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Documentos ocultos de la transición: Chile entre dos derechas; lo dijo Sergio Aguiló ya en 2002

Estas opciones existentes fueron destacadas ya en 2002 por el ex diputado socialista, Sergio Aguiló, en un notable texto reflexivo. Y dado que los medios de centro-izquierda ya habían desaparecido a esa época producto de las políticas “autodestructivas” de los gobiernos concertacionistas derechizados de la década de los 90, este texto prácticamente nunca llegó al conocimiento de la generalidad de la población. Aquí presentamos un extracto con sus partes más destacadas. El texto fue publicado íntegramente por la revista Reflexión, N° 53, correspondiente a marzo-abril-mayo de 2002. Un texto, además, mucho más aplicable al Chile actual de lo que usted podría imaginarse…

 

 

                                                                                      TEXTO

 

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“En diciembre del año pasado, religiosas de Talca de una congregación que mantiene un hogar de menores en riesgo social, vivieron una experiencia traumática que, por desgracia, se ha repetido en otros lugares del país: al momento de ir a matricular a los niños a la escuela pública más cercana, se encontraron con el rotundo rechazo de la directora del establecimiento, bajo el argumento de que había que mantener el prestigio de la escuela, el cual podría verse afectado con la incorporación de estos niños. En los siguientes establecimientos donde fueron a golpear puertas les ocurrió otro tanto. Sólo mucho más tarde, y después de reclamos y protestas, lograron ubicar matrícula para sus niños, en escuelas más apartadas y con menor desarrollo académico. El derecho a la educación de estos niños, precisamente de estos niños pobres, marginados y marginales, fue gravemente vulnerado. Esto ocurrió justamente en las escuelas públicas, en aquellas que creó el Estado para garantizar el derecho a la educación de todos los chilenos. (…)

 

En la educación superior, el panorama es suficiente conocido: miles de jóvenes, no obstante sus capacidades y talentos, quedan todos los años al margen de la posibilidad de continuar sus estudios exclusivamente por razones económicas. Adicionalmente, la absoluta desregulación y falta de control del sistema de educación superior está generando miles de profesionales, sobre todo de universidades privadas, que no encuentran espacio laboral por no ser útiles, necesarias o pertinentes dichas profesiones al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

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En otro ámbito, en las últimas semanas, miles de familias de nuestro país, especialmente aquellas que viven en regiones donde se privatizó la empresa sanitaria local, constataron con estupor el exorbitante aumento de las tarifas del agua potable, las que en muchos casos duplicaron las cuentas del mes inmediatamente anterior. En el caso de los cesantes y de los jubilados con rentas bajas, esto se traducirá rápidamente en un incremento del número de hogares con el suministro de agua potable cortado.

 

Así también, nos encontramos con que, según antecedentes actualizados al mes de Junio de 2001, la lista de espera por atenciones de médicos especialistas en los hospitales del país, superaba la cifra de 150.000 personas. Se trata de una espera mayor de seis meses y de una cifra que subdimensiona el fenómeno, ya que no todos los servicios de salud regionales han actualizado sus antecedentes. Naturalmente, las personas afectadas son beneficiarias del Fonasa, y se puede inferir que pertenecen a los tramos de ingreso más bajos entre sus afiliados, puesto que de lo contrario habrían optado por atenderse con un médico particular, haciendo uso de la modalidad de ‘libre elección’.

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En los últimos dos años, producto de la crisis económica, la cartera de deudores hipotecarios morosos del Serviu se incrementó drásticamente. Aunque el ministerio de la Vivienda puso en práctica medidas de ayuda a las familias en problemas, suspendiendo la obligatoriedad del pago de dividendos por seis meses prorrogables, adoptó la decisión estructural de traspasar a la banca privada la cartera de créditos por viviendas sociales, agregando de esta forma un factor adicional que alimenta la intranquilidad de muchas familias chilenas.

 

Estas breves pinceladas, que no pretenden agotar el panorama de la realidad social de nuestro país, pueden, sin embargo, ayudar a comprender el estado de ánimo y la percepción del país que hoy tienen un importante número de chilenos y chilenas.

