Bolivia entra en una incierta espiral de crisis: protestas, bloqueos y presión social acorralan al gobierno de Rodrigo Paz
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Bolivia atraviesa una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años. Con la ciudad de La Paz convertida en el epicentro de las protestas y más de treinta puntos de bloqueo activos en distintas regiones del país, el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta una creciente presión social que ya incluye demandas abiertas de renuncia presidencial.
Las movilizaciones, que comenzaron hace semanas como protestas contra medidas económicas y reformas impulsadas por el Ejecutivo, se transformaron progresivamente en un amplio movimiento de rechazo al rumbo político del nuevo gobierno boliviano.
Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este martes se registraban 32 puntos de bloqueo en seis departamentos del país, principalmente en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí.
La situación se agravó tras la llegada a La Paz de columnas de manifestantes provenientes de El Alto y del altiplano boliviano, integradas por mineros, campesinos, trabajadores fabriles, gremiales y organizaciones indígenas, muchas de ellas vinculadas históricamente al movimiento de Evo Morales.
Durante las protestas del lunes se produjeron violentos enfrentamientos con fuerzas policiales y militares desplegadas en torno a la Plaza Murillo, sede del poder político boliviano. La policía utilizó gases lacrimógenos y armamento antimotines para contener a los manifestantes, mientras algunos grupos movilizados respondieron con piedras, petardos y cartuchos de dinamita.
Las autoridades bolivianas informaron la detención de al menos 130 personas en medio de los disturbios. También se reportaron saqueos, desabastecimiento y serias dificultades en el transporte de alimentos, combustible y oxígeno hacia distintas zonas del país.
Aunque el gobierno acusa al expresidente Evo Morales de impulsar la desestabilización política, la magnitud de las protestas parece ir mucho más allá del liderazgo del exmandatario.
El trasfondo de la crisis combina varios factores: inflación cercana al 20%, escasez de combustibles, recortes económicos, eliminación de subsidios y reformas estructurales impulsadas por la administración de Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses tras poner fin a casi dos décadas de hegemonía política del MAS.
Uno de los detonantes más fuertes fue la polémica Ley 1720, una reforma agraria que organizaciones campesinas e indígenas denunciaron como una amenaza a la propiedad comunitaria y un avance hacia la mercantilización de la tierra. Aunque el Parlamento terminó derogando la norma para intentar descomprimir el conflicto, las protestas continuaron y ampliaron sus demandas.
La oposición social acusa al gobierno de aplicar un programa económico neoliberal favorable a grandes grupos empresariales y alejado de las organizaciones populares históricamente influyentes en Bolivia.
El presidente Rodrigo Paz, identificado con posiciones de centroderecha y cercano a sectores empresariales, llegó al gobierno prometiendo “capitalismo para todos”, fortalecimiento institucional y apertura económica. Desde su llegada al poder restableció relaciones con Estados Unidos, reabrió la cooperación con la DEA y tomó distancia de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Pero esas definiciones también profundizaron tensiones con movimientos sociales, campesinos e indígenas que consideran que el nuevo gobierno busca desmontar el modelo político construido durante los años del MAS.
La figura de Evo Morales sigue presente en el conflicto. Aunque enfrenta órdenes de captura y causas judiciales, el exmandatario mantiene influencia sobre sectores cocaleros y organizaciones campesinas del Chapare. El gobierno lo acusa directamente de azuzar las protestas y buscar la caída de Rodrigo Paz.
Sin embargo, analistas coinciden en que el malestar social tiene raíces mucho más amplias y profundas que la sola figura de Morales.
En medio de la escalada, también surgieron señales preocupantes de polarización política y étnica. Durante las manifestaciones se registraron ataques contra sedes sindicales y la quema de la Wiphala, símbolo de los pueblos originarios bolivianos, hecho que provocó fuertes críticas desde organizaciones indígenas y populares.
La crisis boliviana comienza además a generar preocupación regional. Países vecinos observan con inquietud el impacto económico y político de los bloqueos prolongados, mientras crecen los temores sobre una eventual radicalización de la confrontación social.
Por ahora, el gobierno de Rodrigo Paz intenta sostener el control mediante despliegue policial y militar, pero el conflicto parece lejos de resolverse. Las organizaciones movilizadas mantienen los bloqueos y las marchas, mientras sectores sociales exigen cambios económicos profundos y la salida del presidente.
Bolivia vuelve así a entrar en un escenario conocido en su historia reciente: alta conflictividad social, confrontación política permanente y una disputa abierta sobre el modelo económico y el rumbo del país.
Fuentes: Prensa Latina, Reuters, AP, El País, Página/12
