Nacional

Mónica Caballero, Francisco Solar y presos de la revuelta inician huelga de hambre indefinida por prisión preventiva

Este jueves presos políticos de la revuelta popular han iniciado una huelga de hambre de caracter indefinido por la derogación del  artículo 9 y la restitución del art.1 del decreto ley 321 sobre prisión preventiva.

Mónica Caballero Sepúlveda, internada en la cárcel femenina de San Miguel, más otros nueve presos políticos (Marcelo Villarroel Sepúlveda, Joaquín García Chanks, Juan Flores Riquelme,  Juan Aliste Vega, Francisco Solar Domínguez, Pablo Bahamondes Ortiz, José Duran Sanhueza, Tomas González Quezada y Gonzalo Farias Barrientos) en la cárcel de alta seguridad han comunicado el inicio de la huelga de hambre a la vez que llaman a las comunidades y territorios a difundir esta decisión extrema.

Según se explica en un comunicado, “los presos políticos exigen que no haya retroactividad en la modificación de la ley que regula la “libertad condicional “. Y que esta vuelva a ser un derecho adquirido de la persona presa y no un beneficio como hoy lo estipula la ley transformada permanentemente en función de la razón de estado para mantener secuestradxs a quienes luchan contra la normalidad de lo existente”.

Esta modificación, agregan, “endurece de forma considerable la posibilidad de acceder a la llamada libertad condicional extendiéndose en algunos casos por décadas- afectando a un gran número de personas presas que ven como su condena se hace perpetua. Por otra parte al hacerse retroactiva pasa por alto su propia legalidad, la de los dueños de este mundo enfermo, demostrando la utilización constante de aberraciones politico jurídicas con las que sepultan bajo toneladas de cemento y metal penitenciario a pobres, rebeldes y refractarixs”.

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Entre los huelguistas está Mónica Caballero y Francisco Solar, en prisión preventiva desde el año pasado por el denominado Caso Bombas 4. En julio del 2019, a Solar y a Mónica Caballero se les imputaron los delitos de homicidio frustrado e infracción a la Ley de Armas, por el envío y colocación de artefactos explosivos entre 2019 y 2020.

Según la investigación de la Fiscalía Sur, a Solar se le atribuyó el enviar desde Correos de Chile una bomba a la 54° Comisaría de Huechuraba -la cual hirió a ocho carabineros- y otro artefacto explosivo a la oficina del exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter en Las Condes. Esta última alcanzó a ser desactivada por el GOPE.

 

 

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