Más allá del crimen organizado
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Mientras el combate contra el crimen organizado se toma por segundo año consecutivo la agenda nacional, la maneja con naturalidad y destina enormes recursos en apoyo a la labor de las policías, hay necesidades sociales que no se consideran y se agudizan inexorablemente a medida que transcurre el tiempo.
En este país que pasa con frecuencia de una crisis a otra sin que ninguna de ellas sea controlada la contención de la delincuencia en sus más variadas expresiones tiene prioridad uno, dos y tres, en tanto las clases populares permanecen marginadas, sin espacio y sin poder acceder a la dignidad en sus precarias condiciones de vida.
El llamado crimen organizado – que no es nuevo en Chile – causa temor en la población, pero amplios sectores ciudadanos se encuentran también atemorizados por diversos factores socioeconómicos y sin ayuda de ninguna parte, como la pobreza, el desempleo, los despidos, los abusos y la falta de oportunidades, calamidades que constituyen pilar fundamental del modelo de desigualdades todavía en pie.
Mayoritariamente en la desigualdad imperante está el origen de múltiples casos delincuenciales y de narcotráfico que conmocionan al país. Sin embargo, el gobierno es débil y se deja llevar con facilidad por las presiones ejercidas por la oposición conservadora que le impide cambiar el foco y las estrategias acerca de este implacable flagelo.
La derecha adinerada que añora a la dictadura no busca soluciones para las necesidades de la calle. Desprecia a los pobres, los confunde con delincuentes y lo único que quisiera para ellos es someterlos, acallarlos y que en definitiva vayan a parar a la cárcel para que no sigan molestando como piedra en el zapato ni requiriendo solidaridad solo para subsistir en la medida de lo posible.
Claramente los objetivos del pinochetismo y sus seguidores pretenden seguir fortaleciendo a Carabineros entregándole más personal, más recursos y equipamiento, vehículos para patrullajes y modernas tecnologías. Así nadie se acuerda de la desigualdad y de lo que está pendiente desde fines de 2019, esto es, las múltiples violaciones de los derechos humanos de los manifestantes del estallido social, gran parte de las cuales permanecen en la impunidad.
El presidente Boric se olvidó de las refundaciones y en reiteradas ocasiones ha expresado su apoyo a Carabineros. A la vez, en la tradicional “fiesta de los abrazos” del Partido Comunista fue categórico: “Tenemos que estar con los más pobres de nuestra patria y también con esa clase media acogotada por un sistema que es injusto y que esconde profundas desigualdades que como gobierno, como fuerzas políticas, tenemos el deber de combatir y superar”.
Contra Boric juegan los números rojos que se arrastran desde mucho antes de su gestión: medio millón de personas vive en campamentos de tránsito y dos millones de comerciantes ambulantes repletan las calles vendiendo lo que pueden para sobrevivir. En el último trimestre el desempleo fue de un 8,7% en especial por los despidos en el sector privado que el año pasado llegaron a un promedio mensual de 30 mil por “necesidades de la empresa”. Se advierte tardanza en la creación de fuentes laborales formales, hay cesantes incorporados a la categoría de permanentes, muchos buscan trabajo por primera vez y se acrecienta la generación ni-ni.
Solo aumenta el trabajo por cuenta propia que está por sobre el 30%, cifra considerada histórica. La ocupación informal afecta la vida de muchos que no cuentan con previsión en salud, ni seguro de cesantía ni seguro por accidentes laborales y que más adelante quedarán fuera del sistema de pensiones. Pareciera que el empleo formal, estable y decente se hubiera convertido a estas alturas en un lujo al que cuesta mucho acceder.
A causa de la situación de la siderúrgica Huachipato dirigentes sindicales de la región del Bio Bio hablan de un “estallido laboral”, que en las actuales circunstancias hace mucha falta. En Cabildo, región de Valparaíso los trabajadores temen el cierre de la mina Cerro Negro. Al fin la CUT ha reaccionado ante este incierto panorama y anuncia un paro nacional para el 11 de abril, por entender que La Moneda hace lo posible por construir buenas relaciones con el empresariado, no así con los trabajadores.
Desde otro ángulo el ministerio de Salud viene de informar que en 2022 murieron 44 mil pacientes que se encontraban en listas de espera en hospitales públicos, lo que representa un 10% de aumento respecto del año anterior. Muchos jubilados mueren cada año esperando un mejoramiento sustancial de sus pensiones de hambre y también han fallecido numerosos profesores de edad avanzada a quienes se prometió el pago de la llamada deuda histórica.
Mientras por largo tiempo la casta política mantiene entrabados proyectos de ley que son clave para el gobierno, como la reforma a la previsión y la tributaria, la riqueza no se distribuye y muchas familias abrumadas por la pobreza y cuyo jefe de hogar permanece cesante no alcanzan a llegar con sus precarios presupuestos a fin de mes. A la vuelta de la esquina están los homicidios, asaltos, robos, secuestros, encerronas y portonazos.
El Estado ha despilfarrado cuantiosos fondos públicos en programas de fantasía como “calle sin violencia”, en fortalecer a las policías y en mantener a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que solo es capaz de corroborar y lamentar lo que ya ha sucedido. Ciertamente hay que buscar otras alternativas, que operen con eficacia y permitan el otorgamiento de recursos para lo que necesitan las mayorías empobrecidas.
“La delincuencia nos conmueve y nos ocupa, hay que mejorar las condiciones de seguridad de los chilenos”, dijo enfáticamente en Guatemala el presidente Boric, al ser informado de uno de los tantos hechos de sangre ocurridos en Santiago. Junto con ello, si con el mismo énfasis y el mismo interés se destinan las mismas cantidades de dinero a los requerimientos sociales del pueblo, se habrá avanzado significativamente en la lucha diaria contra el crimen organizado.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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