Gobierno prepara reforma al INDH: busca cambiar su composición y limitar su facultad de presentar querellas
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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene un “tinte de izquierda” que debe ser corregido. La propuesta del Ejecutivo contempla modificar la integración de su Consejo y revisar sus atribuciones judiciales, en particular la facultad querellante. El debate alcanza además a la autonomía del organismo y a los estándares establecidos por los Principios de París.
El Gobierno de José Antonio Kast prepara una reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que contempla cambios en la composición de su Consejo y una reducción de algunas de sus atribuciones, entre ellas su facultad para presentar querellas criminales.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó los principales lineamientos de la iniciativa y fundamentó parte de la reforma en la necesidad de modificar lo que considera un desequilibrio político en la integración del organismo.
“Creemos que, efectivamente, hoy la sociedad civil está mal representada en el INDH y tiene absolutamente un tinte de izquierda, y eso hay que corregirlo”, afirmó Rabat el pasado 2 de agosto.
Las declaraciones abrieron una controversia que excede la discusión administrativa sobre el funcionamiento del Instituto, debido a que el INDH es una corporación autónoma de derecho público cuya misión legal es promover y proteger los derechos humanos de las personas que habitan en Chile.
Cambios al Consejo
Uno de los principales objetivos del anteproyecto es modificar la composición del Consejo del INDH.
Rabat ha cuestionado la forma en que actualmente está representada la sociedad civil y plantea modificar los mecanismos de integración para ampliar su pluralismo.
El Consejo es el órgano superior de dirección del Instituto y está integrado actualmente por once personas provenientes de diferentes mecanismos de designación: Presidencia de la República, Senado, Cámara de Diputadas y Diputados, universidades y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción y defensa de los derechos humanos.
El Gobierno sostiene que esa estructura no garantiza actualmente una representación suficientemente equilibrada.
Sin embargo, la afirmación de Rabat de que existe un “tinte de izquierda” introdujo un componente explícitamente político en el debate sobre la futura composición de un organismo cuya autonomía respecto del Ejecutivo constituye una de sus características centrales.
La facultad querellante
El segundo cambio relevante afecta las atribuciones del Instituto.
El Ejecutivo busca revisar la capacidad del INDH para iniciar acciones judiciales ante eventuales violaciones de derechos humanos.
Actualmente la Ley 20.405 faculta al Instituto para deducir acciones legales en determinados casos relacionados con crímenes de genocidio, lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, entre otras materias.
Rabat ha planteado que el organismo debería concentrarse principalmente en funciones de observación, elaboración de informes y recomendaciones.
El ministro ha relacionado esta interpretación con los denominados Principios de París, establecidos por Naciones Unidas como referencia internacional para las instituciones nacionales de derechos humanos.
Qué establecen los Principios de París
Los Principios de París fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993 y establecen los estándares mínimos que deben cumplir estas instituciones.
Entre ellos figuran un mandato amplio para la promoción y protección de los derechos humanos, autonomía respecto del Gobierno, independencia garantizada por ley, pluralismo, recursos suficientes y capacidad para investigar y pronunciarse sobre situaciones relacionadas con derechos fundamentales.
Los principios no establecen que todas las instituciones nacionales deban poseer exactamente las mismas facultades judiciales ni obligan específicamente a disponer de capacidad para presentar querellas.
Sin embargo, tampoco establecen que deban limitarse a desempeñar funciones consultivas.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que estas instituciones pueden contar con atribuciones para investigar vulneraciones, recibir denuncias y desarrollar diferentes mecanismos de protección, dependiendo del modelo institucional establecido por cada país.
La Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) también considera que, cuando estas instituciones reciben denuncias, deben disponer de las capacidades necesarias para investigarlas y actuar eficazmente frente a ellas.
Por ello, la eventual eliminación o restricción de la facultad querellante será probablemente uno de los puntos centrales de la discusión legislativa.
El antecedente del programa de Kast de 2021
La relación entre José Antonio Kast y el INDH tiene antecedentes anteriores a su llegada a La Moneda.
El programa presidencial que presentó en 2021 contenía una propuesta considerablemente más radical que la actualmente impulsada por su Gobierno.
La medida número 30 proponía expresamente la “clausura del actual Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)” y su sustitución por una nueva institución.
Más adelante, el mismo programa planteaba reformar el organismo “mientras siga vigente” y cuestionaba su actuación durante las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019, acusándolo de haber tomado partido por los “violentistas” frente a Carabineros.
Kast posteriormente moderó esa propuesta durante la segunda vuelta presidencial de 2021 y la clausura del Instituto dejó de formar parte de su propuesta revisada.
El actual Gobierno tampoco ha anunciado su intención de eliminarlo.
La reforma que prepara el Ministerio de Justicia apunta, en cambio, a modificar su composición y atribuciones.
Una reforma en medio de la nueva agenda de seguridad
La discusión se produce además en un momento particularmente relevante para la política de seguridad del Gobierno.
Después de la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, Kast anunció en cadena nacional una nueva etapa centrada en seguridad y combate al crimen organizado.
El Presidente presentó una agenda de más de treinta iniciativas legislativas y administrativas, que incluye cambios en materia de flagrancia, crimen organizado, sistema penitenciario, control fronterizo, inteligencia y una reforma constitucional destinada a establecer expresamente la seguridad como deber del Estado.
Kast pretende que buena parte de esa agenda sea aprobada antes de Navidad.
La coincidencia temporal entre el fortalecimiento de las capacidades estatales en materia de seguridad y la discusión sobre las facultades del INDH probablemente aumentará la controversia política alrededor de la reforma.
El debate que llegará al Congreso
El anteproyecto deberá transformarse todavía en un proyecto formal y posteriormente iniciar su tramitación legislativa.
Allí se anticipa una discusión sobre al menos tres materias: la composición del Consejo del Instituto, la extensión de sus atribuciones judiciales y las garantías necesarias para mantener su independencia respecto del Gobierno.
La controversia también estará atravesada por la historia reciente del organismo y por las profundas diferencias políticas existentes en torno a su actuación durante el estallido social y las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
La reforma anunciada por Rabat abre así una discusión que va más allá de la estructura administrativa del INDH.
El Congreso deberá resolver cuánto puede modificarse una institución nacional de derechos humanos, qué instrumentos necesita para cumplir efectivamente su función de protección y qué mecanismos pueden garantizar que su composición y sus decisiones permanezcan independientes del gobierno de turno.
