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Jerusalén Este: ONU condena brutal respuesta policial a protestas e insta a levantar amenazas de desalojo

Varios expertos en derechos humanos de la ONU[1] expresaron su grave preocupación por la respuesta agresiva de Israel a las protestas en Jerusalén Este, y pidieron a Israel, como potencia ocupante, que levante de inmediato su amenaza de desalojar a cientos de hogares palestinos de sus hogares legales y viviendas protegidas.

“Restablecer la calma en Jerusalén es importante, pero crear las condiciones para la justicia y la igualdad en la ciudad es aún más importante”, dijeron los expertos. “No se logrará ni la paz a corto plazo ni la paz a largo plazo mientras se deroguen habitualmente los derechos nacionales e individuales de la población palestina de la ciudad”.

Cientos de palestinos, así como algunos agentes de policía israelíes, han resultado heridos en enfrentamientos durante los últimos días. Los expertos pidieron a Israel que actuara con total moderación en su vigilancia de las manifestaciones de los palestinos en Jerusalén y que respetara las libertades de reunión, expresión y culto religioso.

“Las escenas recientes de la policía y las fuerzas de seguridad israelíes atacando a grandes multitudes de residentes y fieles palestinos solo están intensificando una atmósfera profundamente incendiaria en la ciudad. Una respuesta militarizada a las protestas civiles contra prácticas discriminatorias solo profundiza las divisiones sociales. Respetar los derechos es el único camino a seguir”.

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Los desalojos en curso y bajo amenaza de familias palestinas de sus hogares, principalmente en los barrios de Sheikh Jarrah y Silwan, en Jerusalén oriental, se basan en dos leyes israelíes: la Ley de propiedad ausente de 1950 y la Ley de asuntos legales y administrativos de 1970. La ley de 1950 prohíbe a los palestinos recuperar sus propiedades perdidas en la guerra de 1947-49, mientras que la ley de 1970 permite a los judíos israelíes volver a reclamar las propiedades perdidas durante la misma guerra.

Los desalojos de familias palestinas en virtud de estas leyes se han repetido muchas veces a lo largo de los años, lo que ha generado una profunda preocupación por la impunidad y la falta de responsabilidad.

“Estas leyes son intrínsecamente discriminatorias, tanto en su intención como en su aplicación, y violan los principios fundamentales tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos”, dijeron los expertos. “La potencia ocupante tiene prohibido confiscar bienes privados pertenecientes a la población protegida, y debe respetar el cuerpo de leyes vigentes que regían el territorio, salvo que sea absolutamente necesario modificarlas.

“El traslado forzoso de la población bajo ocupación es una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra, que contribuye al entorno coercitivo que ahora prevalece en Jerusalén Oriental. Además, estos desalojos violan el derecho a una vivienda adecuada, un derecho humano fundamental en el derecho internacional”.

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“El paso adecuado que debe tomar Israel es eliminar la amenaza de desalojo, hacer que se respeten y regularizar legalmente los derechos de propiedad de estas familias palestinas, y anular toda legislación discriminatoria de sus leyes”.

Israel ocupó Jerusalén Este, junto con Cisjordania y Gaza, en 1967. Pocas semanas después de la guerra de junio de 1967, anexó Jerusalén Este y partes de Cisjordania. Durante las últimas cinco décadas, ha construido 13 asentamientos que albergan a más de 220.000 colonos judíos en Jerusalén Este.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha condenado repetidamente tanto la anexión como los asentamientos como nulos y sin valor bajo el derecho internacional, y ha exigido que Israel rescinda sus actos ilegales. Los expertos en derechos humanos de la ONU han exigido repetidamente a lo largo de los años que Israel cumpla con sus obligaciones internacionales y detenga los desalojos, las demoliciones y la expulsión forzosa de palestinos de sus tierras. Israel ha declarado regularmente que no tiene intención de cumplir con las instrucciones de la comunidad internacional.

“La fuente inmediata de las tensiones actuales en Jerusalén Oriental son las acciones de las organizaciones de colonos israelíes, cuyo objetivo declarado es convertir los barrios palestinos en barrios judíos. Esta ingeniería demográfica ha sido instigada por el municipio de Jerusalén, cuyos planes maestros urbanos han establecido explícitamente el objetivo de limitar la población palestina de la ciudad al 30 por ciento. El establecimiento de objetivos de población oficiales como este refuerza patrones arraigados de dominación étnica, que no tienen lugar en el mundo moderno”.

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[1] Sr. S. Michael Lynk, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino ocupado desde 1967. Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a no discriminación en este contexto.

 

Elena Rusca, Ginebra

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Corresponsal

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