Gobierno presenta proyecto para abrir el secreto de la Comisión Valech

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En un emotivo acto celebrado en el Parque Cultural Valparaíso, ubicado en el Cerro Cárcel, el Gobierno presentó una agenda legislativa en Derechos Humanos para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. Estas medidas tienen como objetivo principal promover la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y garantizar que los horrores del pasado no se repitan.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde Soto, junto al titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, encabezaron esta mañana el lanzamiento de la agenda legislativa sobre derechos humanos del Gobierno, con la cual el Ejecutivo buscará avanzar en verdad, justicia y reparación a 50 años del Golpe de Estado Cívico Militar ocurrido en 1973.

Tras presentar los detalles del plan a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante la dictadura en el Centro Cultural Valparaíso (Ex Cárcel), los secretarios de Estado destacaron el compromiso de la administración del Presidente Gabriel Boric para promover el esclarecimiento de las violaciones a los DD.HH. cometidas en ese periodo y así encontrar justicia para las víctimas.

Luego del conversatorio, en el que también participaron las ministras de las Culturas, Artes y Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, y la de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, además de la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos Palacios y su par de DD.HH., Xavier Altamirano Molina, las autoridades dieron a conocer los detalles de las iniciativas, las cuales se concentraron en cinco ejes.

«Son las víctimas las que deciden lo que se hace con esa información. De hecho, en la actualidad pueden requerir su carpeta con todos sus testimonios, y adicionalmente, los tribunales de Justicia han requerido información que sea relevante para las investigaciones que están llevando adelante», explicó Álvaro Elizalde, ministro de Segpres.

Esta modificación legal se plantea como una «herramienta adicional» para contribuir al Plan Nacional de Búsqueda, permitiendo el acceso a la información contenida en los informes, de manera similar a lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Luis Cordero, ministro de Justicia, señaló que el propósito principal de esta medida es «trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y desaparecidas, de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes, previo consentimiento de las víctimas o sus herederos».

Agenda Legislativa de Derechos Humanos

En detalle, el Ejecutivo impulsará cinco medidas, cuatro de ellas en la línea de “Reparación” y otra en el marco de “Memoria y Democracia”. Aparte de lo relacionado a la Comisión Valech, el Gobierno buscará crear una calificación jurídica especial de “Persona ausente por desaparición forzada” y crear un padrón, llevado por el Registro Civil e Identificación, con un certificado correlativo a él, que estará disponible para la Administración del Estado.

También se impulsará la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal. Esto, con el objetivo de cumplir con la obligación adquirida por el Estado de Chile en  la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Dentro de la agenda, también se encuentra la generación de una Política de Memoria y Patrimonio, con el objetivo de mejorar los mecanismos de financiamiento y mantención de los espacios de memoria, fortalecer la regulación de estos con una perspectiva de preservación de la memoria y educación en derechos humanos.

La ministra de Culturas, Artes y Patrimonio, Carolina Arredondo, explicó que la idea de ese plan “es iniciar un proceso para establecer una mesa técnica que culmina con la formulación de esta política, además de mejorar el mecanismo y sistema de financiamiento de los sitios de memoria y fortalecer sus regulaciones. Memoriales con perspectiva siempre de educación, de difusión y divulgación en materia de DD.HH.”.

Por último, el Ejecutivo buscará aportar a la transparencia y conocimiento de la comunidad de leyes y otros textos legales que fueron dictados por la Junta Militar y que hasta ahora se mantienen secretos o con acceso restringido. A través de un proyecto de ley que ya está en tramitación, se promoverá la eliminación del carácter secreto de esas normas.

Esta agenda representa un importante paso en la búsqueda de justicia y verdad para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en Chile y refuerza el compromiso del gobierno de Gabriel Boric en la defensa de los principios democráticos y la memoria histórica del país. Conmemorando los 50 años del Golpe de Estado, Chile avanza hacia un futuro de justicia y reparación.

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