A nueve meses de la desaparición de Julia Chuñil: denuncian retrocesos en derechos humanos y ambientales en Chile

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Este 7 de agosto, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, cinco organizaciones integrantes del Espacio Día a Día por Julia Chuñil —la Comisión Ética Contra la Tortura, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Centro Ecocéanos y la Plataforma Chile Mejor sin TLC— presentaron un informe ante la prensa y la opinión pública que advierte sobre graves retrocesos en derechos humanos, sociales y ambientales en Chile.

El documento, de 15 páginas y anexos, fue enviado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en el marco de su 78º periodo de sesiones. Entre sus conclusiones, denuncia la profundización del modelo extractivista bajo el argumento de la “transición energética”, la criminalización de la protesta social y la falta de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente en contextos indígenas.

A días de cumplirse nueve meses de la desaparición forzada de la lideresa mapuche Julia Chuñil Catricura, presidenta de su comunidad en Máfil, las organizaciones alertan que el Estado no ha entregado respuestas efectivas. Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH no han derivado en una búsqueda real ni en garantías de justicia, lo que, afirman, refleja una desprotección estructural hacia mujeres indígenas defensoras de sus territorios.

El informe cuestiona además la Estrategia Nacional del Litio, señalando que más del 70% de los salares ha sido declarado explotable sin consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. También denuncia leyes como la Naín Retamal y la Ley Antiterrorista, que —según las organizaciones— facilitan el uso excesivo de la fuerza estatal. Se advierte sobre la persistencia de zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví y Calama, la privatización del agua, y el avance de proyectos mineros y energéticos que amenazan ecosistemas frágiles.

Otro punto crítico es la salmonicultura, señalada como una de las mayores amenazas para la biodiversidad de la Patagonia. El informe contabiliza 81 muertes de trabajadores —principalmente buzos— entre 2013 y 2025, junto al uso masivo de antibióticos y la contaminación severa de ecosistemas marinos.

Voceros como Lucía Sepúlveda (MAT y Chile Mejor sin TLC), Juana Aguilera (Comisión Ética Contra la Tortura) y Juan Carlos Cárdenas (Centro Ecocéanos) coincidieron en denunciar una política estatal que favorece la impunidad y debilita las resistencias territoriales, mientras se impulsan leyes que criminalizarían a organizaciones sociales, defensores ambientales y periodistas.

Lucía Sepúlveda manifestó: “En estas horas queremos pujar para que nazca la Verdad y Justicia, tras 9 meses de la desaparición de Julia Chuñil, defensora ambiental, territorial y de los derechos de su pueblo en Máfil, en su comunidad rural. Como organizaciones que somos parte del Espacio Día a Día por Julia Chuñil, hemos elaborado un informe para el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Lo ocurrido a Julia Chuñil está en el marco de la regresión en materia de derechos humanos y ambientales en Chile, por nuevas leyes como la Naín Retamal que permiten la impunidad de quienes violan los derechos de los pueblos, por ejemplo con el cierre de las causas por la revuelta Popular. Enfatizamos además que el gobierno, que firmó el Acuerdo de Escazú, debe cumplir su deber de defender a los defensores ambientales.”

Agregó que el Estado presenta a nivel internacional cosas supuestamente hermosas como la transición energética y las Leyes de Cambio Climático, “pero nosotros hablamos de sus impactos en los territorios. Porque esta descarbonización le sirve al Norte Global, pero no está pensada para Chile. Respecto de las zonas de sacrificio, contamos que en la práctica ni siquiera se están aplicando los Planes de Descontaminación en Quintero-Puchuncaví y Calama. Mencionamos los impactos del proyecto Rucalhue y del modelo forestal en el pueblo pewenche gravemente afectados por este tipo de proyectos inconsultos que van contra sus derechos y contra los principios del derecho internacional de derechos humanos. “

Para Juana Aguilera “hay una omisión del estado respecto a las acciones empresariales tanto nacionales como extranjeras, que no se hacen cargo del daño que dejan en el medio ambiente y las personas… Esta fractura social termina con la vida de muchas personas, que precarizadas o urgidas tienen que trabajar en condiciones adversas donde muchas veces pierden la vida”.

Por su parte, Juan Carlos Cárdenas manifestó preocupación por lo que considera “una nueva fase de asalto a los territorios, a los recursos naturales y comunidades locales en un contexto en el que se apunta a eliminar todo tipo de resistencia social”.

Las organizaciones exigen al Estado implementar medidas urgentes de reparación y protección, así como cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y ambientales.

El Clarín de Chile