Senado rechaza la acusación constitucional contra Nicolás Grau y pone freno al uso expansivo del libelo político
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El Senado rechazó este martes la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, cerrando un proceso que durante semanas abrió un intenso debate sobre los límites de este mecanismo de control político y el riesgo de convertirlo en una herramienta de confrontación partidaria.
La acusación, impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, buscaba inhabilitar a Grau para ejercer cargos públicos durante cinco años, responsabilizándolo por las diferencias detectadas entre las proyecciones fiscales elaboradas al término del gobierno de Gabriel Boric y las cifras corregidas por la nueva administración.
Sin embargo, ninguno de los cuatro capítulos obtuvo el respaldo necesario.
Los resultados fueron contundentes:
- Capítulo 1 (probidad): 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones.
- Capítulo 2 (coordinación financiera): 9 a favor, 32 en contra y 2 abstenciones.
- Capítulo 3 (universalidad presupuestaria): 16 a favor, 26 en contra y 3 abstenciones.
- Capítulo 4 (coordinación del programa financiero): 10 a favor, 33 en contra y 2 abstenciones.
La amplia diferencia evidenció que incluso parlamentarios de centro y centroderecha consideraron que las discrepancias técnicas sobre las finanzas públicas no configuraban infracciones constitucionales susceptibles de una acusación de esta naturaleza.
El Senado marca un límite
Durante el debate, varios senadores insistieron en distinguir entre una crítica política legítima y una responsabilidad constitucional.
El senador Pedro Araya sostuvo que pueden existir diferencias respecto de la conducción económica o de las proyecciones presupuestarias, pero advirtió que ello «no basta para configurar una acusación constitucional», agregando que «no toda crítica política puede convertirse en una condena institucional».
En la misma línea, Matías Walker afirmó que el Senado no debía contribuir a transformar este mecanismo excepcional en una herramienta para cuestionar decisiones técnicas o políticas públicas adoptadas por gobiernos democráticamente elegidos.
La postura fue compartida por legisladores de distintos sectores, quienes enfatizaron que el Senado actúa como jurado constitucional y no como instancia para revisar la calidad de una política económica.
La posición de quienes respaldaban el libelo
Los partidarios de la acusación sostuvieron que el entonces ministro incumplió sus deberes constitucionales al entregar proyecciones fiscales que posteriormente fueron corregidas de manera significativa.
El senador Carlos Kuschel argumentó que Grau incumplió sus obligaciones de dirección y supervisión de la programación financiera.
Por su parte, la senadora Vanessa Kaiser afirmó que la ausencia de sanciones afectaría la confianza de los inversionistas y la credibilidad institucional del país.
La defensa: diferencias técnicas no constituyen infracciones constitucionales
La defensa del exministro, encabezada por el abogado Patricio Zapata, sostuvo desde el inicio que la acusación confundía discrepancias técnicas con violaciones constitucionales.
Uno de los argumentos centrales fue que la legislación contempla mecanismos específicos para corregir desviaciones fiscales y que las diferencias entre proyecciones económicas son parte habitual de la gestión presupuestaria, especialmente frente a cambios en el contexto económico.
Ese planteamiento había sido respaldado previamente por diversos economistas, exministros de Hacienda y especialistas en derecho constitucional, quienes advirtieron que aceptar este tipo de acusaciones podría generar un precedente riesgoso para futuras administraciones.
El antecedente del Consejo Fiscal Autónomo
Un elemento relevante durante toda la discusión fue el informe del Consejo Fiscal Autónomo.
Aunque el organismo formuló observaciones sobre la evolución de las cuentas fiscales y recomendó fortalecer los mecanismos de transparencia y seguimiento, no concluyó que existieran infracciones constitucionales ni faltas que justificaran una acusación contra el entonces ministro. Ese antecedente fue citado reiteradamente por quienes rechazaron el libelo.
Un debate sobre el uso de las acusaciones constitucionales
Más allá del resultado, el proceso volvió a instalar una discusión que viene creciendo en el Congreso chileno: el uso cada vez más frecuente de las acusaciones constitucionales como instrumento de confrontación política.
Incluso antes de la votación, el senador Luciano Cruz-Coke decidió inhabilitarse argumentando que este mecanismo se ha ido transformando en una herramienta de contingencia política, alejándose de su carácter excepcional.
En los últimos días también surgieron llamados desde distintos sectores académicos y políticos para revisar la regulación de las acusaciones constitucionales y evitar que pierdan su naturaleza jurídica. El debate se alimentó además de propuestas formuladas durante el segundo proceso constitucional, que planteaban establecer filtros previos para impedir la presentación de libelos manifiestamente infundados.
Un revés político para la derecha
El rechazo del Senado constituye además un revés para la estrategia impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.
Aunque la acusación había logrado ser aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados con el apoyo del Partido de la Gente, en el Senado no consiguió reunir el respaldo de sectores moderados de la oposición. El resultado dejó en evidencia las diferencias existentes dentro de la propia centroderecha respecto del uso de este mecanismo constitucional.
Con la votación de este martes concluye un episodio que, más que modificar responsabilidades políticas, terminó reabriendo una discusión de fondo sobre el equilibrio entre la fiscalización parlamentaria y la preservación de los mecanismos constitucionales como instrumentos excepcionales y no como parte de la disputa política cotidiana.
