Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile: “El proyecto de ley sobre uso de la fuerza pone en riesgo derechos básicos”
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A cinco años del estallido social de 2019, Chile sigue arrastrando deudas profundas en materia de derechos humanos. Así lo advierte Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile, en esta entrevista con El Clarín, donde analiza los desafíos que enfrenta el país en un contexto global marcado por el auge del autoritarismo, la crisis climática, la criminalización de la protesta y el avance de tecnologías de vigilancia sin regulación suficiente, temas centrales del último informe de Amnistía sobre La situación de los derechos humanos en el mundo.
Bustos aborda temas clave como el preocupante saldo judicial tras las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido, las amenazas contenidas en el proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza, los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, y el riesgo de normalizar discursos de odio. Además, advierte sobre la falta de avances en la protección de los defensores medioambientales y llama la atención sobre la necesidad de que Chile refuerce su compromiso con el sistema internacional de derechos humanos.
En un momento de tensiones políticas y sociales, esta conversación entrega un diagnóstico crítico y urgente sobre las prioridades que, según Amnistía Internacional, deberían estar al centro de la agenda pública y gubernamental.
Amnistía Internacional ha alertado sobre una crisis global de derechos humanos agravada por el llamado “efecto Trump”. ¿Cómo se manifiestan estas tendencias autoritarias y regresivas en América Latina y, en particular, en Chile?
En primer lugar, consideramos que los retrocesos no se pueden adjudicar solo a los primeros 100 días de gobierno del presidente Trump. Desde hace años, hemos presenciado la insidiosa propagación de prácticas autoritarias entre Estados de todo el mundo, fomentadas por aspirantes y dirigentes en ejercicio de diversos países. Pero, sin duda, el llamado “efecto Trump” ha implicado una intensificación de esas tendencias nefastas. En América Latina las prácticas autoritarias han aumentado por ejemplo con la represión a las protestas en Argentina, las leyes anti ONG en Paraguay y Perú, las vulneraciones libertades individuales en El Salvador. A todo ello se suma el agravamiento de la persecución a las disidencias en países como Nicaragua y Venezuela. En Chile, hasta ahora estas tendencias se han observado especialmente en algunas narrativas de candidatos y candidatas en el contexto del proceso eleccionario de este año.
Uno de los temas centrales del informe es la represión a la disidencia y a las voces críticas. ¿Cuál es el diagnóstico que hace Amnistía sobre el derecho a la protesta en Chile desde el estallido social de 2019 hasta hoy?
En 2024 se cumplieron 5 años desde el estallido social, periodo en el que se cometieron las violaciones a los derechos humanos más graves desde el fin de la dictadura. Amnistía Internacional las considera graves y generalizadas y el Estado de Chile tiene el deber ineludible de avanzar en verdad, justicia, reparaciones integrales y garantías de no repetición.
A 5 años y medio del estallido social, existe un total de 10.142 casos que se investigan por delitos de violencia institucional correspondientes a este período. Sin embargo, solo han habido 59 sentencias condenatorias. Con esto, el balance es que tan solo en el 0,6% de las mismas se concluyó la investigación, se acreditaron los hechos y se castigó a los perpetradores. Esto configura un escenario de escandalosa impunidad e instamos al Estado de Chile a adoptar todas las medidas para revertirlo.
Desde Amnistía Internacional hemos señalado además que la responsabilidad penal individual no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que debe investigarse toda la línea de mando.
Por eso valoramos como un hito trascendental para Chile y la región que en octubre pasado se haya formalizado a los generales Yáñez, Rozas y Olate, quienes ostentaban puestos claves en Carabineros y sabemos que hay fundamento para afirmar que no adoptaron medidas para impedir que tantas personas que se manifestaban vieran sus vidas truncadas.
En el plano legislativo, ¿qué riesgos identifica Amnistía en el proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza (RUF) impulsado por el gobierno de Gabriel Boric?
Lo primero es señalar que inicialmente era una buena iniciativa del Gobierno enviar un proyecto de ley que estableciera las reglas del uso de la fuerza por ley. Sin embargo, ese proyecto se está desvirtuando en la tramitación legislativa y ahora contiene diversos posibles peligros para los derechos humanos. Destacamos especialmente dos: la eliminación del principio de proporcionalidad como uno de los requisitos para el uso de la fuerza y la posibilidad de utilizar fuerza letal para proteger bienes. Todo ello no solo es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, sino que incluso está por debajo de lo establecido actualmente en los propios protocolos y circulares de Carabineros de Chile.
¿Cómo evalúan el rol de las fuerzas policiales en Chile frente a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en el contexto de protestas y detenciones?
En relación a cómo actuaron las fuerzas policiales durante el estallido social, desde Amnistía Internacional afirmamos que existieron graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que se cometieron con la intención deliberada de dañar y castigar a quienes se manifestaban.
En términos generales, consideramos que para avanzar en estas materias es imprescindible que se realice una reforma estructural y profunda a las policías, además de establecer una regulación del derecho de reunión a través de una ley que sea coherente a los estándares internacionales de derechos humanos. Cabe recordar que aún en Chile en esa materia sigue vigente el Decreto Supremo 1.086 de 1983.
El informe menciona un retroceso en los derechos de mujeres, niñas y personas LGBTI en muchos países. ¿Qué avances y desafíos ve en Chile en estos temas?
