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Congreso vs Ejecutivo, ¿quién mata a quién en Perú?

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El centro de la crisis, no sólo en Perú, sino también en los demás países de la región, se expresa en los sistemas políticos y electorales, y la ciudadanía, por su parte, rechaza tanto al poder Ejecutivo, como al Legislativo e, incluso, al Judicial.

En la mayoría de los casos el Parlamento supera el índice de rechazo respecto al Ejecutivo. El caso de Perú, (muy similar al resto de los países de América Latina), el índice de rechazo al Congreso y  a los partidos políticos ocupa el último lugar de la adhesión ciudadana, con apenas un dígito de apoyo ciudadano.

A partir del triunfo de Alberto Fujimori, (1990), todos los Presidentes que le sucedieron, incluido Fujimori, han sido acusados de corrupción por parte de la justicia. A partir del triunfo de Pedro Pablo Kuczynski han ocupado la Presidencia de Perú Martín Vizcarra, (dos veces presentada la moción de vacancia por incapacidad moral permanente, siendo vacado en la segunda), quien se dio el lujo de cerrar el Congreso cuando le rechazó, por dos veces, la confianza al gabinete ministerial, pero el nuevo Congreso fue peor que el anterior, el cual instaló en la Presidencia a quien presidía las sesiones del Congreso, Manuel Merino, con apenas dos días al mando de la nación, derrocado por las manifestaciones populares. A Merino le sucedió Francisco Sagasti, presidente de Consejo de Ministros, quien entregó el poder al vencedor en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, (2021), al maestro chotano Pedro Castillo Terrones, un total desconocido en la política de las castas virreinales.

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La derecha, no sólo peruana sino también brasilera, ha seguido el camino de Donald Trump: aceptar las elecciones solo cuando gana. En el caso de Perú, los seguidores de la hija del dictador, Keiko Fujimori, no podían aceptar que un profesor campesino y de escasas luces políticas se convirtiera en primer ciudadano de la nación, por consiguiente, durante meses se negaron a aceptar la validez de la elección.

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La Constitución peruana, impuesta por el ex dictador Alberto Fujimori, ha servido para profundizar la guerra a muerte entre la mayoría opositora parlamentaria y el Presidente Castillo. En la derecha, fundamentalmente limeña, brillan los Almirantes y oficiales del Ejército, que animan la estrategia de derrocamiento del Presidente chotano.

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La oposición ha usado y abusado de las armas constitucionales a fin de poner fin al gobierno de Pedro Castillo. En las últimas semanas la acusación presentada por la Fiscal Nacional, Patricia Benavides, (quien califica al Presidente como jefe de una banda criminal), abrió el camino para que el Congreso buscara la forma de suspenderlo del cargo, sin embargo, el artículo 117 de la Constitución sólo permite juzgar al Presidente de la República por traición a la patria, por cerrar el Congreso ilegalmente y negarse a llamar a elecciones, en consecuencia, el ser jefe de una banda criminal no está incluido.

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La acusación contra Castillo por traición a la patria fue rechazada por el Tribunal Constitucional, pues el Presidente no entregó a Bolivia ninguna parte del territorio nacional.

El alma principal del Congreso peruano es el acudir a la figura de la vacancia por permanente incapacidad moral, pero para su aprobación se requieren 2/3 de los 130 congresistas, es decir, 87, cifra que no ha logrado la oposición en los dos intentos anteriores en contra de Castillo.

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El Ejecutivo, a su vez, puede cerrar el Congreso con dos rechazos sucesivos al actual gabinete. El Premier del gobierno de Castillo, Aníbal Torres, aprovechó la discusión de un proyecto de reforma constitucional que, al ser rechazado, permitiría usar “la primera bala de plata”, es decir, iniciar el camino al cierre del Congreso.

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El Presidente Castillo, a quien se le ha negado el permiso para salir del país por dos veces consecutivas, (sólo le autorizaron su salida a  Chile, en la reciente visita de Estado), tomó el recurso de nombrar a Betty Chávez como jefa de gabinete, a fin de profundizar el enfrentamiento con el Congreso.

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Castillo recurrió a la OEA para solicitar la aplicación de los artículos en defensa de la democracia, consignados en la Carta interamericana. La visita de la alta comisionada de la OEA sólo ha servido para emitir una petición de  especie de “alto al fuego”, a fin de recuperar el diálogo que se había perdido.

El 1º de diciembre, el Congreso aprobó la idea de iniciar la vacancia de Castillo, por 74 votos, que será votada el 7 de diciembre, día decisivo para saber “quién mata a quién”. De todas maneras, la ciudadanía se ha manifestado claramente por el rechazo a los componentes de los tres poderes del Estado, y “el que se vayan todos”, lo único que favorece es la destrucción de la democracia y el ingreso al poder del lumpen.

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Por Rafael Luis Gumucio Rivas (El  Viejo)

02/12/2022

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Historiador y cronista

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