Artur Romeu, director regional de Reporteros sin Fronteras: “El modelo mediático chileno reproduce exclusión y concentración
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En un escenario marcado por la erosión democrática y el avance de fuerzas autoritarias, la libertad de prensa en América Latina enfrenta amenazas cada vez más diversas y complejas. A la violencia directa que sufren periodistas en países como México, Colombia y Haití, se suman factores estructurales como la concentración de los medios, la precariedad laboral y el uso discrecional de la publicidad estatal. Chile, aunque aún alejado de los niveles de agresión registrados en otras naciones, muestra señales preocupantes que requieren atención y respuesta.
Para profundizar en este panorama, El Clarín conversó con el periodista brasileño Artur Romeu, director regional de Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización internacional con larga trayectoria en la defensa de la libertad de prensa. En esta entrevista, Romeu analiza el contexto latinoamericano, detalla los riesgos emergentes para el ejercicio del periodismo y plantea la necesidad de políticas públicas que fortalezcan el pluralismo informativo, el acceso a medios diversos y la protección efectiva de periodistas. Sus palabras dibujan un mapa urgente de desafíos, pero también de posibles caminos para defender un derecho fundamental de toda sociedad democrática.
Chile ha caído 17 puestos en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025, uno de los retrocesos más graves de la región. ¿Qué explica esta caída tan abrupta y qué señales deberían encender las alarmas en la sociedad chilena?
Tenemos que relativizar la baja de 17 puestos en la clasificación de Chile, considerando que en el año anterior, entre 2023 y 2024, Chile tuvo una progresión acentuada de 31 posiciones. Había mucha expectativa en torno a la realización de la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa de la UNESCO en 2024, y también con el nivel de centralidad que el gobierno le dio a la agenda de libertades en el país.
Entonces, ahora con la baja de 17 puestos, yo diría que hay una especie de regreso a un punto de equilibrio en la posición de Chile en la clasificación. También hay que señalar que Chile es el sexto país mejor posicionado en América Latina. Si miramos solamente a nivel regional, aunque la situación general de Chile aparezca como problemática, no está entre los países peor clasificados. Está en el puesto 69, lo que representa, dentro de América Latina, el sexto lugar.
Quizás un punto de atención importante es que la estructuración de la puntuación del Índice Mundial de Libertad de Prensa se compone de cinco indicadores: el político, económico, legislativo, social y de seguridad. Cada indicador captura una percepción distinta sobre las condiciones para ejercer el periodismo con independencia editorial. El peor indicador de Chile es el sociocultural.
¿Qué tipo de elementos se miden en este indicador? Para ilustrar algunos puntos:
- La percepción sobre la confianza en los medios por parte de la ciudadanía chilena.
- La percepción sobre el volumen e intensidad de campañas de odio y desprestigio contra periodistas.
- La percepción sobre la pluralidad de voces en el espacio público: si está representado o no el pluralismo en el ecosistema informacional.
- Y también la percepción sobre aspectos relacionados con la autocensura en la cobertura de temas sensibles, como el crimen organizado, delitos ambientales, derechos humanos, autoridades públicas o empresarios poderosos.
Esos son algunos elementos que capta el indicador sociocultural, que es el que aparece como el peor posicionado en Chile, entre los cinco.
En México, ejercer el periodismo es un acto de alto riesgo, con decenas de periodistas asesinados cada año. ¿Qué hace falta en países como México para romper con esta espiral de violencia e impunidad?
La situación de México es absolutamente singular, en el sentido de que es uno de los países más violentos del mundo para el ejercicio del periodismo, con una de las cifras más altas de periodistas asesinados. Es, seguramente, el país donde más se mata a periodistas sin que exista un conflicto armado abierto.
No es algo reciente: estamos hablando de una intensificación de los asesinatos desde al menos el año 2010. El país ha desarrollado un conjunto de políticas públicas para fortalecer la protección a periodistas, como mecanismos de protección, fiscalías especializadas, comisiones de atención y otras respuestas emergenciales. Es un tema considerado en la agenda de derechos humanos del gobierno mexicano, pero con poca eficacia, sobre todo en algunos estados específicos.
Hay un conjunto de estados como Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Veracruz que son especialmente complejos para ejercer la profesión. En ellos hay una fuerte presencia del crimen organizado, pero sobre todo una dinámica de narcopolítica, en la que los cárteles actúan de la mano con el poder político local.
