La ONU advierte: Sudán se hunde en un régimen de guerra total
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La nueva actualización presentada por la ONU sobre la guerra en Sudán describe un país donde la vida civil ha sido absorbida por la lógica militar: desplazarse implica riesgo de detención, desaparecer se ha vuelto habitual y la población es forzada a demostrar lealtad para sobrevivir. Entre torturas, extorsiones y centros de detención opacos administrados por ambos bandos, la Misión de Investigación alerta sobre un sistema de represión que ya no es excepcional, sino estructural, y que profundiza una de las peores crisis de protección de civiles del mundo.
Mientras la guerra en Sudán entra en su cuarto año, el país se hunde en una espiral de violencia que ya no se limita a los frentes de combate. La vida cotidiana se ha convertido en un territorio minado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y un sistema de control social que recuerda a los momentos más oscuros de la historia contemporánea. La reciente actualización presentada ante el Consejo de Derechos Humanos por la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán ofrece un retrato devastador: un país donde “el movimiento mismo ha sido criminalizado” y donde la población civil soporta “el abrumador peso del conflicto”.
La guerra entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ya no es solo una disputa militar. Es un laboratorio de nuevas formas de represión, extorsión y control territorial, donde cada actor armado administra su propio régimen de miedo. La Misión lo resume sin ambigüedades: las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos “no muestran señales de detenerse” y podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Un país donde la sospecha es ley
En las zonas controladas por ambos bandos, la lógica de la guerra se ha desplazado hacia la vida civil. La Misión documenta un patrón sistemático de detenciones masivas contra personas acusadas —sin pruebas ni proceso legal— de simpatizar con el enemigo. Periodistas, defensores de derechos humanos, comerciantes, líderes comunitarios, trabajadores humanitarios, activistas políticos e incluso familiares de combatientes son arrestados por simples percepciones de afinidad.
Los puestos de control se han convertido en espacios de arbitrariedad absoluta. Quien intenta desplazarse entre territorios corre el riesgo de ser detenido, golpeado o desaparecido. La experta Joy Ngozi Ezeilo lo sintetiza con crudeza: “Los civiles son presionados para demostrar lealtad, e incluso para alinearse activamente con uno de los bandos como condición para su seguridad, libertad y supervivencia económica”.
En Sudán, la neutralidad ya no es una opción. La guerra exige adhesión.
El negocio del cautiverio
La violencia no es solo política: también es económica. La Misión documenta un patrón de secuestros y extorsión por parte de las RSF, que exigen a las familias sumas exorbitantes —hasta 25 millones de libras sudanesas, unos 40.000 dólares— para liberar a sus seres queridos. En un país devastado por la inflación, el colapso de los servicios y la inseguridad alimentaria, estas prácticas equivalen a una condena colectiva.
Los comerciantes que cruzan líneas de frente para abastecer mercados locales se han convertido en objetivos prioritarios. Su secuestro no solo destruye economías familiares: desarticula los frágiles circuitos de abastecimiento que aún sostienen a ciudades como El Fasher, El Obeid o Kadugli. La Misión es categórica: estas prácticas “alimentan una economía de guerra ilícita” y constituyen “el crimen de toma de rehenes”.
Humanitarios desaparecidos: un ataque a la última línea de vida
En mayo de 2026, al menos 70 personas fueron detenidas en El Geneina por la inteligencia militar de las RSF. Entre ellas, trabajadores humanitarios. Desde entonces, no se sabe nada de ellos. La experta Mona Rishmawi advierte que estas desapariciones “socavan las operaciones humanitarias y ponen en riesgo a comunidades enteras”.
En un país donde más de 25 millones de personas necesitan asistencia para sobrevivir, atacar a quienes la brindan equivale a atacar a la población entera. La desaparición de humanitarios no es un daño colateral: es una estrategia de guerra.
La represión del otro lado: el aparato de seguridad de las SAF
Si las RSF han convertido la extorsión y la desaparición en herramientas de control, las SAF han perfeccionado la represión judicial y política. La Misión documenta detenciones de opositores, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos acusados de colaborar con las RSF. Muchos son arrestados por su pasado político, su afiliación tribal o sus vínculos familiares.
El caso del abogado de Sinja es emblemático. Tras brindar atención médica gratuita durante la ocupación de la ciudad por las RSF, fue detenido cuando las SAF retomaron el control. Según la Misión, fue torturado por miembros de la brigada Al-Baraa Bin Malik y condenado a muerte en un proceso sin garantías mínimas: su defensa no fue notificada y uno de sus abogados fue arrestado.
La justicia se ha convertido en un arma más del conflicto.
Cárceles que se parecen a fosas comunes
Los testimonios recogidos por la Misión describen condiciones de detención que rozan lo inimaginable. En instalaciones de ambos bandos, los prisioneros son hacinados en espacios sin agua potable, sin atención médica, sin saneamiento y expuestos a enfermedades como el cólera. Muchos permanecen incomunicados, lo que aumenta el riesgo de desaparición forzada.
En centros controlados por las SAF, los detenidos relatan electrocuciones, palizas severas, desnudez forzada durante interrogatorios y negación de atención médica. En las prisiones administradas por las RSF —como la de Nyala, descrita como “particularmente notoria”— miles de personas sobreviven en condiciones incompatibles con la dignidad humana.
La violencia sexual es un componente estructural del sistema de represión. La Misión expresa “particular preocupación” por la violencia sexual sistemática perpetrada por las RSF contra mujeres y niñas, así como por la tortura sexual infligida a hombres detenidos por las SAF.
La opacidad como método
Ambas partes han negado sistemáticamente el acceso de organizaciones humanitarias y de derechos humanos a los centros de detención. La ausencia de verificación independiente no solo facilita los abusos: condena a las familias a una incertidumbre insoportable. En Sudán, no saber si un ser querido está vivo o muerto se ha convertido en una experiencia común.
La Misión advierte que esta opacidad alimenta un patrón de desapariciones que podría constituir un crimen de lesa humanidad.
Un país atrapado entre la impunidad y el abandono internacional
La Misión insta a las partes a cesar las detenciones arbitrarias, liberar a los presos políticos, garantizar el acceso a abogados y permitir la supervisión independiente de los centros de detención. Pero también subraya que sin mecanismos de justicia internacional —incluida la cooperación con la Corte Penal Internacional y la creación de un mecanismo judicial independiente— la impunidad seguirá alimentando nuevas atrocidades.
El presidente de la Misión, Mohamed Chande Othman, lo resume con una advertencia que debería resonar más allá de Ginebra: “La escala y gravedad de estas violaciones no son incidentes aislados, sino parte de patrones más amplios de abuso”.
Sudán se encuentra atrapado en una guerra que ya no se libra solo con armas, sino con desapariciones, torturas, extorsión y miedo. Una guerra donde la población civil es rehén de dos aparatos militares que compiten por el control del territorio y de la vida cotidiana.
La pregunta que queda es si la comunidad internacional seguirá observando desde lejos mientras un país entero se desangra en silencio.
