Cuatro años después del Estallido Social, la búsqueda de justicia y reformas continúa
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En el cuarto aniversario del estallido social que sacudió Chile en 2019, las cicatrices de aquellos días tumultuosos siguen siendo profundas. Las víctimas de la represión policial y de las Fuerzas Armadas aún esperan una reparación integral, la reforma estructural a Carabineros parece esfumarse en la distancia y la impunidad sigue haciendo mella en el país, según advierte Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos ha enfatizado que la reforma de Carabineros es una medida esencial para garantizar que los horrores del pasado no se repitan. Sin embargo, a cuatro años del estallido social, la falta de avances significativos en esta área ha sembrado dudas sobre el compromiso del gobierno en esta cuestión. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, subraya la urgencia de llevar a cabo una reforma profunda y estructural de Carabineros.
A pesar de algunos proyectos presentados por el gobierno de Gabriel Boric relacionados con la labor policial, la reforma de Carabineros parece haber quedado en segundo plano. La naturaleza militar y la estructura orgánica de la institución son consideradas por Amnistía Internacional como obstáculos importantes para el cumplimiento adecuado de sus funciones, lo que se reflejó en las violaciones generalizadas de derechos humanos durante las protestas de 2019.
Para abordar estos desafíos, Amnistía Internacional ha publicado un informe titulado «Reformar para avanzar. Recomendaciones para la reforma de Carabineros desde una perspectiva de derechos humanos«. El informe detalla la necesidad de una reforma profunda de Carabineros, tanto en términos normativos como culturales, para garantizar un cumplimiento adecuado de sus responsabilidades y promover la seguridad de la población.
En lo que respecta a la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social, el Estado ha implementado medidas limitadas, en lugar de una política integral de reparación que cumpla con los estándares internacionales. Amnistía Internacional insta al Estado a diseñar una política pública de reparación integral con presupuesto nacional y mecanismos transparentes y participativos para las víctimas.
El panorama es desalentador en términos de justicia, ya que solo el 0,2% de las 1,056 denuncias de violaciones de derechos humanos han resultado en condenas. Además, se acerca la fecha límite de prescripción de casos relacionados con la brutalidad policial, lo que podría dejar sin posibilidad de investigación una parte significativa de los casos.
Amnistía Internacional documentó la crueldad de la violencia estatal en su informe «Ojos sobre Chile. Violencia policial y responsabilidad de mandos durante el estallido social«. A pesar de las evidencias, hasta la fecha, ningún alto mando de Carabineros ha sido imputado por su supuesta responsabilidad en estos eventos.
La responsabilidad de los mandos se basa en tres supuestos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos: conocimiento de las violaciones de derechos humanos bajo su mando, control efectivo sobre las unidades y falta de medidas para prevenir abusos.
Es imperativo que la Fiscalía decida si existen méritos para imputar a los altos mandos por sus acciones y omisiones durante el estallido social. El inicio de un proceso penal es esencial para garantizar la plena rendición de cuentas y romper el manto de impunidad que ha oscurecido estos acontecimientos durante cuatro años.
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