Espionaje contra periodista Mauricio Weibel: condena a exjuez y exgeneral marca un precedente en la defensa de la libertad de prensa
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La sentencia contra el exministro de la Corte de Apelaciones Juan Antonio Poblete y el exdirector de Inteligencia del Ejército Schafik Nazal cierra uno de los capítulos más graves del caso «Operación Topógrafo». Ambos reconocieron su responsabilidad por interceptar ilegalmente el teléfono del periodista Mauricio Weibel mientras investigaba la corrupción al interior del Ejército. El fallo vuelve a instalar el debate sobre el uso de los aparatos de inteligencia del Estado para perseguir a quienes investigan el poder.
La justicia chilena dictó este martes una sentencia que podría transformarse en un hito para la protección de la libertad de prensa en el país. Un tribunal condenó al exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete, y al general (r) Schafik Nazal, exdirector de Inteligencia del Ejército (DINE), a cinco años de presidio por los delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y falsificación de instrumento público.
Los hechos ocurrieron en 2017, cuando ambos participaron en una operación destinada a intervenir clandestinamente el teléfono del periodista de investigación Mauricio Weibel, autor de las principales revelaciones sobre el denominado «Milicogate», el mayor escándalo de corrupción conocido en el Ejército chileno desde el retorno a la democracia.
Aunque la pena fue sustituida por el beneficio de libertad vigilada, debido a que ambos reconocieron su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado, la sentencia constituye la primera condena penal en Chile contra altas autoridades por utilizar ilegalmente los mecanismos de inteligencia del Estado para espiar a un periodista.
Una investigación sobre corrupción convertida en objetivo
La interceptación no fue un error administrativo ni una operación rutinaria.
Según estableció la investigación del Ministerio Público, la Dirección de Inteligencia del Ejército solicitó autorización judicial utilizando antecedentes falsos. En lugar del nombre de Mauricio Weibel, la solicitud mencionaba a una supuesta ciudadana boliviana vinculada a actividades de inteligencia, mientras el número telefónico correspondía en realidad al periodista.
El entonces ministro Juan Antonio Poblete autorizó la medida, permitiendo que las comunicaciones de Weibel fueran interceptadas durante meses mientras investigaba el desvío de recursos públicos, compras irregulares de armamento y otras operaciones que posteriormente derivaron en múltiples procesos judiciales contra altos oficiales del Ejército.
La maniobra permaneció oculta hasta 2019, cuando un denunciante reveló la existencia de la llamada «Operación Topógrafo», dando origen a una investigación penal que terminó involucrando al propio magistrado y al jefe de inteligencia militar.
El espionaje iba más allá de un periodista
Con el avance de la investigación quedó claro que Mauricio Weibel no fue el único blanco.
Las diligencias revelaron que también fueron interceptados militares activos y en retiro que habían denunciado irregularidades dentro de la institución, entre ellos oficiales y suboficiales que colaboraban con investigaciones sobre corrupción y mal uso de recursos fiscales.
En total, la Fiscalía detectó numerosas líneas telefónicas intervenidas mediante procedimientos que hoy se consideran ilegales. La investigación estableció un patrón en el uso de la Ley de Inteligencia para perseguir tanto a denunciantes internos como a quien estaba haciendo públicas sus denuncias.
Un precedente para la democracia
Tras conocerse el fallo, Mauricio Weibel calificó la sentencia como «un precedente muy importante para la defensa de la libertad de expresión».
Su abogada, Karinna Fernández, sostuvo que el caso trasciende la situación personal del periodista porque «cuando se interviene el teléfono de un periodista, se interviene la democracia misma», una afirmación que resume el alcance institucional del fallo.
Durante la investigación, Weibel insistió en que no se trataba simplemente de una vulneración de su privacidad, sino de un intento del Estado por conocer sus fuentes periodísticas e impedir investigaciones sobre corrupción pública.
«El Ejército, en alianza con un juez de la República, aceptó un acto de espionaje completamente fuera de la ley y de la Constitución», afirmó anteriormente el periodista, quien calificó el caso como un ataque directo a la libertad de expresión y al funcionamiento democrático.
El trasfondo: el «Milicogate»
Las investigaciones periodísticas de Mauricio Weibel fueron decisivas para destapar una serie de fraudes relacionados con la utilización de recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre y otros fondos institucionales.
Conocido popularmente como «Milicogate», el caso terminó involucrando a altos mandos del Ejército y derivó en numerosas causas judiciales por fraude al fisco, malversación de fondos públicos y corrupción.
En ese contexto, la decisión de utilizar los aparatos de inteligencia para seguir al periodista fue interpretada desde el comienzo como un intento de identificar sus fuentes y frenar nuevas revelaciones.
La querella presentada posteriormente por el Consejo de Defensa del Estado reforzó esa tesis al sostener que las interceptaciones fueron obtenidas mediante documentos falsificados y fuera del marco legal.
Un fallo con impacto más allá del caso
Aunque los condenados no cumplirán prisión efectiva, la sentencia representa un hecho inusual en la historia judicial chilena.
No es frecuente que un exmagistrado y un exjefe de inteligencia militar sean condenados por utilizar ilegalmente herramientas reservadas del Estado contra un periodista de investigación.
El caso también reabre un debate que ha acompañado a Chile desde el retorno a la democracia: los límites del sistema de inteligencia, el control judicial sobre sus operaciones y la protección efectiva de las fuentes periodísticas.
En las democracias modernas, la confidencialidad de las fuentes constituye uno de los pilares del periodismo de investigación. Sin esa garantía resulta mucho más difícil revelar actos de corrupción, abusos de poder o violaciones a los derechos humanos.
La sentencia conocida este martes no elimina las interrogantes sobre cómo fue posible que una operación de espionaje de esta naturaleza permaneciera oculta durante años. Pero sí establece, por primera vez, responsabilidades penales para quienes utilizaron las instituciones del Estado con el propósito de vigilar ilegalmente a un periodista que investigaba precisamente al poder.
