Rebajas para pocos, costos para todos: las alertas tras la reforma tributaria de Kast
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El gobierno de José Antonio Kast ha presentado su propuesta de reforma tributaria como el motor que permitirá reactivar la economía, aumentar la inversión y generar empleo. Bajo el paraguas del llamado “Plan de Reconstrucción Nacional”, la iniciativa promete crecimiento y estabilidad.
Pero detrás del discurso optimista, una minuta técnica de 18 páginas —que analiza en detalle sus efectos económicos— plantea una advertencia inquietante: el proyecto podría convertirse en una de las reformas más regresivas de las últimas décadas en Chile.
La crítica no es menor. Y tampoco es ideológica en el sentido superficial del debate político. Es, sobre todo, fiscal, distributiva y estructural.
Una reforma que reduce ingresos… masivamente
El primer dato es contundente: la reforma implicaría una pérdida de ingresos fiscales cercana a los 4.400 millones de dólares anuales, equivalente a un 1,2% del PIB. Para dimensionarlo, es un monto similar al presupuesto completo de áreas clave del Estado o incluso superior al gasto en seguridad pública y justicia.
¿El argumento del gobierno? Que esa rebaja de impuestos incentivará la inversión, el crecimiento y, eventualmente, compensará la caída de ingresos.
El problema —según el análisis— es que esa promesa no tiene respaldo sólido. No existe evidencia clara de que reducciones de impuestos de esta magnitud generen un efecto suficiente para compensar la pérdida fiscal. De hecho, para que eso ocurriera, la economía chilena tendría que crecer a niveles cercanos al 7% anual durante varios años. Un escenario que no solo es improbable, sino derechamente irrealista.
En otras palabras: el Estado deja de recaudar hoy, apostando a un crecimiento futuro que probablemente no llegará.
Y cuando esa apuesta falla, alguien paga la cuenta.
El corazón del problema: beneficios concentrados
Pero el punto más crítico no es solo cuánto pierde el Estado, sino quién gana.
La minuta es clara: prácticamente la totalidad de los beneficios de la reforma se concentra en el 1,5% más rico de la población. Más aún, el 1% de mayores ingresos captaría cerca del 79% de los beneficios asociados a la rebaja del impuesto corporativo.
El dato más gráfico es este: las 1.500 personas con mayores ingresos del país podrían recibir beneficios anuales superiores a los 400 millones de pesos cada una.
Mientras tanto, para millones de contribuyentes de menores ingresos, el impacto sería prácticamente imperceptible.
No es un efecto secundario. Es el diseño mismo de la reforma.
Menos impuestos a grandes empresas
Uno de los pilares del proyecto es la reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%. A primera vista, podría parecer una medida pro inversión. Pero al mirar los detalles, el efecto cambia.
Solo el 1,9% de las empresas del país —las más grandes— se beneficiarán directamente de esta rebaja. Son, eso sí, las que concentran casi el 89% de las ventas totales.
Es decir, no es una política para pymes. Es una política para grandes actores económicos.
Además, el argumento de que Chile tiene impuestos corporativos “altos” se debilita al compararlo internacionalmente: países similares o incluso de la OCDE mantienen tasas iguales o superiores.
Un sistema más favorable al capital
A esto se suma la reintegración del sistema tributario, una medida que reduce significativamente los impuestos que pagan los dueños de las empresas al retirar utilidades.
El costo fiscal de esta medida es cercano a los 965 millones de dólares anuales. ¿El beneficio? Directo, inmediato… y concentrado en los sectores de mayores ingresos.
El problema, según el análisis, es que este tipo de incentivos no obliga a ningún cambio de comportamiento. Es decir, las empresas y sus propietarios reciben el beneficio sin necesidad de invertir más, contratar más o aumentar salarios.
Es, en la práctica, un regalo fiscal sin condiciones.
Incentivos que no llegan a los trabajadores
Otro componente del proyecto es un crédito tributario asociado a la contratación de trabajadores de ingresos medios y bajos.
En teoría, suena bien: incentivar el empleo. En la práctica, el diseño es cuestionado.
El beneficio lo recibe la empresa, no el trabajador. Y no exige nuevas contrataciones. Es decir, una empresa puede recibir el subsidio simplemente por mantener su planilla actual.
Peor aún, el análisis advierte que podría generar incentivos perversos, como mantener salarios bajos para acceder al beneficio o incluso pagar parte de las remuneraciones de forma informal.
El resultado: alto costo fiscal, bajo impacto real en empleo.
Riesgos para el futuro fiscal
Más allá de cada medida específica, el problema de fondo es la sostenibilidad.
El propio gobierno ha planteado como meta alcanzar el equilibrio fiscal estructural hacia el final de la década. Pero según la minuta, la reforma hace ese objetivo prácticamente imposible.
Para cerrar la brecha fiscal que se generaría, Chile necesitaría un crecimiento económico extraordinario o recortes de gasto masivos.
En términos simples: menos recursos para financiar salud, educación, seguridad o inversión pública.
Y eso tiene efectos concretos en la vida cotidiana.
Un Estado más débil
Cuando el Estado recauda menos, tiene tres opciones: gastar menos, endeudarse más o ambas.
Reducir el gasto suele afectar la inversión pública: infraestructura, hospitales, vivienda. Aumentar la deuda, en cambio, eleva el riesgo país y encarece el financiamiento.
En ambos casos, el resultado es el mismo: menor capacidad del Estado para responder a las necesidades de la población.
Y eso golpea más fuerte a quienes dependen de los servicios públicos.
Una reforma difícil de revertir
Uno de los elementos más controvertidos del proyecto es la llamada “invariabilidad tributaria”, que busca congelar ciertas reglas por largos períodos.
En la práctica, esto limitaría la capacidad de futuros gobiernos para corregir errores o modificar el sistema.
Es decir, no solo se implementa una reforma regresiva: se dificulta cambiarla en el futuro.
El riesgo político y social
El diagnóstico final de la minuta es claro: esta reforma no solo tiene implicancias económicas, sino también sociales.
Al reducir la carga tributaria sobre los sectores más ricos y debilitar la capacidad fiscal del Estado, el proyecto podría aumentar la desigualdad y tensionar la cohesión social.
No es un escenario teórico. Es una advertencia basada en números.
La pregunta de fondo
El debate, entonces, no es técnico. Es político.
¿Debe Chile apostar por un modelo que reduce impuestos a los sectores de mayores ingresos con la promesa de que eso eventualmente beneficiará a todos?
¿O debe priorizar un sistema que garantice recursos suficientes para financiar derechos sociales y reducir desigualdades?
La reforma del gobierno de Kast pone esa pregunta en el centro.
Y, como suele pasar en economía, la respuesta no la dará el discurso… sino sus consecuencias.
MINUTA
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