El estado-nación bajo ataque

By Sergio Martinez 1 julio, 2026 No comment

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Pensaba referirme a este tema desde hacía algún tiempo, pero el hecho de que este 1º de julio es el Día Nacional de Canadá, país que ha sido mi hogar y el de muchos chilenos llegados en tiempos de dictadura, me da la oportunidad de echarle el diente al espinoso asunto. Pues bien, Canadá es uno de esos estados que, en este momento, se enfrenta a potenciales amenazas que podrían poner en riesgo su supervivencia. No se trata solo de las grotescas sugerencias de Donald Trump de hacer de este país su estado número 51, las que han motivado un rotundo rechazo tanto del gobierno como del pueblo canadiense, sino también de corrientes centrífugas internas que tienen raíces más profundas y entrañan un mayor peligro.

Hay que recordar que lo que se llama estado-nación es una estructura de ordenamiento político relativamente nueva—en términos de los grandes períodos históricos, claro está—que se remonta a tiempos posteriores al medioevo y comienzos del Renacimiento. Antes de ello, lo que había era una sucesión de imperios en los que los países que hoy conocemos eran más bien referentes geográficos que, si bien albergaban a pueblos culturalmente identificables, no tenían una estructura política independiente y eran regidos muy nominalmente por monarcas u otros jefes locales, sujetos a la autoridad del emperador o de sus respectivos emisarios.

El estado-nación, en su propósito implícito, hace “más o menos” coincidir la extensión territorial en la que vive una comunidad humana que comparte determinados rasgos (desarrollo histórico, costumbres, idioma, religión, etnia o raza, etc.) con una entidad política que llamamos el Estado. En la visión marxista de esta institución, no dejamos de lado que no surge como una entidad neutral, sino como una institución funcional a los intereses de la clase dominante: la nobleza feudal de entonces y la burguesía industrial y financiera de hoy.

La coincidencia territorio-nación a la que aludía no siempre es total. Segmentos de naciones, a veces significativos, por factores históricos, a menudo han quedado bajo la jurisdicción de estados ajenos, lo que ha generado conflictos; recuérdese a los alemanes en la región de los Sudetes de Checoslovaquia poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Algo de eso también hay en el presente conflicto entre Rusia y Ucrania, con una importante población rusoparlante bajo jurisdicción ucraniana.

Otras situaciones derivan de que en la formación de un estado pueden haber concurrido más de una nación, que no siempre coexisten de la mejor manera. Eso, en parte, porque su eventual unión pudo haber respondido más a los intereses de sus clases dominantes que a los de su población en general. El Reino Unido, por ejemplo, acoge a cuatro grupos nacionales diferentes: ingleses (la mayoría), escoceses, galeses y norirlandeses. La formación de este estado se debió esencialmente por la dominación inglesa sobre las naciones minoritarias, cuyas élites, sin embargo, abrazaron esa unión y hoy forman parte de una identidad británica, reforzada en su momento por los—ahora lejanos—momentos de gloria imperial. Pero no todos en las naciones minoritarias comparten ese sentimiento: en las recientes elecciones locales, partidos nacionalistas tanto en Escocia como en Gales obtuvieron la mayoría de los votos en sus respectivas legislaturas.

Se ha dicho que en este momento el estado-nación se halla bajo amenaza desde dos frentes: por un lado, el poder de los grandes conglomerados transnacionales que, en varios casos, operan con presupuestos superiores a los de muchos estados independientes; por otro, fuerzas centrífugas que operan desde dentro de esos estados en la forma de lo que algunos han llamado “naciones sumergidas”. En algunos casos estas últimas han sido resultado de la arbitraria partición de territorios en que grupos nacionales quedaron bajo control de distintas potencias coloniales, el caso de conflictos étnicos en África especialmente. En otros casos, algunas comunidades nacionales fueron objeto de una integración forzada en el Estado, como ocurrió con los catalanes y los vascos en España, o con los corsos en Francia.

En el caso canadiense hay un poco de herencia colonial, pero también de acuerdo consensuado para la formación de este país allá por 1867, en lo que fue el primer intento del Imperio Británico de conceder poderes autónomos a una de sus colonias (la intransigencia imperial había contribuido a la rebelión de las 13 colonias que en 1776 constituirían Estados Unidos, esto llevaría a Londres a ensayar un nuevo modelo, que luego aplicarían a Australia y Nueva Zelandia, pero no a la India, en ese momento esa autonomía se limitaría a colonias con mayoría blanca).

Canadá se formó en base a dos grupos nacionales: británicos y franceses. (Como en el resto del continente, los pueblos originarios no formaron parte de ese consenso). Esos dos grupos europeos habían estado poblando Norteamérica desde el momento mismo en que se supo de la existencia del nuevo continente, desafiando las pretensiones de España y Portugal de ser los únicos “propietarios” de estas tierras. Las guerras entre potencias imperiales, muy comunes en esos siglos, llevaron a que Francia perdiera sus posesiones en el continente, excepto por algunas pequeñas islas en el Atlántico y el Caribe. La Nueva Francia, que correspondía más o menos a la actual provincia de Quebec, pasó a manos británicas. Sus descendientes aún hoy constituyen la mayoría de la población en esta provincia, pero como franco-canadienses, son una minoría en el contexto del país.

