Dirigenta Mapuche Williche denuncia racismo y desinformación en el reconocimiento de espacios costeros Marinos
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La dirigenta mapuche-williche Yohana Coñuecar ha denunciado una creciente campaña de desinformación y racismo institucional contra los pueblos originarios en el proceso de reconocimiento de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Enfatiza que las votaciones en las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero (CRUBC) de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes han sido adversas a las comunidades indígenas debido a la injerencia de intereses empresariales.
Coñuecar, quien es vocera de la Red Mujeres Originarias por la Defensa del Mar e integrante de la CRUBC de la Región de Los Lagos, alerta sobre los peligros que estas decisiones representan para la biodiversidad y la cultura costera de los pueblos mapuche y kawésqar. A pesar de que el Tribunal Constitucional detuvo la suspensión de la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, la dirigenta advierte que las amenazas políticas y empresariales continúan, lo que requiere una vigilancia constante.
Desinformación y bloqueo a los ECMPO
Según Coñuecar, la desinformación impulsada por la industria salmonera ha generado rechazo hacia los ECMPO, difundiendo falsedades sobre su impacto en la pesca artesanal y el empleo local. Esto ha llevado a una polarización del debate y a ataques contra dirigentes que defienden estos espacios.
La composición de las CRUBC también es una preocupación para las comunidades, ya que en regiones como Los Lagos, 22 de los 54 miembros son alcaldes, lo que según la dirigenta, puede dificultar el reconocimiento de los derechos ancestrales debido a presiones políticas y económicas.
Un fallo constitucional, pero un futuro incierto
La reciente decisión del Tribunal Constitucional en favor de la Ley Lafkenche fue celebrada como una victoria parcial, pero Coñuecar insiste en que las comunidades deben mantenerse alertas. «No es fácil jugar con los derechos de los pueblos originarios», señaló, destacando que cualquier modificación legal debe contar con la participación de las comunidades afectadas.
La dirigenta advierte que los intentos de debilitar la Ley 20.249 continuarán, impulsados por sectores empresariales y políticos. «Las campañas contra la ley van a seguir con la misma intensidad. Los pueblos originarios hemos resistido antes y seguiremos haciéndolo», afirmó.
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad costera a permanecer alerta ante las decisiones políticas que pueden comprometer el acceso de las comunidades al mar y sus derechos consuetudinarios. «El enemigo no son las comunidades indígenas ni los pescadores artesanales, sino las políticas públicas que benefician a unos pocos en desmedro de nuestros derechos adquiridos», concluyó Coñuecar.