Todo esto dificulta frenar la violencia. RSF viene trabajando en cooperación con el gobierno mexicano para buscar mecanismos de respuesta que pasan, sobre todo, por una protección más eficaz y por el fortalecimiento del acceso a la justicia. En la gran mayoría de los casos, los responsables de la violencia contra la prensa no son llevados ante la justicia, y eso crea un ciclo vicioso de impunidad.
México debe seguir demostrando voluntad política para que la protección de periodistas no sea responsabilidad exclusiva de un solo órgano del Estado, sino una prioridad transversal para todas las instituciones públicas, tanto a nivel federal como —y sobre todo— en los estados. Hay una necesidad urgente de respuestas localizadas y regionalizadas que frenen la violencia contra periodistas. Aunque hay una crisis de seguridad pública generalizada, los periodistas en México son un blanco específico.
RSF ha señalado que los ataques contra la prensa no provienen solo del crimen organizado, sino también de los propios gobiernos. ¿Qué rol juegan los discursos estigmatizantes de líderes como Donald Trump o Javier Milei en el deterioro global de la libertad de prensa?
Los discursos estigmatizantes son un aspecto central que afecta el ejercicio del periodismo. Es importante que quede claro que estos discursos no son hechos aislados ni características personales de algunos líderes, sino parte de estrategias políticas bien definidas por líderes de varios países del mundo.
Estigmatizar a la prensa cumple objetivos muy claros: el primero es movilizar la base electoral mediante una lógica de polarización. Atacar a periodistas y medios es muy efectivo para mantener movilizadas a las bases de líderes populistas. El segundo objetivo es disminuir el nivel de escrutinio público. Cuando se ataca al mensajero, ya no se responde a los hechos que los medios están denunciando.
Transformar a los periodistas en enemigos del Estado o del pueblo no es algo aleatorio: tiene un propósito político claro y es parte de una estrategia compartida por varios líderes. En América Latina, Javier Milei es un ejemplo claro: hace poco dijo que las personas no odian suficientemente a los periodistas. Esa declaración es ejemplar.
Pero también tenemos a Ortega en Nicaragua, Petro en Colombia, y Bukele en El Salvador, que demuestran que esta estrategia no responde a un único espectro político, sino a un estilo de gobernar basado en la polarización.
En Chile no vemos ataques frontales desde el poder político como en otros países, pero existe una concentración extrema de la propiedad de los medios y de los contenidos. ¿Crees que esto configura una amenaza democrática comparable?
Sí, seguramente. La concentración extrema de la propiedad de los medios es uno de los enfoques del índice de Reporteros Sin Fronteras. De hecho, el indicador económico —uno de los cinco indicadores del índice— incluye preguntas específicamente asociadas a la percepción sobre los impactos de la concentración de la propiedad de los medios.
Este indicador ha bajado en casi todos los países de América Latina y, más ampliamente, del continente americano e incluso del mundo. Por eso, RSF ha puesto este año especial énfasis en esa temática, no tanto en la concentración de medios aisladamente, sino en los impactos y efectos de las presiones económicas sobre el periodismo.
En el caso de Chile, el segundo peor indicador es precisamente el económico. También hay que añadir que el peor indicador —el sociocultural— capta información sobre la confianza en los medios por parte de la sociedad y sobre la percepción del pluralismo de voces en el espacio público.
Chile tiene malos resultados en temas como la percepción del pluralismo y la concentración de medios, lo cual constituye una amenaza para la libertad de prensa. Uno de los factores que deben ser abordados es la promoción de un ecosistema informativo más plural y diverso, donde más voces puedan formar parte del debate público y donde exista mayor sostenibilidad financiera para medios independientes, pequeños y no solamente los grandes conglomerados.
¿Qué rol puede y debe jugar el Estado en corregir esta situación? ¿Es posible, desde el Estado, promover la diversidad informativa sin vulnerar la libertad de prensa?
Sí, absolutamente. De hecho, este es uno de los grandes temas en disputa en el continente americano y a nivel global. Hay una corriente de pensamiento que plantea que, para proteger la libertad de prensa, el Estado no debe involucrarse en nada vinculado al ecosistema informativo. Pero hay otra mirada, que también tiene mucho respaldo normativo, tanto de organismos multilaterales como del sistema interamericano de derechos humanos, que indica que los Estados deben tener un rol activo, siempre y cuando sea bajo criterios de transparencia, pluralismo, rendición de cuentas y respeto irrestricto a los derechos humanos.