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LOS NUEVOS TEMORES

 

Sabemos que muchos compatriotas se encuentran hoy experimentando una sensación de temor, de inseguridad, de riesgo, de desesperanza e incluso de ‘antiesperanza’, como expresara recientemente el destacado dramaturgo nacional Juan Radrigán. Muchas y muy serias encuestas así lo demuestran. Entre otras, las incluidas en los prestigiosos estudios sobre la realidad chilena elaborados por el PNUD. Inseguridad por no tener un trabajo estable o por la posibilidad de perderlo en el futuro; riesgo de enfermarse y de no ser atendido; temor a no dejarle a sus hijos ni siquiera la herencia de una buena educación.

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Que contradictoria pareciera ser esta visión con la que tienen de Chile los organismos financieros internacionales, la mayor parte de la prensa mundial y la opinión pública exterior que se informa a través de esta prensa. Allí, Chile cuenta con el sólido prestigio de tener una economía sana y de llevar adelante una transición exitosa. Pero basta escarbar apenas un poco para encontrar información sólida, con las comparaciones pertinentes, elaborada por instituciones tan solventes y de reconocida reputación como Naciones Unidas, para caer en la cuenta que nuestro país se encuentra, por ejemplo, entre las diez naciones con la más desigual distribución del ingreso del planeta; que nuestro país se encuentra entre los más inequitativos e injustos del mundo.

 

No es exagerado decir que un país, en donde el 10% más rico de su población acapara más del 42% de todo lo que se produce, donde el 20% más pobre de su población apenas se queda con el 3,7% del ingreso, y donde el Estado ha sido incapaz de construir una red de protección social, cuenta con un potencial de conflictividad que puede llegar a amenazar la estabilidad y la paz social.

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Definitivamente, no estamos construyendo una sociedad esperanzadora para los pobres y para amplios sectores de la clase media de nuestro país. (…)

 

La Dictadura retiró al Estado de su responsabilidad con la seguridad social de los adultos mayores, privatizando el sistema previsional; nosotros, es decir la Concertación, retiramos al Estado de su tarea de proveer a un costo razonable los servicios de agua potable y alcantarillado, privatizando buena parte de las empresas sanitarias del país; la Dictadura retiró al Estado de su función de asegurar que todos los jóvenes capaces llegaran a la educación superior; nosotros estamos retirando al Estado, al menos en parte, de su responsabilidad con la vivienda social, al traspasar a la banca privada el financiamiento que hasta ahora le correspondía al Serviu; la Dictadura inició el retiro de la salud pública disminuyéndole drásticamente los recursos y creando las Isapres como seguros privados; nosotros, a pesar de haber destinado mayores recursos a hospitales y consultorios, corremos el riesgo de terminar consolidando un sistema sanitario con predominio de actores privados, poniendo en serio peligro el ejercicio del derecho a la salud del conjunto de los chilenos. (…).

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Con Pinochet completamente fuera del escenario político y con la no despreciable distancia de más de doce años del momento en que nos interpelaba el dramático dilema de dictadura o democracia, la mayoría de los chilenos busca en las propuestas que hoy le ofrecen las principales fuerzas políticas –si es que algo buscan todavía los chilenos en la política-, alguna respuesta que les permita mitigar sus miedos, sus frustraciones, sus inseguridades, ante un mundo que se globaliza, pero donde nadie les garantiza lo mínimo y lo justo. Y no encuentran más que una respuesta: para que el país crezca es necesario liberar todos los mercados; es necesario entregar toda la iniciativa de producción y distribución de bienes y servicios –salud, educación, transporte, agua potable, energía eléctrica incluidos-, a los privados que son los que saben hacer eficientemente estas cosas; es indispensable reducir al máximo la participación del Estado, ya no sólo en la producción sino también en la regulación de los mercados, para no distraer a los empresarios de su esfuerzo principal.

 

En lo que a los chilenos les preocupa ahora –no sería razonable que juzgáramos esas preocupaciones quienes precisamente tenemos un trabajo estable y un sueldo más que suficiente-, las agendas de la Concertación y de la Alianza por Chile son, en lo fundamental, idénticas. Son de derecha, sin más. Y ese es el principal problema político de nuestro país en estos tiempos: tener que optar entre dos derechas. Una, la Concertación, integrada por mujeres y hombres de larga y probada convicción y conducta democrática; otra, la Alianza por Chile, integrada por personas que acompañaron y respaldaron a la Dictadura de Pinochet, con todas sus violaciones incluidas. Ambas, sin embargo, dibujando el mismo horizonte para Chile a través de programas y proyectos que en cualquier debate intelectual serio y sin censuras serían catalogados de derechas.

