Nacional

La CAT manifiesta su solidaridad y compromiso con las presas y presos políticos de la revuelta popular

La Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras – CAT-  considera como un deber ético insoslayable el manifestar públicamente su solidaridad y compromiso con la libertad de las presas y presos políticos protagonistas de la rebelión ciudadana, rehenes del poder dominante, declarando a la opinión pública lo siguiente:

 

  1. Rechazamos y condenamos la dilación manifiestamente injustificada en la demora de los juicios en contra de los detenidos en torno a las manifestaciones públicas desarrolladas desde el 18 de octubre del 2019, solo con la finalidad de amedrentar y castigar a aquellos que se han levantado en contra de un orden injusto, que mantiene en la precariedad económica, política, social y cultural a amplios sectores del pueblo, movilizaciones que son expresión de una gran acumulación de malestar por parte de la ciudadanía en contra del modelo neoliberal, producto del incumplimiento reiterado de las promesas de los diferentes gobiernos.

 

  1. Esta conducta dilatoria-punitiva, se ha  manifestado, entre otros, en la tardanza en los juicios; el mantener medidas cautelares como lo es la prisión preventiva por más de un año lo que vulnera los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, lo mismo viola el principio de presunción de inocencia; o bien, conlleva el cumplimiento anticipado de la sanción penal, en casos de poca monta o delitos menores, que en caso alguno conllevarían una condena con prisión efectiva. Lo que se suma al aislamiento de que han sido víctimas por la falta de visitas, configurando la utilización de una forma punitiva hacia las y los presos políticos.

 

Advertisement
  1. No solo ello, las mismas condiciones de reclusión, vejatorias y discriminatorias, nos develan que el único propósito para mantener estas causas abiertas es el castigo “ejemplificador” e intentar disuadir e incluso inhibir la protesta social.

 

  1. Por todo ello es que denunciamos la complicidad con el gobierno, del Ministerio Público, de los Tribunales de Justicia Penal, con la estrategia de criminalización de los movimientos sociales, llevada a cabo sistemáticamente por el gobierno (ejecutivo y legislativo), que evidencia un ensañamiento jurídico y legal por parte del Estado en contra de los que se manifiestan, con presos y presas de la revuelta social, que nos recuerdan las peores prácticas de sumisión del poder judicial, al poder político represivo como lo fue bajo la dictadura, lanzando todo el poder estatal hacia las y los que luchan contra un orden injusto e ilegítimo, y por otro lado total impunidad para los violadores de derechos humanos o sus partidarios políticos, que han cometido delitos aún más graves, como fue el cortar todos las carreteras del país, para exigir prebendas económicas especiales.
  2. De esta manera, denunciamos la aplicación de la legislación penal como política de control social contra las manifestaciones de las organizaciones populares y ciudadanas que hemos expresado nuestra inconformidad ante la exclusión y sistemático despojo y desatención de derechos sociales, económicos y culturales, desplazando el tratamiento de los conflictos sociales hacia lo judicial, preventivo, punitivo y aleccionador, que forma parte de una estrategia de control social por parte del poder dominante, para el cual la protesta social es convertida  en  delito y no como una legítima herramienta del pueblo para exigir el respeto de sus derechos, y el mejoramiento de la calidad de vida para el pueblo.

 

  1. La protesta popular no terminará mientras las condiciones precarias de existencia de vastos sectores de nuestro pueblo se mantengan, lo que sin duda conllevará nuevas manifestaciones y protestas, que utilizarán diversas formas de lucha. Por lo cual, exigimos la derogación de todas las leyes punitivas que persiguen y reprimen a los movimientos sociales.

 

  1. La situación de las presas y los presos de la revuelta requiere de una urgente solución política, solución de la cual los movimientos sociales debemos ser partícipes.

 

Advertisement

 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO

Advertisement

CAT

Advertisement

Síguenos:
error1
fb-share-icon0
Tweet 20

La Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras – CAT- considera como un deber ético insoslayable el manifestar públicamente su solidaridad y compromiso con la libertad de las presas y presos políticos protagonistas de la rebelión ciudadana, rehenes del poder dominante, declarando a la opinión pública lo siguiente: 1. Rechazamos y condenamos la dilación manifiestamente injustificada en la demora de los juicios en contra de los detenidos en torno a las manifestaciones públicas desarrolladas desde el 18 de octubre del 2019, solo con la finalidad de amedrentar y castigar a aquellos que se han levantado en contra de un orden injusto, que mantiene en la precariedad económica, política, social y cultural a amplios sectores del pueblo, movilizaciones que son expresión de una gran acumulación de malestar por parte de la ciudadanía en contra del modelo neoliberal, producto del incumplimiento reiterado de las promesas de los diferentes gobiernos. 2. Esta conducta dilatoria-punitiva, se ha manifestado, entre otros, en la tardanza en los juicios; el mantener medidas cautelares como lo es la prisión preventiva por más de un año lo que vulnera los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, lo mismo viola el principio de presunción de inocencia; o bien, conlleva el cumplimiento anticipado de la sanción penal, en casos de poca monta o delitos menores, que en caso alguno conllevarían una condena con prisión efectiva. Lo que se suma al aislamiento de que han sido víctimas por la falta de visitas, configurando la utilización de una forma punitiva hacia las y los presos políticos. 3. No solo ello, las mismas condiciones de reclusión, vejatorias y discriminatorias, nos develan que el único propósito para mantener estas causas abiertas es el castigo “ejemplificador” e intentar disuadir e incluso inhibir la protesta social. 4. Por todo ello es que denunciamos la complicidad con el gobierno, del Ministerio Público, de los Tribunales de Justicia Penal, con la estrategia de criminalización de los movimientos sociales, llevada a cabo sistemáticamente por el gobierno (ejecutivo y legislativo), que evidencia un ensañamiento jurídico y legal por parte del Estado en contra de los que se manifiestan, con presos y presas de la revuelta social, que nos recuerdan las peores prácticas de sumisión del poder judicial, al poder político represivo como lo fue bajo la dictadura, lanzando todo el poder estatal hacia las y los que luchan contra un orden injusto e ilegítimo, y por otro lado total impunidad para los violadores de derechos humanos o sus partidarios políticos, que han cometido delitos aún más graves, como fue el cortar todos las carreteras del país, para exigir prebendas económicas especiales. 5. De esta manera, denunciamos la aplicación de la legislación penal como política de control social contra las manifestaciones de las organizaciones populares y ciudadanas que hemos expresado nuestra inconformidad ante la exclusión y sistemático despojo y desatención de derechos sociales, económicos y culturales, desplazando el tratamiento de los conflictos sociales hacia lo judicial, preventivo, punitivo y aleccionador, que forma parte de una estrategia de control social por parte del poder dominante, para el cual la protesta social es convertida en delito y no como una legítima herramienta del pueblo para exigir el respeto de sus derechos, y el mejoramiento de la calidad de vida para el pueblo. 6. La protesta popular no terminará mientras las condiciones precarias de existencia de vastos sectores de nuestro pueblo se mantengan, lo que sin duda conllevará nuevas manifestaciones y protestas, que utilizarán diversas formas de lucha. Por lo cual, exigimos la derogación de todas las leyes punitivas que persiguen y reprimen a los movimientos sociales. 7. La situación de las presas y los presos de la revuelta requiere de una urgente solución política, solución de la cual los movimientos sociales debemos ser partícipes. Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El Clarín de Chile · Aviso legal Privacidad Política de cookies
Danzai Software