Un plan para los ricos: el verdadero rostro de la reforma de Kast
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El gobierno de José Antonio Kast se prepara para ingresar en los próximos días su principal apuesta legislativa: el denominado Plan de Reconstrucción Nacional. Presentado como un proyecto de “emergencia” para reactivar la economía y enfrentar crisis como los incendios en el Biobío y Valparaíso, lo cierto es que, tras el discurso, emerge una propuesta profundamente ideológica que revive pilares centrales del modelo económico de la dictadura.
Lejos de ser un plan acotado de reconstrucción, se trata de un megaproyecto misceláneo que combina ayudas a damnificados con una serie de reformas estructurales: rebajas tributarias a grandes empresas, flexibilización regulatoria, restricciones a políticas sociales como la gratuidad universitaria y una lógica de ajuste fiscal que pone en duda la sostenibilidad del gasto público.
Un proyecto hecho a la medida de las grandes corporaciones
El eje más controvertido del plan es, sin duda, la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%. El gobierno ha defendido esta medida como una forma de incentivar la inversión y reactivar el crecimiento. Sin embargo, la evidencia empírica y la percepción ciudadana apuntan en otra dirección.
Diversas encuestas muestran que una parte significativa de la población considera que este tipo de políticas favorece principalmente a los sectores más ricos. No es una percepción infundada: en un país con altos niveles de concentración económica, reducir la carga tributaria de las grandes empresas implica, inevitablemente, una redistribución regresiva de recursos.
A esto se suma la intención de consolidar mecanismos de invariabilidad tributaria por largos períodos, lo que limitaría la capacidad futura del Estado para ajustar su política fiscal según las necesidades del país. En la práctica, se trata de “congelar” un modelo que beneficia a los grandes contribuyentes, reduciendo el margen democrático para transformarlo.
¿Cómo se financiará el Estado?
Uno de los puntos más débiles del proyecto es su financiamiento. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, ha señalado que la iniciativa se sostendría mediante un ajuste fiscal de US$3.000 millones, crecimiento económico y contención del gasto.
Sin embargo, estas proyecciones han sido ampliamente cuestionadas por economistas y actores políticos. El problema es evidente: si se reducen los ingresos fiscales a través de rebajas tributarias, el Estado dispone de menos recursos para financiar políticas sociales.
La promesa de que el crecimiento económico compensará esa pérdida es, en el mejor de los casos, incierta. La experiencia comparada muestra que los efectos de este tipo de medidas son desiguales y no necesariamente se traducen en mejoras directas para la población.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿cómo se financiarán áreas clave como salud, educación o pensiones en un escenario de menor recaudación? Hasta ahora, el gobierno no ha entregado una respuesta convincente.
Un proyecto que profundiza la desigualdad
Chile ya es uno de los países más desiguales de la OCDE. En ese contexto, impulsar una reforma que reduce impuestos a los sectores de mayores ingresos no solo resulta regresivo, sino también políticamente riesgoso.
Diversos actores de oposición han sido claros en este punto. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, lo sintetizó con crudeza: “uno empieza a buscar qué parte favorece a los pobres y no la encuentra”.
Más allá del tono, la crítica apunta a un problema de fondo: el Plan de Reconstrucción Nacional no parece diseñado para reducir brechas, sino para consolidar un modelo económico que históricamente ha reproducido desigualdades.
La comparación con políticas de la dictadura no es casual. Durante ese período, se implementaron reformas orientadas a reducir el rol del Estado, favorecer la inversión privada y limitar la capacidad redistributiva del sistema tributario. El proyecto actual recoge varios de esos principios.
Déficit democrático: un “megaproyecto” sin debate
Otro aspecto preocupante es la forma en que el gobierno ha decidido impulsar esta iniciativa. Se trata de un “megacombo legislativo” que agrupa más de 40 medidas distintas en un solo proyecto.
Esta estrategia ha sido duramente criticada por la oposición, que incluso evalúa recurrir al Tribunal Constitucional por una eventual vulneración de las atribuciones del Congreso. El problema no es solo técnico, sino político: al concentrar múltiples reformas en un solo paquete, se limita la posibilidad de discusión democrática y deliberación parlamentaria.
En la práctica, el Ejecutivo busca una aprobación rápida de un proyecto complejo, reduciendo el espacio para el debate. Esto refleja una concepción de la política donde la eficiencia se impone por sobre la deliberación, en desmedro de la democracia representativa.
Un gobierno sin proyecto para las mayorías
A poco más de un mes de iniciado, el gobierno enfrenta críticas crecientes no solo por su programa, sino también por la falta de una visión integral para el país.
Distintos actores políticos han señalado que esta administración no presenta un plan coherente para abordar las demandas sociales acumuladas en las últimas décadas. En lugar de eso, apuesta por una continuidad —e incluso profundización— de las políticas económicas heredadas de la dictadura.
Esto se traduce en una agenda que prioriza:
- incentivos a la inversión privada
- reducción del rol del Estado
- ajustes fiscales
pero que deja en segundo plano temas clave como:
- salarios
- protección social
- acceso a derechos básicos
Un Congreso dividido y negociaciones en curso
El futuro del proyecto no está asegurado. La Cámara de Diputados se encuentra prácticamente dividida en partes iguales entre oficialismo y oposición, lo que obliga al gobierno a negociar con partidos pequeños como el PPD, el PDG y la Democracia Cristiana.
Estas negociaciones serán decisivas. Sin embargo, también revelan la fragilidad política del Ejecutivo, que depende de apoyos inciertos para aprobar su principal iniciativa.
Una señal de advertencia
El Plan de Reconstrucción Nacional no es solo una reforma económica. Es una señal clara del rumbo que el gobierno pretende imprimir al país: un retorno a políticas que priorizan el crecimiento por sobre la equidad, la eficiencia por sobre la deliberación y el mercado por sobre el Estado.
En un contexto de alta desigualdad y descontento social, esta apuesta no solo resulta discutible, sino potencialmente peligrosa.
Más que una reconstrucción, lo que está en juego es el tipo de sociedad que Chile quiere construir. Y, por ahora, el proyecto del gobierno parece mirar más al pasado que al futuro.
Simón del Valle
