Senado rechaza levantamiento del secreto bancario y abre una enorme contradicción en la agenda de seguridad del Gobierno
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Por empate de 24 votos a favor y 24 en contra, la Cámara Alta rechazó este martes la norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero acceder a información bancaria en casos específicos vinculados al lavado de dinero, corrupción y crimen organizado. La iniciativa pasará ahora a Comisión Mixta. El resultado instala una pregunta política de fondo: ¿puede el Gobierno sostener un discurso de máxima dureza contra el crimen organizado mientras bloquea herramientas destinadas a seguir la ruta del dinero?
La discusión sobre el levantamiento del secreto bancario se transformó en una de las votaciones más controvertidas de los últimos meses en el Senado. En medio de una creciente preocupación por la expansión del crimen organizado y tras el impacto generado por la denominada Operación Tokio, la Cámara Alta terminó rechazando la norma que buscaba ampliar las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para acceder a información protegida por secreto bancario en determinadas circunstancias.
La votación concluyó con un empate de 24 votos a favor y 24 en contra, resultado que, de acuerdo con el reglamento del Senado, significó el rechazo de la disposición y su envío a una Comisión Mixta para intentar resolver las diferencias entre ambas cámaras.
La decisión representa un revés para quienes impulsaban mayores atribuciones investigativas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado, pero también abre una discusión política más amplia sobre las prioridades reales de la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.
Qué proponía la norma
Contrariamente a lo que algunos sectores sostuvieron durante el debate, la iniciativa rechazada no establecía un acceso irrestricto a las cuentas bancarias de los ciudadanos.
La propuesta permitía a la Unidad de Análisis Financiero solicitar directamente antecedentes protegidos por secreto bancario en tres situaciones específicas:
- Cuando existiera un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por una institución financiera.
- Cuando el reporte involucrara a un funcionario público.
- Cuando el reporte se refiriera a una persona jurídica, es decir, empresas u organizaciones.
La modificación formaba parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, una herramienta diseñada para fortalecer la persecución patrimonial del crimen organizado, el lavado de activos y las redes financieras vinculadas a actividades ilícitas.
Actualmente, para acceder a esa información la UAF debe recurrir a autorización judicial, un procedimiento que sus defensores consideran excesivamente lento frente a organizaciones criminales capaces de mover recursos entre múltiples cuentas, sociedades y países en cuestión de horas.
La sombra de la Operación Tokio
La votación se produjo pocos días después de que la Operación Tokio sacudiera al sistema financiero chileno.
La investigación permitió desarticular una de las mayores redes de lavado de dinero asociadas al Tren de Aragua detectadas en América Latina. Según antecedentes revelados por la Fiscalía, la organización habría movilizado decenas de millones de dólares a través de empresas de fachada y cuentas bancarias, contando incluso con la participación de ejecutivos ligados a instituciones financieras.
El caso mostró con crudeza que el combate contra el crimen organizado no se limita a detener sicarios, traficantes o extorsionadores. También exige seguir la ruta del dinero que financia sus operaciones.
Precisamente por ello fiscales, especialistas en inteligencia financiera y organismos internacionales han insistido durante años en la necesidad de fortalecer las capacidades estatales para detectar movimientos sospechosos y redes de lavado de activos.
Una contradicción política
La votación dejó al descubierto una paradoja difícil de ignorar.
Durante los últimos años, y particularmente desde la llegada de Kast a La Moneda, la seguridad se ha convertido en el eje central del discurso gubernamental. El Ejecutivo ha promovido políticas de endurecimiento penal, reforzamiento policial y combate frontal contra organizaciones como el Tren de Aragua.
Sin embargo, cuando se discutió una herramienta destinada precisamente a rastrear el flujo financiero de esas organizaciones, una parte importante de la derecha terminó votando en contra.
Los opositores a la norma argumentaron que el acceso administrativo a información bancaria constituye una amenaza a las garantías constitucionales y al derecho a la privacidad, defendiendo la necesidad de mantener el control judicial previo para cualquier levantamiento del secreto bancario.
Desde esa perspectiva, la discusión no gira en torno a la lucha contra el crimen organizado, sino a la protección de derechos fundamentales frente al poder del Estado.
Pero para quienes respaldaban la iniciativa, el rechazo refleja una contradicción evidente.
Si el crimen organizado opera mediante estructuras financieras complejas y mecanismos sofisticados de lavado de dinero, sostienen, resulta difícil combatirlo eficazmente sin herramientas que permitan seguir la pista de los recursos económicos que alimentan esas redes.
El peso de una ausencia
El resultado estuvo marcado además por factores políticos y circunstanciales.
Según trascendió durante la jornada, la ausencia de la senadora Ximena Órdenes habría resultado determinante. La parlamentaria no logró llegar a tiempo a Santiago debido a problemas climáticos que impidieron el despegue de su vuelo desde Balmaceda.
A ello se sumaron cuestionamientos cruzados respecto de eventuales acuerdos de pareo que finalmente no se habrían respetado durante la votación.
El estrecho margen del resultado demuestra que la discusión está lejos de cerrarse y que el debate continuará en la Comisión Mixta.
Más allá del secreto bancario
Lo ocurrido en el Senado trasciende el aspecto técnico de la norma.
La controversia pone en evidencia una tensión permanente entre dos principios que suelen entrar en conflicto: la eficacia de las herramientas estatales para perseguir delitos complejos y la protección de los derechos individuales frente al poder de la administración pública.
Pero también deja una interrogante política de fondo.
Mientras el Gobierno insiste en que Chile enfrenta una amenaza inédita por parte del crimen organizado transnacional, la negativa a facilitar el acceso a información financiera en casos específicos parece tensionar el propio relato oficial sobre la urgencia de combatir esas organizaciones.
La Operación Tokio demostró que el dinero constituye el corazón de las estructuras criminales modernas. Seguir su recorrido se ha transformado en una prioridad para los sistemas de persecución penal en todo el mundo.
Por eso la pregunta que deja esta votación es inevitable: si el dinero es la sangre que mantiene con vida a las organizaciones criminales, ¿por qué una parte importante de quienes exigen mano dura contra el delito se resiste a entregar al Estado más herramientas para rastrearlo?
Simón del Valle
Fuentes: Senado de la República, Radio Bío Bío, antecedentes del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica, información pública de la Operación Tokio y declaraciones parlamentarias durante el debate legislativo.
Felipe Portales says:
¡Es demasiada la corrupción y delincuencia de cuello y corbata, como para dejarla tan expuesta!…