Por un lado, en materia de derechos sexuales y reproductivos, persisten graves barreras para acceder a los servicios de aborto en los establecimientos públicos de salud. Sin embargo, nos parece grave que el gobierno aún no haya cumplido el compromiso asumido por el Presidente Boric de ingresar un proyecto de ley sobre aborto legal, anunciado en junio del año pasado. Es deber del Estado resolver esta demanda histórica de organizaciones feministas y de derechos humanos, que tiene como único objetivo garantizar la integridad y autonomía de mujeres, niñas y personas que gestan embarazos no deseados o que ponen en riesgo sus vidas. Es urgente una discusión que ponga al centro los hechos, cifras y derechos.
En cuanto a los derechos de las niñeces y adolescencias, la evidencia advierte un incremento sostenido de la violencia psicológica, sexual y digital, así como una persistente cifra fantasma que impide elaborar respuestas efectivas. Una cultura respetuosa de los derechos humanos pasa necesariamente por poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro. A esto se suma el aumento de discurso de odio que lo único que hace es aumentar la discriminación y ataques a personas o grupos por su identidad, raza, religión, nacionalidad, género, ascendencia, orientación sexual, discapacidad u otra condición social. Estos discursos pueden y deben evitarse. Expresar mensajes de odio debe ser foco de observación y alerta y tomar las medidas necesarias para combatirlos.
La criminalización de la solidaridad con Palestina aparece como tendencia global. ¿Se ha detectado en Chile algún tipo de represión, censura o estigmatización hacia quienes manifiestan apoyo al pueblo palestino?
En términos generales no ha habido en Chile una represión a quienes se manifiestan contra el Genocidio que se viene cometiendo por parte del Estado de Israel como ha sucedido en países de Europa y en Estados Unidos. Lo que sí también ha sucedido es que ha habido voces de algunos políticos que intentan señalar que los cuestionamientos a Israel se deberían a un supuesto anti semitismo. Ante ese tipo de afirmaciones hay que ser claros. El anti semitismo debe ser tomado en serio pues la Convención contra el Genocidio surgió en parte precisamente como consecuencia de las atrocidades cometidas en el Holocausto. Hoy hay un Genocidio en curso por parte del Estado de Israel y la comunidad internacional debe actuar para frenarlo.
La crisis climática es uno de los factores que pone en peligro a las futuras generaciones. ¿Qué evaluación hace Amnistía del compromiso y la acción climática del Estado chileno?
Son varias las deudas pendientes que el Estado de Chile tiene en relación a la justicia climática y todo lo que implica. Por un lado, el Estado tiene la obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Hoy, a casi 6 meses de su desaparición, exigimos y seguiremos exigiendo que se hagan todos los esfuerzos para encontrar a Julia Chuñil. No podemos tolerar más ataques ni amenazas contra quienes alzan la voz en defensa del planeta. Es por esto que resulta fundamental avanzar en la tramitación del proyecto de ley que busca garantizar esta protección, es urgente y debe priorizarse sin lugar a dudas.
Es por esto que los gobiernos, tanto el de Chile como el del resto del mundo, deben adoptar de inmediato medidas urgentes para proteger a las personas y comunidades de los peligros y efectos del cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas.
Por otro lado, los gobiernos y las empresas deben tomar medidas urgentes y sostenidas para abandonar de forma gradual y equitativa los combustibles fósiles y proteger los derechos humanos frente al calentamiento global que ya está integrado en el sistema climático y cuyo impacto recae directamente en el derecho a la vida, la salud, la vivienda, la alimentación y otros, ya que la proliferación de sequías y desastres no naturales causará daños importantes.
La vigilancia digital y el uso de tecnologías con sesgo discriminatorio están creciendo. ¿Existe preocupación por el uso de inteligencia artificial y tecnologías de control en Chile sin suficientes regulaciones?
Amnistía Internacional siempre se ha preocupado por una aplicación regulada de la implementación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial que vele por los derechos humanos en todo el mundo. Además de llamar a acciones para abordar el dominio de las grandes empresas tecnológicas y avanzar hacia una Internet más respetuosa de los derechos humanos en Chile y el mundo.
En Chile durante 2024 se implementó la tecnología de reconocimiento facial con fines policiales sin que se hubieran establecido unos marcos normativos expresos y claros que delimitaran su uso, lo cual es preocupante y podría recaer en un aumento de la discriminación.
También se aprobó un proyecto de ley dirigido a regular la recopilación de datos personales cuya aplicación estaba pendiente. Estaremos haciendo seguimiento para evitar que se incurra en retrocesos para la ciudadanía.
Además, en diciembre se aprobaron varias enmiendas a la legislación antiterrorista que permitían la implantación de tecnología para interceptar mensajes, llamadas y metadatos y realizar operaciones de georreferenciación masiva, sin que se hubieran establecido salvaguardias adecuadas sobre el uso de esa tecnología y el acceso a ella.
En el contexto del desmantelamiento del multilateralismo, ¿cómo puede Chile contribuir a la defensa del sistema internacional de derechos humanos desde su política exterior?
Creemos que el Estado de Chile ha tenido a nivel internacional una política de defensa de los principios del Multilateralismo y la protección de los derechos humanos. Eso es valorable sin duda. Consideramos que el Gobierno debe ser parte de toda acción de articulación con otros países que defienden los mismos principios en este momento de máxima fragilidad del sistema construido post segunda guerra mundial.
Finalmente, ¿cuáles son las prioridades más urgentes que Amnistía Internacional plantea hoy para el Estado chileno en materia de derechos humanos?
De todo lo anterior, ningún asunto es más prioritario que otro, es decir, el enfoque y avance en derechos humanos debe ser parte de las responsabilidades ineludibles del gobierno de manera transversal y esperamos que en este último año pueden cumplir con sus promesas y no permitir ningún retroceso más.
