53 organizaciones solicitan el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones
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En una movida sin precedentes, 53 organizaciones de derechos humanos y activistas han unido sus voces en un llamado urgente al presidente Gabriel Boric, solicitando el veto presidencial a la controvertida Ley de Usurpaciones. Argumentando un «grave retroceso en el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos», estas entidades han expresado su preocupación por los potenciales efectos negativos que esta ley podría tener en la sociedad chilena. Esta solicitud ha generado un acalorado debate político, con opiniones divididas tanto en el oficialismo como en la oposición.
Las 53 organizaciones que han levantado su voz contra la Ley de Usurpaciones en Chile representan en su mayoría a defensores de los derechos humanos. En su carta al presidente Boric, han destacado varios puntos críticos relacionados con esta legislación. Entre las preocupaciones más destacadas se encuentran:
- El Ejercicio de la Autotutela: Se teme que la ley permita a propietarios de inmuebles tomar la justicia en sus propias manos, lo que podría dar lugar a conflictos violentos y disputas legales.
- Criminalización de Sectores Empobrecidos: Existe la inquietud de que esta legislación podría llevar a la criminalización de personas en situaciones económicas precarias, ampliando aún más la brecha de desigualdad en Chile.
- Criminalización de Reivindicaciones de Tierras por Pueblos Originarios: Las organizaciones argumentan que la ley podría utilizarse para reprimir las legítimas reivindicaciones de tierras por parte de los pueblos originarios, lo que iría en contra de los derechos fundamentales de estos grupos.
En un sorprendente giro, varios políticos del oficialismo se han unido al llamado de las organizaciones de derechos humanos. El diputado comunista Luis Cuello y el senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, han expresado su preocupación de que la ley «criminalice la pobreza» y represente un retroceso en el Estado de Derecho en Chile.
Mientras tanto, la oposición argumenta que la ley es necesaria para garantizar la seguridad y tranquilidad de los chilenos. El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de Renovación Nacional, y el parlamentario Jorge Guzmán de Evópoli han defendido su posición, sosteniendo que la legislación busca proteger la propiedad privada y prevenir ocupaciones ilegales que puedan poner en riesgo la estabilidad social.
El futuro de la Ley de Usurpaciones
Recientemente, el Senado despachó el proyecto de ley que sanciona las ocupaciones ilegales. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado su intención de vetar la iniciativa, argumentando que «transgrede principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico que prohíben la violencia entre particulares para resolver los conflictos jurídicos». Esto promete un futuro incierto para la ley y un debate en curso sobre la dirección que debe tomar Chile en relación con la propiedad y los derechos humanos.
La Ley de Usurpaciones se ha convertido en un tema candente que enfrenta a organizaciones de derechos humanos, políticos del oficialismo y la oposición. El destino de esta legislación y su impacto en la sociedad chilena siguen siendo inciertos en medio de un intenso debate nacional.
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