Expulsiones y espectáculo: las dudas que abre la política migratoria del gobierno
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La política migratoria del gobierno de José Antonio Kast comenzó a tomar forma visible esta semana con el primer vuelo de expulsión de migrantes en situación irregular. El operativo —que incluyó la salida de 40 personas, en su mayoría ciudadanos colombianos, bolivianos y ecuatorianos— fue presentado como una señal concreta de cumplimiento de una de las principales promesas de campaña: reforzar el control fronterizo y endurecer las medidas contra la irregularidad.
Pero lejos de cerrar el debate, la acción abrió una nueva controversia. Diversas organizaciones sociales, entre ellas la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, cuestionaron tanto el fondo como la forma del procedimiento, advirtiendo riesgos en materia de derechos humanos y acusando una posible instrumentalización política del tema migratorio.
El contexto no es menor. El anuncio de las expulsiones se produce apenas días después de una cadena nacional en la que el Ejecutivo presentó su Plan de Reconstrucción Nacional, una iniciativa que ya enfrentaba críticas desde distintos sectores de la oposición. Para las organizaciones firmantes del comunicado, la coincidencia temporal no sería casual: interpretan el despliegue del operativo como una maniobra comunicacional orientada a desviar la atención del debate económico.
Más allá de esa lectura política, el foco principal de las críticas apunta a la legalidad y legitimidad del procedimiento. Según la información oficial, de las 40 expulsiones realizadas, 15 corresponden a decisiones judiciales vinculadas a delitos como robo, tráfico de drogas o porte de armas, mientras que las otras 25 serían de carácter administrativo. Es precisamente en este último grupo donde se concentran las dudas.
El comunicado advierte que no existe claridad sobre las causales específicas que justifican esas expulsiones administrativas, lo que abre interrogantes sobre el respeto a las garantías básicas de debido proceso. En el derecho internacional, la diferencia no es trivial: mientras las expulsiones judiciales derivan de condenas penales, las administrativas deben cumplir estándares estrictos de revisión individual y derecho a defensa.
Y ahí aparece uno de los puntos más sensibles: la obligación de evaluar cada caso de manera individual.
Chile es parte de tratados internacionales que establecen límites claros a la potestad del Estado en materia migratoria. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya interpretación por parte de la Corte Interamericana ha sido consistente: los Estados pueden regular la migración, pero no a costa de vulnerar derechos fundamentales.
Uno de esos principios es el de no devolución, conocido como non-refoulement. Este establece que ninguna persona puede ser expulsada a un país donde su vida o libertad estén en riesgo. Se trata de una norma considerada imperativa en el derecho internacional, es decir, no admite excepciones.
En ese marco, la ausencia de información sobre si las personas expulsadas solicitaron asilo, o si se evaluaron posibles riesgos en sus países de origen, resulta particularmente problemática. Sin esa verificación, advierten las organizaciones, el procedimiento podría entrar en conflicto con obligaciones internacionales asumidas por el Estado chileno.
Otro elemento crítico es la posible configuración de expulsiones colectivas. La normativa internacional es clara en este punto: no basta con agrupar a personas bajo una misma categoría administrativa. Cada caso debe ser analizado de forma individual, considerando factores como el arraigo familiar, la situación personal o eventuales riesgos al retorno.
La duda, entonces, no es solo jurídica, sino operativa: ¿es posible garantizar ese nivel de revisión en procedimientos masivos como vuelos colectivos de expulsión?
A esto se suma una dimensión práctica que tensiona el discurso oficial. El gobierno ha anunciado la realización de tres vuelos mensuales y la utilización de un presupuesto cercano a los 4.000 millones de pesos para este tipo de operativos. Sin embargo, las propias limitaciones diplomáticas —como la imposibilidad de concretar expulsiones hacia Venezuela debido a la ruptura de relaciones— evidencian que la política migratoria no depende exclusivamente de decisiones internas.
Más aún, los datos históricos relativizan el impacto del anuncio. Las cifras de expulsiones en años recientes no muestran un salto significativo, lo que sugiere que, más que un cambio estructural, podría tratarse de una continuidad con mayor visibilidad mediática.
Ese punto es central para entender la crítica de fondo: la idea de que la política migratoria se está utilizando como herramienta simbólica.
Las organizaciones advierten que este tipo de medidas, cuando se presentan en clave de espectáculo —con énfasis en operativos, cifras y despliegue— pueden contribuir a reforzar percepciones negativas sobre la población migrante, alimentando fenómenos como la xenofobia o el racismo.
El riesgo, plantean, es que se termine confundiendo el legítimo combate a la delincuencia con una política general hacia la migración, afectando a comunidades completas y no solo a individuos que han cometido delitos.
En ese sentido, el debate trasciende la coyuntura. No se trata únicamente de si las expulsiones son necesarias o no, sino de cómo se implementan y bajo qué estándares. La tensión entre seguridad y derechos humanos no es nueva, pero adquiere una relevancia particular en contextos de alta sensibilidad social y política.
El desafío para el gobierno, entonces, es doble. Por un lado, demostrar eficacia en el control migratorio y en la respuesta a la delincuencia. Por otro, asegurar que esas acciones se ajusten plenamente a los compromisos internacionales y a las garantías fundamentales que rigen en un Estado de derecho.
Porque, como advierte el propio comunicado, ninguna política pública —por urgente o popular que sea— puede justificar la vulneración de normas básicas del derecho internacional.
Y en ese equilibrio delicado, más que los anuncios, lo que estará en juego es la credibilidad.
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