En este sentido, hay ejemplos positivos en América Latina, como Colombia, que acaba de aprobar una política pública para la promoción de medios comunitarios, indígenas y alternativos. También Uruguay ha dado pasos para redistribuir la publicidad oficial con criterios más transparentes y equitativos, o Argentina, que en distintos momentos ha aplicado políticas de fomento a medios comunitarios y cooperativos.
En el caso de Chile, existe una agenda de medios que fue priorizada por el gobierno, pero que tuvo dificultades para avanzar. La creación de un fondo de fomento a medios independientes y regionales, o una política de comunicación para democratizar el avisaje estatal, son propuestas legítimas que no solo no vulneran la libertad de prensa, sino que la fortalecen.
Es importante distinguir entre promover el pluralismo y controlar los contenidos. Lo primero es necesario en democracia; lo segundo es propio de regímenes autoritarios.
En muchas partes del continente, como Colombia o México, el crecimiento del crimen organizado se ha transformado en una amenaza directa a la libertad de prensa. ¿Está ocurriendo algo similar en Chile?
Hay que tener cuidado con las generalizaciones. El crimen organizado está en expansión en toda América Latina, pero con características muy distintas en cada país. En el caso de Chile, no se ha identificado hasta ahora un patrón sistemático de ataques contra periodistas por parte del crimen organizado, como sí ocurre en México, Colombia o Haití, donde existe un patrón de violencia letal y amenazas directas.
Pero eso no significa que no haya riesgos. Lo que vemos en países donde el crimen organizado ha avanzado más, como Brasil o Paraguay, es que los primeros afectados son los periodistas que cubren temas locales: corrupción, narcotráfico, poder político y negocios ilegales. Por eso es fundamental estar alerta y fortalecer las medidas de protección preventiva, incluso antes de que se produzcan hechos graves.
En Chile ya se han detectado señales preocupantes, como amenazas a reporteros que investigan crimen organizado o violencia en zonas donde hay disputas territoriales. Casos emblemáticos, además del asesinato de Francisca Sandoval, que ha sido seguramente un marco en ese sentido en Chile, pero también el tema de la cobertura de las manifestaciones y las protestas sociales en que la represión de los carabineros ha sido muy fuerte y no hay protocolos adaptados o al menos esos protocolos no son respetados por parte de las fuerzas de seguridad. Lo importante es no esperar a que la violencia se dispare para tomar medidas. La experiencia regional muestra que es mucho más efectivo actuar a tiempo que reaccionar cuando ya es demasiado tarde.
Finalmente, ¿qué papel pueden jugar los propios medios, periodistas y la sociedad civil en revertir este deterioro de la libertad de prensa?
El papel de los medios y periodistas es absolutamente central. Si bien hay responsabilidades que corresponden al Estado, también hay un rol muy relevante para el propio sector. En primer lugar, fortalecer el periodismo independiente, de calidad y con sentido público. En segundo lugar, construir alianzas: hoy en día, muchas de las investigaciones más relevantes se hacen de forma colaborativa, entre medios y periodistas de distintos países o regiones. Esa es una estrategia muy eficaz para protegerse, compartir recursos y aumentar el impacto.
Además, hay que reforzar las redes de solidaridad y apoyo entre periodistas. Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión, los gremios, los colectivos y redes informales son fundamentales para visibilizar los problemas, acompañar a quienes están en riesgo y presionar por respuestas.
Y, por supuesto, la sociedad civil tiene un rol crucial. La libertad de prensa no es solo un asunto de periodistas: es un derecho de toda la ciudadanía. Defender el derecho a estar informado, exigir pluralismo, apoyar a los medios independientes, denunciar la censura y la violencia, todo eso forma parte de una ciudadanía activa y comprometida con la democracia.
En un contexto global de retroceso democrático, con gobiernos autoritarios, concentración de poder y desinformación, el periodismo libre, diverso y ético es más necesario que nunca. Y eso requiere el compromiso de todos: periodistas, medios, autoridades y sociedad civil.
Paul Walder
Felipe Portales says:
RSF sobreestima la libertad de expresión en Chile al colocarlo 69 de 180 en el mundo en su ranking. En nuestro país, producto de las políticas «exterminadoras» de medios de centro-izquierda desarrolladas por los gobiernos de la Concertación entre 1990 y 2010, tenemos hoy virtualmente un diario y un canal de TV abierto en términos de sus orientaciones en favor del modelo neoliberal impuesto por la dictadura y legitimado, consolidado y profundizado por la Concertación. Y también la inmensa mayoría de las radios están en manos de grandes grupos económicos…