Senado aprueba cambios en proyecto de ley sobre ocupaciones ilegales tras veto del Ejecutivo
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El Senado de la República ha aprobado un conjunto de modificaciones al proyecto de ley que busca sancionar las usurpaciones ilegales de inmuebles. Estas modificaciones, presentadas por el Ejecutivo en forma de veto, han generado un extenso debate en el Senado y han sido elogiadas y cuestionadas por diferentes sectores políticos. A continuación, se detallan los principales cambios y las reacciones de los legisladores.
Veto Presidencial: Cambios Destacados
Después de un prolongado debate en el Senado, se aprobó por mayoría el veto presentado por el Ejecutivo al proyecto de ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles y establece nuevas penas y mecanismos eficientes de restitución. Algunos de los cambios más destacados incluyen:
- Eliminación de la legítima defensa privilegiada: El Senado aprobó con 18 votos a favor y 16 en contra la eliminación de las normas relacionadas con la legítima defensa privilegiada que estaban originalmente contempladas en el proyecto.
- Penalización diferenciada por violencia: Se aprobó con 32 votos a favor y 2 abstenciones una observación que establece un tratamiento especial cuando existe violencia en el proceso de usurpación, lo que resulta en una pena de cárcel diferente de la pena para usurpaciones sin violencia en personas o daños a la propiedad.
- Eliminación de pena de cárcel para usurpaciones no violentas: Una propuesta que buscaba eliminar la pena de cárcel para usurpaciones no violentas fue rechazada por la Sala del Senado. Luego, en una votación de insistencia, esta disposición tampoco se mantuvo en el texto.
- Nuevo tipo penal y sanciones flexibles: Se aprobó con 29 votos a favor y 6 en contra la creación de un nuevo tipo penal que da al juez la capacidad de determinar sanciones de cárcel o multa en casos específicos, dependiendo de ciertas circunstancias.
- Supresión del marco penal rígido: La Sala aprobó con 18 votos a favor y 17 en contra la eliminación del marco penal rígido que el proyecto original contemplaba en relación con las usurpaciones.
- Cambios en la detención por flagrancia: El Senado aprobó con 18 votos a favor y 17 en contra una observación que suprime la detención por flagrancia y la lleva al régimen general, excepto para las policías. Esto generó un debate sobre si la ciudadanía debe tener la capacidad de realizar detenciones.
- Medida cautelar de restitución anticipada: Con 32 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, se aprobó la medida cautelar de restitución anticipada del inmueble en cualquier etapa del procedimiento, siempre que se acredite la inscripción del inmueble y se solicite el desalojo.
Reacciones y Debate
El debate en el Senado resaltó la importancia de avanzar en una legislación que tipifique como delito la ocupación ilegal de terrenos, ya que hasta ahora se consideraba una falta sin sanciones significativas. Aunque algunos parlamentarios expresaron su deseo de imponer sanciones más severas, consideraron que esta iniciativa representa un avance significativo en comparación con la legislación vigente.
Sin embargo, los senadores de la oposición anunciaron la presentación de un nuevo proyecto de ley una vez que se publique la iniciativa en cuestión, destacando discrepancias sobre los vetos presentados por el Ejecutivo y su impacto en cuestiones legales y procesales.
Se reconoció que las ocupaciones ilegales o usurpaciones tienen diversas causas, como el déficit habitacional, la migración y situaciones específicas en la macrozona sur. La iniciativa fue valorada por estar incluida en la agenda de seguridad prioritaria.
El proceso de modificación y aprobación del proyecto de ley que busca sancionar las usurpaciones ilegales de inmuebles ha generado un debate intenso en el Senado. La eliminación de la legítima defensa privilegiada, la penalización diferenciada por violencia, y otros cambios importantes han marcado un hito en la legislación sobre ocupaciones ilegales. La discusión sigue abierta, ya que algunos sectores políticos planean presentar un nuevo proyecto de ley.
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Ilsita says:
Ahora sí que las cárceles van a colapsar. Desde muchos años que no hay viviendas al alcance de la gente humilde, pues deben buscar ellas un terreno para que alguna vez el Estado, que es el único que financiaría vivienda barata, les tratara de solucionar el problema. Hasta ahora con este sistema lo único que se ve, es la destrucción de barrios donde había gente feliz de tener hermosas casas de donde han sido echadas por los edificios feos, y verdaderos panales en que hay que vivir colectivamente obligado, aunque los habitantes no tienen ningún interés en saber del vecino, pero que puede ser molesto y tener una desidia e indiferencia que no se condice con el vivir juntos. Esto se ve luego, en que nadie quiere después integrar directorios para solucionar problemas que se producen, todos quieren los beneficios pero nadie desea molestarse en hacer algo por los prójimos. En fín, esos edificios no vienen a solucionar el problema de millones de pobres, porque no están hechos para eso, sino para los inversionistas que no hayan en qué invertir y lo ven como fuente de jugosos ingresos, en que se produce otro problema que es el de los arriendos impagables por el ciudadano común. De ahí que gente dispuesta a ahorrar para una casa, no puede ni arrendar ni comprar y muchos ya viven hacinados con la típica vivienda detrás de sus padres que tampoco trae la ansiada independencia y sí roces que a la larga al ver tanto terreno no usado lleva a algunos a las tomas. Otros viven eternamente en campamentos.
Por otro lado está claro que los pueblos originarios que han luchado por sus tierras usurpadas nunca volverán con ésto a tener sino cárcel si tratan siquiera de recuperar algo, está hecho a la medida para que se siga por otros siglos con la concentración de las tierras que se obtuvieron con malas artes y los usurpados no tendrán nunca justicia, seguirán siendo ciudadanos de 4a clase a los que no se concede ningún derecho más que a lamentar los 500 años en que llegaron ya sabemos quienes y luego otros y otros que apoyados por los gobiernos esgrimieron títulos que el indígena nunca necesitó para demostrar que los terrenos eran de las comunidades.. Ahora avalado por una papel del Estado una vez más su sueño es destruido.