Economía

Cámara analiza proyecto que faculta a la ENAP para distribuir y comercializar gas licuado

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión de un proyecto, originado en moción, que autoriza a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) para distribuir y comercializar, a consumidores finales, gas licuado de petróleo y gas natural.

La idea matiz de la iniciativa propone que la distribución sea a nivel mayorista o minorista. Su comercialización, en tanto, se realizaría a todo consumidor final. Bajo tal idea, Enap podría intervenir el mercado de la distribución del gas a nivel nacional, en todos sus niveles, como nuevo competidor. Ello, se espera, generaría mejores condiciones de competencia que permitan una disminución en el precio de venta del gas.

La instancia recibió al autor principal de la iniciativa, diputado Gastón Saavedra (PS). Este indicó que el proyecto surgió al conocer los resultados del informe que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde indicó los graves problemas de competitividad que tiene este mercado.

Señaló que es una situación que afecta al 80 % de las familias que usan cilindros de gas y al 20% adscrita a las redes de cañería. En este plano, sostuvo que “no hay una competencia real”.

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Comunicó que la ENAP vende en San Fernando el kilo de gas licuado a 556 pesos, en invierno, que, luego, se adquiere tres veces más caro por la ciudadanía. “Nos parece que el tratamiento de este proyecto contribuiría a un elemento de justicia y de beneficio social”, remarcó.

Para continuar con este debate, el presidente de la instancia, diputado Esteban Velásquez (FRV), informó que invitarán al ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet. Además, asistirían el presidente del Sindicato de la ENAP Petrox, Iván Montes, y el gerente general de la empresa, Andrés Roccatagliata.

Fundamentos del proyecto

En sus fundamentos, los autores de la moción aluden a la regulación actual de la industria del gas. Exponen que la Constitución establece que corresponde al Estado el dominio, absoluto e imprescriptible, de todas las minas. Ello comprende los depósitos de hidrocarburos y las demás sustancias fósiles.

Asimismo, señala que es la ley la que determinará aquellas sustancias que podrán ser objeto de concesiones de exploración. Ante ello, precisa que los beneficios de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, pueden ejecutarse directamente por el Estado y sus empresas. De igual modo, pueden desarrollarse por medio de concesiones administrativas o contratos especiales de operación.

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Enseguida, puntualiza que la iniciativa se funda en la disposición constitucional relativa a Estado empresario. Ella establece que este y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales solo si una ley de quórum calificado los autoriza. Sobre el punto, recordar que esto implica la aprobación de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Finalmente, sostiene que, por esta vía, se podrá otorgar un servicio de gas domiciliario que impida la coordinación entre oferentes privados u otras distorsiones en el mercado.

 

 

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