Desde los años 60 del siglo pasado, se ha venido gestando un movimiento político que aspira a separar a Quebec del resto de Canadá. En algún momento, incluso una facción separatista ensayó métodos violentos, incluyendo el secuestro de un diplomático británico y el de un ministro provincial, seguido de su asesinato. Este hecho desencadenó la llamada Crisis de Octubre de 1970, rápidamente sofocada por el gobierno de entonces liderado por Pierre Trudeau (él mismo un destacado quebequense francés). Diez años más tarde, al ensayar un método democrático, el gobierno separatista provincial convocó un referéndum para independizarse, que perdió ampliamente. Un nuevo intento en 1995 tuvo un resultado más estrecho, pero igualmente desfavorable.

En octubre de este año hay elecciones provinciales y es muy probable que el Parti Québécois (PQ), que sostiene la opción separatista, llegue a controlar la legislatura provincial, y ya ha prometido convocar un nuevo referéndum sobre la independencia. Sin embargo, las encuestas dan un magro apoyo a la opción separatista, alrededor del 30 por ciento. Para muchos quebequenses una eventual separación podría representar un duro golpe económico: gracias a un sistema federal de equiparación de recursos entre todas las provincias, Quebec recibe del Estado central cerca de 14 mil millones de dólares en transferencias, una cifra muy superior a lo que los residentes y empresas de Quebec pagan a Ottawa en impuestos y otras gabelas. Esas transferencias permiten, entre otras cosas, financiar gran parte de los servicios de salud pública y educación. Por otra parte, la plataforma del Parti Québécois de hoy no guarda relación con la orientación de corte liberal-progresista que su líder histórico, René Lévesque, le había dado en 1980. El de ahora se nutre de las políticas identitarias copiadas de los partidos de derecha europeos, con un discurso anti-inmigrante (“ponen en peligro la lengua francesa”, dicen), un fanatismo lingüístico que huele a revanchismo contra la minoría anglófona, y un abandono de las posiciones pacifistas del pasado: el líder del PQ, Pierre Saint-Paul Plamondon, señaló que, si deviene independiente, Quebec va a formar su propio ejército y se va a incorporar a la OTAN.

Al otro lado del país, en el oeste, en Alberta, la provincia donde se concentran los mayores recursos naturales, como el petróleo y el gas natural, también ha surgido un movimiento separatista, aunque aquí las motivaciones no son de identidad cultural o lingüística, sino estrictamente económicas. Dado el sistema político canadiense, históricamente el poder político se ha concentrado en las provincias de mayor población: Ontario y Quebec. Por su peso demográfico, ellas concentran la mayoría de los votos. Esto ha redundado en que las provincias del oeste, en especial, se sientan postergadas y reclamen una mayor atención por parte de las autoridades políticas.

Sectores de extrema derecha, principalmente, han levantado la bandera del separatismo en Alberta. Se sospecha que, en gran medida, ese movimiento recibe financiamiento de grupos de extrema derecha de Estados Unidos. Por cierto, una eventual independencia de Alberta, un territorio sin acceso directo al mar, la convertiría en una fácil presa del expansionismo estadounidense que Trump fomenta.

Aunque hay algunas diferencias circunstanciales entre el separatismo quebequense y el albertano, ambos representan un riesgo potencial para Canadá y, sobre todo, lo debilitarían considerablemente ante un Estados Unidos agresivo. Se dice que, en el caso quebequense, se trataría de una reivindicación de tipo nacional (de la llamada nación québécoise), mientras que en Alberta sería meramente una demanda de corte económico; sus habitantes no calificarían como una “nación”, pero esto es muy elástico, ya que la idea de nación es, al fin de cuentas, un constructo social. La llamada nación québécoise también fue una creación relativamente reciente, antes se hablaba de la nación franco-canadiense, término que se ajusta más a la idea de nación. En estricto rigor, la nación québécoise sería un subconjunto de la comunidad más amplia de los franco-canadienses.

El caso canadiense ilustra esta crisis del estado-nación, amenazado desde fuera y desde dentro, por fuerzas y factores que—como es de sospechar—no responden a los intereses de los pueblos afectados. La debilitación del estado-nación como regulador de las normas que los grandes conglomerados deberían acatar, obviamente, favorece esos intereses transnacionales. La fragmentación de los estados, ya sea Canadá, el Reino Unido, España u otros, también favorece a potencias más fuertes como Estados Unidos. Si recurrimos a la historia, el caso latinoamericano posterior a la independencia nos recuerda que en un momento existió una República Centroamericana que reunía a todos esos países de esa región, excepto Panamá y Belice, que hubo una Gran Colombia, el sueño de Bolívar, y también las Provincias Unidas del Río de la Plata. La disolución de esos estados dio lugar a repúblicas más pequeñas y, por ende, más fáciles de dominar. En este nuevo aniversario de Canadá, cabe esperar que esas enseñanzas también ayuden y que este país que nos acogió generosamente no termine fragmentado, como finalizó el sueño de Bolívar, Artigas y Morazán, quienes alguna vez habían visualizado una Patria Grande. El “Verdadero norte libre y fuerte” debe prevalecer por sobre los mezquinos intereses de elites provincianas con ansias de poder. Por cierto, el estado-nación no es una panacea, pero representa una alternativa mejor que el dominio de las grandes transnacionales y el imperialismo de Trump.