Cámara aprueba nueva Ley Integral de Adopción tras 12 años de tramitación: solo falta su promulgación
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La nueva normativa garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia —cualquiera sea su composición— que les entregue afecto y cuidados, priorizando su interés superior y reconociendo su derecho a la identidad y a conocer sus orígenes.
Tras doce años de discusión legislativa, el Congreso Nacional aprobó este martes en su último trámite el proyecto de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile (boletín 9119). La nueva ley, que será enviada al Presidente Gabriel Boric para su promulgación, moderniza de forma sustantiva el marco normativo sobre adopción, alineándose con la legislación actual sobre derechos de la niñez y adolescencia.
El proyecto, que inició su tramitación en octubre de 2013, incorpora más de 400 modificaciones propuestas durante el extenso debate parlamentario, adaptándose a normativas recientes como la Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez. Su eje principal es el interés superior del niño, niña o adolescente (NNA), reconociendo su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le proporcione afecto, cuidados y protección, sin importar su estructura o composición.
Principales avances de la nueva ley
Uno de los aspectos más destacados es que la familia de origen no podrá ser descartada por motivos económicos, ni por razones que impliquen discriminación arbitraria. La declaración de adoptabilidad se considera como una medida subsidiaria, debiendo privilegiarse primero mecanismos que fortalezcan el entorno familiar original del NNA.
Además, la ley garantiza el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído en todas las etapas del proceso de adopción. Si expresa una preferencia respecto a la familia adoptante, esta debe ser considerada por el juez. También se asegura representación jurídica especializada, gratuita e independiente para todos los NNA involucrados en estos procesos.
Otro punto clave es el reconocimiento del derecho a la identidad. Los NNA adoptados tendrán el derecho a conocer su historia, su origen biológico y la identidad de sus progenitores y hermanos. Esto refuerza una visión integral de la adopción, que no se limita a la inserción en un nuevo núcleo familiar, sino que también respeta la historia personal y los vínculos originales del adoptado.
Acortar plazos, proteger derechos
Uno de los grandes problemas del sistema anterior era la excesiva duración de los procesos. En muchos casos, la adopción podía tardar hasta ocho años. La nueva ley busca acortar los plazos a un máximo de dos años, reduciendo las intervenciones previas y agilizando los procedimientos judiciales.
Además, se contempla que las familias de acogida puedan solicitar la adopción del menor si este ha vivido con ellas de forma continua durante al menos 18 meses. Esta medida apunta a brindar estabilidad emocional al NNA y evitar tránsitos innecesarios entre hogares.
Tipos de adopción y nuevas regulaciones
La nueva normativa también regula el procedimiento de adopción por integración, permitiendo que el cónyuge o conviviente civil (o de hecho) de un progenitor pueda adoptar al hijo o hija que este tenga bajo su cuidado, si el otro progenitor no ha mantenido contacto regular durante al menos dos años consecutivos.
Asimismo, la ley establece un marco para la adopción por cesión voluntaria, que puede ser solicitada por la madre gestante antes del nacimiento o hasta 18 meses después. Este proceso podrá ser revertido, ya que la retractación es un derecho irrenunciable de los progenitores.
Un cambio estructural
La Ley Integral de Adopción representa un cambio estructural que pone a los niños y niñas en el centro del sistema, y no al proceso judicial o a los adoptantes. Con esta legislación, Chile avanza hacia un modelo más justo, humano y respetuoso de los derechos de la infancia, acorde con los estándares internacionales.
Tras su promulgación, comenzará un proceso de implementación que implicará la actualización de protocolos, capacitación de funcionarios y la adecuación del sistema judicial y administrativo a la nueva realidad legal. Con ello, se espera garantizar a cada niño y niña en situación de adoptabilidad una respuesta digna, oportuna y centrada en su bienestar integral.
