Diputada Musante critica al PSC por censura contra Karol Cariola y denuncia vulneración de derechos
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 5 segundos
La diputada independiente Camila Musante cuestionó duramente la censura impulsada por el Partido Social Cristiano (PSC) contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en el caso Sierra Bella. Musante criticó la postura del PSC, señalando que, pese a declararse como un partido provida, promovió una censura sin considerar que las diligencias judiciales se llevaron a cabo en un contexto en el que se vulneraron los derechos de Cariola, quien se encontraba en proceso de parto.
En primera instancia, la jefa de la bancada IND-PPD expresó su solidaridad con la diputada comunista, destacando que “ha existido una vulneración de derechos” debido a que el allanamiento se produjo mientras Cariola atravesaba el nacimiento de su hija. En esa línea, respaldó la decisión de la parlamentaria de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo sucedido.
Si bien Musante enfatizó que nadie está por sobre la ley y que las investigaciones deben continuar, advirtió que las diligencias no pueden vulnerar los derechos fundamentales, especialmente cuando involucran a infantes.
«Nos llama la atención que se presente esta censura por parte del PSC, un partido que abiertamente defiende la vida, que se denomina provida, pero que, sin embargo, promueve una censura sabiendo que estas diligencias de la investigación han vulnerado el contexto de parto en que estaba la diputada y presidenta de la Cámara», subrayó.
Asimismo, la parlamentaria descartó que la censura promovida por el PSC tenga fundamentos legítimos y sugirió que podría responder a un aprovechamiento político, aunque reafirmó su respeto por el trabajo del Ministerio Público y la justicia, siempre que se garantice el respeto a los derechos de las personas involucradas.
Este episodio ha generado controversia en el Congreso, donde la censura contra Cariola se enmarca en un clima de tensión política y pone en debate los límites entre la fiscalización judicial y el respeto a los derechos fundamentales de las autoridades en ejercicio.