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Derecha democrática o derecha autoritaria, esa pareciera ser la cuestión. Pobre cuestión para un país orgulloso de su tradición democrática y de su imagen progresista.

 

En cuatro años más, cuando estas alternativas estén planteadas directamente en el terreno electoral, es muy probable que los chilenos tiendan a optar, como lo advirtiera con preocupación Carlos Hunneus en una reciente entrevista, por el original y no por la copia. (…)

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Desde el mundo social, especialmente desde la CUT, se han realizado planteamientos cuestionadores del ´modelo’ en su conjunto; desde el mundo intelectual –o de lo que queda de aquel– llegan esporádicamente reflexiones críticas y provocadoras que no alcanzan, sin embargo, a motivar una discusión general; desde la política –militantes, dirigentes de partidos, parlamentarios-, se ha hecho poco por poner en cuestión lo que a estas alturas resulta inevitable. Razones nunca faltaron, y probablemente nunca faltarán. Al comienzo estaba Pinochet, quien con sus boinazos y ejercicios de enlace, ordenaba las prioridades de todo el mundo, excluyendo cualquier otra preocupación. Luego vino la euforia por el crecimiento sostenido a tasas superiores al 7%, relegando todo debate para mejores (o habría que decir peores) tiempos. Hasta que en 1997, llegó el momento propicio. Aquel año, el crecimiento, el empleo y el consumo mostraban cifras más que aceptables. Sin embargo, en las elecciones que se realizaron para renovar el Parlamento, la Concertación perdió 900.000 votos. Fue suficiente –y era que no- para que se iniciara una discusión seria en el seno de nuestra alianza. Como se sabe, porque esto es historia, se instalaron múltiples espacios y se generaron diversas convergencias, casi todas transversales, para exponer, intercambiar y discutir los diversos planteamientos surgidos al calor de las motivaciones del momento. Los principales argumentos cristalizaron en sendos documentos formales (dos o tres fueron los principales, según quien cuente la historia), que no alcanzaron a ser masivamente socializados, porque en ese momento cayó sobre sus promotores la amenaza de la doble calificación de desleales y ridículos; la primera por poner en riesgo los avances del gobierno y la segunda por el supuesto absurdo intento de contraponer a ‘autoflagelantes’ y ‘autocomplacientes´. Allí abortó el debate.

 

¿UN DESTINO INEVITABLE?

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Hoy, a dos años de haberse iniciado el tercer gobierno de la Concertación, y cuando aún le quedan cuatro años al Presidente Lagos, el ánimo de dirigentes y parlamentarios concertacionistas, con todas las graduaciones y matices correspondientes, parece ser distinto. Como rendidos frente a la sentencia, más famosa en francés, de ‘así es la vida’, pareciéramos pensar, aunque no siempre dispuestos a confesar, ´que frente a una economía y a una sociedad globalizada bajo los parámetros del neoliberalismo, nada significativo se puede hacer’. Así, cada vez es más evidente que ante la ausencia de un proyecto colectivo o ante la ausencia de esfuerzos visibles por construirlo, nuestros empeños se encaminan en la búsqueda de logros personales, que en política suelen ser el poder, la figuración mediática, el prestigio propio y, aunque por fortuna de manera muy excepcional todavía, el dinero.

 

Sería muy poco riguroso, además de injusto, si aquí no constatáramos que los gobiernos de la Concertación (…) pueden mostrar avances innegables en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo chileno. Bástenos recordar sólo que la pobreza se ha reducido a la mitad, respecto a la que el país tenía en 1989.

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Podemos decir, sin una gota de sarcasmo, que se ha administrado con gran sensibilidad social el modelo neoliberal que heredamos.

 

El punto es, sin embargo, que la sociedad que se dibuja en el horizonte, proyectada para los próximos años a partir de la administración de lo que hoy tenemos, es rechazada por la mayoría de los chilenos y no convoca los entusiasmos, los sueños ni las energías de los militantes de la Concertación. (…)

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Para participar de un proyecto colectivo que se proponga hacer de Chile un país más igualitario y más justo, sobre todo más protector de los débiles, que reduzca y ojalá elimine el temor y la incertidumbre que hoy agobia a miles de compatriotas, hay mucha gente todavía en Chile (…) Sobre todo, están muchos jóvenes que sueñan con participar de un proyecto colectivo, que se comprometa con la dignificación de nuestra sociedad y con un real respeto a los derechos de cada uno de nuestros compatriotas” (Reflexión; pp. 21-6).

 

 

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