La seguridad de Arrau: mano dura abajo, secreto bancario arriba
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El Gobierno de Kast ha hecho de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado el eje de su discurso de seguridad. Pero mientras la ultraderecha propone una reforma constitucional que amplía extraordinariamente las facultades del Estado, mantiene resistencia frente a una herramienta decisiva para combatir las organizaciones criminales: levantar el secreto bancario y seguir la ruta del dinero. Porque al narcotráfico no se lo derrota solamente con policías, militares, cárceles o estados de excepción: también hay que saber quién recibe, mueve, lava y protege sus recursos.
La reforma que impulsa el ministro de Seguridad, Martín Arrau, modifica entre 10 y 12 artículos de la Constitución y forma parte de una batería de unos 35 proyectos. Entre sus medidas aparecen un registro de organizaciones criminales y terroristas, el nuevo “delito de pertenencia”, regímenes penitenciarios diferenciados, aislamiento extremo, incautación preventiva de bienes, un quinto estado de excepción y la posibilidad de interceptar comunicaciones sin orden judicial previa. Es una transformación profunda de las relaciones entre seguridad, Estado y derechos ciudadanos.
El problema no es que el Estado persiga al crimen organizado. Nadie puede estar en contra de la virtud. Oponerse seriamente a desarticular bandas criminales, decomisar sus bienes o impedir que controlen territorios. El problema comienza cuando la respuesta penal deja de concentrarse en conductas comprobadas y avanza hacia categorías de personas, organizaciones y territorios susceptibles de ser definidos administrativamente. El “delito de pertenencia” es especialmente delicado: convertir la membresía activa de una organización previamente registrada en delito autónomo modifica radicalmente las exigencias tradicionales de la responsabilidad penal.
Más preocupante todavía es la pretensión de blindar constitucionalmente determinadas medidas frente a los recursos de amparo y eventuales cuestionamientos de arbitrariedad. Si una Constitución establece anticipadamente que determinados regímenes penitenciarios “en ningún caso se considerarán arbitrarios”, se corre el riesgo de convertir la Constitución en una herramienta para limitar los propios mecanismos de control constitucional. La historia enseña que las facultades excepcionales, una vez incorporadas al ordenamiento, rara vez permanecen confinadas al objetivo original para el que fueron creadas.
El nuevo “Estado de excepción de seguridad pública” lleva esa lógica todavía más lejos. Podría aplicarse a barrios o “polígonos” específicos, con participación militar bajo mando policial y facultades para interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa. Juristas ya han advertido sobre el peligro de que lo excepcional termine normalizándose. A ello se agregan restricciones a beneficios sociales para personas condenadas por narcotráfico o terrorismo. La pregunta ciudadana es inevitable: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad sin convertir la seguridad en un nuevo nombre para la suspensión de derechos?
Pero hay una pregunta todavía más importante: ¿por qué la mano dura parece concentrarse en perseguir personas y territorios, mientras la ruta financiera del crimen sigue siendo un terreno políticamente incómodo? Si se quiere combatir seriamente al narcotráfico, hay que identificar sus cuentas, testaferros, sociedades, transferencias y mecanismos de lavado. El dinero constituye el sistema circulatorio de las organizaciones criminales. Sin seguirlo, decomisarlo y llegar a quienes lo administran, la persecución penal corre el riesgo de quedarse en los eslabones más débiles de la cadena.
Y aquí aparece el otro gran vacío: la corrupción instalada en las redes de poder no puede quedar fuera de esta cruzada contra el crimen organizado. El caso Hermosilla mostró cómo abogados, empresarios, autoridades y operadores con acceso privilegiado podían intervenir en asuntos que comprometían al sistema de justicia. Las investigaciones sobre las gestiones de Hermosilla y Andrés Chadwick para favorecer nombramientos judiciales, así como los antecedentes del denominado caso Zaliasnik, muestran que el tráfico de influencias no pertenece exclusivamente al mundo delictual de los barrios.
El caso de la llamada “Muñeca Bielorrusa” vuelve a poner sobre la mesa esa dimensión del problema: investigaciones por presuntos sobornos, lavado de activos y gestiones vinculadas a grandes intereses económicos revelan que las redes de corrupción pueden operar allí donde existen poder, dinero y acceso privilegiado a las instituciones. Si la nueva política de seguridad no toca esas redes, el combate contra el crimen será inevitablemente selectivo. Mano dura contra el delito popular, pero demasiada prudencia frente a los circuitos de poder.
La verdadera lucha contra el narcotráfico debería empezar por seguir toda la ruta del dinero, sin excepciones políticas, económicas ni sociales. Debe alcanzar al narco que vende, al testaferro que oculta, al empresario que lava, al funcionario que facilita, al abogado que trafica influencias y al juez que eventualmente utiliza su posición para favorecer intereses privados. De lo contrario, la reforma de Arrau puede terminar construyendo un Estado con enormes capacidades para vigilar, interceptar, castigar y restringir derechos, pero sin la misma determinación para investigar dónde está el dinero y quiénes tienen el poder suficiente para protegerlo.
Leopoldo Lavín Mujica
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