Condena por secuestro contra tres exfuncionarios de la Armada: La oscura trama de violaciones a los derechos humanos
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La justicia chilena dio ayer un nuevo paso hacia la rendición de cuentas por los actos de violencia durante uno de los momentos más oscuros de la historia del país. El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, emitió un fallo condenatorio contra tres exefectivos en retiro de la Armada por su participación en el secuestro con grave daño de Mario Arancibia Chow.
Los condenados, identificados como Juan de Dios Reyes Basaur, Héctor Vicente Santibáñez Obreque y Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, enfrentarán penas efectivas de 5 años y un día de presidio, junto con sanciones de inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos, oficios y derechos políticos. Asimismo, se les impuso la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de sus condenas, considerándolos autores del delito.
El fallo, que corresponde al caso con rol 93-2016, marca un hito en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos entre fines de octubre y noviembre de 1973. Sin embargo, es importante señalar que, pese a esta condena, se decretó la absolución de los exuniformados de los cargos por aplicación de tormentos. Además, se desestimó la prescripción y amnistía invocadas por las defensas.
El ministro en visita estableció en su resolución una serie de hechos que revelan la existencia de una estructura militar de inteligencia, el Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (SICAJSI), operativa desde el golpe de Estado en septiembre de 1973. Esta agrupación, integrada por agentes de diversas ramas de la defensa nacional, incluyendo funcionarios de la Armada de Chile, tenía como propósito principal reprimir a opositores al régimen militar a través de detenciones y torturas para obtener información.
En este contexto, Mario Arancibia Chow, miembro de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, fue detenido en su domicilio y trasladado al recinto de detención en la Academia de Guerra Naval, donde un grupo especializado de interrogadores lo sometió a técnicas de tortura durante seis días. Este hecho, tristemente emblemático, ilustra la brutalidad y la falta de escrúpulos de las fuerzas represivas en aquellos años oscuros de la historia de Chile.
Este fallo judicial no solo condena a los responsables individuales sino que arroja luz sobre una red de violencia institucionalizada, evidenciando la existencia de prácticas sistemáticas de abuso de poder y violación de los derechos humanos. Además, constituye un recordatorio necesario de la importancia de mantener viva la memoria histórica para evitar la repetición de estos hechos en el futuro.
La sentencia no solo representa un paso hacia la justicia para las víctimas y sus familias, sino que también subraya la imperiosa necesidad de seguir investigando y esclareciendo los crímenes cometidos durante aquellos años, manteniendo el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación integral para quienes sufrieron las consecuencias de la represión.
Es fundamental que estos pasos judiciales no sean solo un acto aislado, sino un llamado a una reflexión colectiva sobre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de garantizar que estos crímenes nunca más se repitan en la historia de Chile o en cualquier parte del mundo.
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