CDE recusa a abogada integrante de la Corte Suprema en la audiencia por el «Caso Clarín»
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha recusado a la abogada integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Carolina Coppo Diez, en la audiencia del 28 de noviembre en el proceso caratulado Fundación Presidente Allende España con Ministerio Secretaría General de Gobierno conocido como “Caso Clarín”. Esta es la segunda postergación de la audiencia. El 21 de noviembre pasado el CDE pidió su suspensión.
En la audiencia señalada para el martes 5 de diciembre la Fundación española «Presidente Allende», que dirige Joan Garcés, expondrá la obligatoriedad de Chile de cumplir el laudo internacional que ha condenado al Estado por violar el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Chile y España. Los fundamentos del recurso de casación están publicados aquí. El Laudo ha resuelto que la inversión de la Fundación en el 90% de las acciones de las empresas editoras del Diario Clarín está hoy bajo la protección del Tratado internacional.»
El Laudo condenó al Estado de Chile a indemnizar a la Fundación y al Sr. Pey por violar el Tratado “al conceder compensaciones -por razones que sólo ella conoce y siguen sin explicarse- a personas que, según el Tribunal de arbitraje, no eran propietarias de los bienes confiscados, y al paralizar o rechazar las reivindicaciones del Sr. Pey Casado referentes a los bienes confiscados, la República de Chile cometió una manifiesta denegación de justicia y se negó a tratar a las Demandantes de manera justa y equitativa.”
Los Tribunales del CIADI han concluido que el Sr. Pey y la Fundación eran inversores protegidos por el Tratado hispano-chileno cuando en 1997 comenzaron el arbitraje del CIADI, y rechazaron la pretensión de los sucesivos gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet (los dos) y Sebastián Piñera (los dos) de que las inversiones del Sr. Pey cesaron de existir con la confiscación durante la Dictadura.
La Decisión del 2º Comité ad hoc del CIADI ha reiterado en 2020 que contrariamente a la posición de la República de Chile, los dos Tribunales en 2008 y 2016 y los dos Comités ad hoc del CIADI en 2012 y 2020 han estimado que la expropiación de 1973-1975 no tenía ningún efecto sobre la cesibilidad de las acciones, ni sobre la cesión del 90% de las acciones a la Fundación “Presidente Allende” en 1990, ni sobre la cesión del 10% a la Sra. Pey Grebe en 2013”.
Esta será la primera decisión en la historia de la Corte Suprema acerca del cumplimiento obligatorio de un Laudo del CIADI dentro del territorio de la República de Chile. En este caso, el Alto Tribunal se pronunciará sobre la solicitud de acoger la exhortación de los Tribunales del CIADI a restablecer la constitucionalidad después que estos han concluido no tener “duda alguna sobre la ilegalidad” del Decreto de la Dictadura que disolvió las empresas editoras del periódico de mayores ventas en Chile antes de su incautación que desde entonces sigue hasta hoy. Los antecedentes que tiene a la vista la Corte Suprema están publicados y son de libre acceso en internet: https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/indexN.php#modalDetalleSuprema
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Felipe Portales says:
Desgraciadamente no es sorprendente. El CDE se ha subordinado siempre a los gobiernos concertacionistas y de Piñera -y ahora al de Boric- en sus permanentes políticas destinadas a consolidar el robo que le hizo la dictadura a Víctor Pey de las acciones del «Clarín», acciones que recuperó en su poder a instancias de los tribunales en 1995; y que luego ¡le fueron desconocidas por los sucesivos gobiernos partiendo por el de Frei Ruiz-Tagle!, en virtud de un «estudio» que efectuó el entonces abogado del Comité de Inversiones Extranjeras, Enrique Testa; y que implicó ¡actos de grave corrupción en favor de parientes suyos, los que únicamente fueron sancionados por el Colegio de Abogados en 2003!
Margarita Labarca Goddard says:
¿Cómo que que las inversiones del Sr. Pey cesaron de existir con la confiscación durante la Dictadura? ¿Entonces tenemos que reconocer todo lo que hizo la dictadura, cuando ellos no aceptaron nada de lo que hizo el gobierno del compañero Allende, cerraron el Congreso y se robaron los bienes de Clarín y de casi todos los otros diarios y revistas y michas cosas más? Un gobierno ilegal, espurio, repudiado por toda la comunidad internacional, ¿ahora tenemos que acatar las confiscaciones que hizo? Lo que debe hacer un gobierno decente es acatar lo que le está diciendo un tribunal arbitral al cual el gobierno de Chile se metió voluntariamente. Si algún sentido de la palabra dada y del honor tiene este gobierno, debe acatar el fallo arbitral, sin perjuicio de proponer algún arreglo los demandantes, para alivianarse el pago