor alguno al trabajo sucio.

La casta política parlamentaria, tetanizada por la amplitud de la represión llevada estratégicamente a cabo con la complicidad de los medios escritos tradicionales y la TV basura, facilitó el despliegue del Terror institucional al no oponerse enérgicamente en tanto poder fiscalizador del Ejecutivo. Fue así como la represión policial alcanzó niveles alarmantes para una democracia representativa.

Si hay un pequeño refregado de imagen que pueda hacerse de las instituciones del Estado de Chile que deben velar por el respeto a la ley es el momento de proceder. Lo peor, y la ironía de esta historia, es que las sanciones de los uniformados que no habrían garantizado el cumplimiento de los “protocolos del uso de la fuerza” contenidos en los “manuales internos” que operaban a esa fecha deben ser aprobadas, tras informe de la Contraloría, por el mismo Presidente Piñera. Es así como se pierde la confianza ciudadana y popular y se deslegitiman las instituciones de una República que pareciera no ser tal.

La formulación de cargos que realice la Contraloría General de la República podría ser para el Ministerio Público una herramienta procesal interesante en las investigaciones que éste realiza sobre el actuar de oficiales o suboficiales involucrados en el uso de armamento que terminaron en muertes, lesiones físicas a manifestantes y maltrato generalizado. Como bien lo dice el periodista Néstor Aburto en un reportaje de radio Bío Bío: “si la Contraloría estableció responsabilidades administrativas, bien pueden ser usados por (el Ministerio Público) como un sustento en materia penal”.

En el mismo Reportaje Radio Bío Bío informaba que : “La lista de los altos oficiales que están en la mira del ente contralor la encabeza el  general inspector, Ricardo Yáñez Reveco, quien ocupa el cargo de Director Nacional de Orden y Seguridad, además, es el 3º en el Alto Mando y favorito, según algunos, para reemplazar a Mario Rozas en la dirección general.

Mientras que los generales de dos estrellas, Enrique Bassaletti Riess, Jefe de Zona Santiago Este; Enrique Monrás Álvarez, Jefe Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno Vásquez, Jefe V Zona Valparaíso; y Jean Camus Dávila, Director de Logística, cierran la lista de los investigados por el organismo contralor.”

Por Leopoldo Lavín Mujica

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