Jaime Huenchullán en Europa: la cuestión mapuche ante Naciones Unidas

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De Temucuicui a Ginebra, el representante mapuche internacionalizar las denuncias sobre militarización, persecución judicial y derechos colectivos en el Wallmapu

Mientras el Gobierno chileno proyecta en el exterior una imagen de estabilidad institucional y control de la seguridad, el miembro de la comunidad de Temucuicui, Jaime Huenchullán Cayul, emprendió una gira por Europa para exponer ante organismos internacionales una lectura radicalmente distinta de la situación en el sur de Chile.

En Ginebra, Jaime Huenchullan presentó ante distintos procedimientos especiales de Naciones Unidas una cronología de hechos que revela una política continuada de militarización del territorio mapuche, criminalización de las reivindicaciones territoriales y debilitamiento de los derechos colectivos indígenas a lo largo de distintos gobiernos chilenos.

La denuncia presentada por Huenchullán no se limita a una diferencia política con el Estado. Se apoya en hechos que han sido documentados por organismos públicos, tribunales y entidades nacionales e internacionales de derechos humanos. Entre ellos se encuentran la falsificación de pruebas en la Operación Huracán, el homicidio de Camilo Catrillanca a manos de funcionarios policiales, las denuncias de violencia durante allanamientos y el uso prolongado de estados de excepción con participación militar en territorios habitados por comunidades mapuche.

Estos antecedentes permiten afirmar que en el marco del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se han producido vulneraciones de derechos humanos. No se trata únicamente de una acusación formulada por organizaciones indígenas: informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos han advertido sobre violencia estatal, criminalización y uso excesivo de la fuerza en La Araucanía, mientras que organismos internacionales han cuestionado la aplicación de la legislación antiterrorista y las condiciones en que se desarrollan los procesos judiciales contra comuneros mapuche.

Ginebra como último recurso político

La presencia de Jaime Huenchullán Cayul en Naciones Unidas no responde únicamente a una estrategia de visibilidad internacional. También refleja una convicción que atraviesa buena parte de su intervención: la percepción de que los canales políticos internos han sido incapaces de responder a las demandas históricas del pueblo mapuche.

El informe entregado en Ginebra no se concentra en un episodio aislado. Por el contrario, reconstruye una secuencia que comienza en 2016 con la instalación de una base policial y militar en Pailahueque, continúa con la Operación Huracán de 2017, la muerte de Camilo Catrillanca en 2018, la aplicación de estados de excepción, la expansión de bases militares durante el gobierno de Gabriel Boric y las recientes medidas impulsadas bajo la administración de José Antonio Kast.

Según Huenchullán, estos acontecimientos no deben entenderse como hechos separados, sino como parte de una misma lógica de intervención estatal en el Wallmapu. Esa lectura encuentra sustento en la continuidad de medidas de seguridad que han trasladado al Ejército funciones de apoyo a las policías y han convertido a comunidades indígenas en escenarios permanentes de vigilancia, control y despliegue armado.

La militarización, por sí sola, no constituye necesariamente una violación de derechos humanos. Sin embargo, cuando se desarrolla sin controles efectivos, afecta la vida cotidiana de las comunidades, restringe la movilidad, altera las actividades productivas y se vincula con detenciones arbitrarias, allanamientos violentos, malos tratos o uso desproporcionado de la fuerza, puede dar lugar a graves vulneraciones de derechos fundamentales. Informes sobre la situación mapuche han recogido denuncias de ingreso violento a viviendas, lanzamiento de gases lacrimógenos, disparos de balines, torturas, malos tratos y detenciones sin orden judicial durante operativos policiales.

Lo que Jaime Huenchullan intenta plantear ante los expertos internacionales es que la cuestión mapuche ha sido progresivamente desplazada desde el terreno político hacia el ámbito de la seguridad. En su exposición aparecen de forma recurrente conceptos como militarización, persecución penal, legislación antiterrorista, allanamientos, prisión preventiva y control territorial.

La consecuencia, sostiene, es que una demanda histórica por tierras, autonomía y reconocimiento colectivo ha sido tratada principalmente como un problema policial. En ese proceso, el Estado no solo ha recurrido a la fuerza, sino también a herramientas jurídicas que, de acuerdo con organismos de derechos humanos, han afectado las garantías de igualdad ante la justicia, presunción de inocencia y debido proceso.

El peso de una experiencia personal

La denuncia también tiene una dimensión biográfica.

Jaime Huenchullán Cayul fue uno de los mapuche detenidos durante la Operación Huracán, presentada inicialmente como una operación antiterrorista. La investigación se derrumbó posteriormente luego de que se conociera la manipulación y falsificación de pruebas por parte de funcionarios de Carabineros. El caso no representa solamente un fracaso investigativo: expuso el uso de montajes policiales para sostener acusaciones penales contra dirigentes mapuche y comprometió derechos esenciales como la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Por esta razón, cuando interviene ante Naciones Unidas, Huenchullán no lo hace únicamente como portavoz de una comunidad. Habla también desde una experiencia directa de confrontación con el aparato policial y judicial chileno. Su caso forma parte de una historia más amplia de persecución judicial y criminalización de dirigentes, autoridades tradicionales y defensores territoriales mapuche.

La dimensión personal ayuda a comprender por qué la gira europea está centrada menos en la situación coyuntural de un gobierno específico que en una lectura histórica de largo plazo. En su relato, los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Gabriel Boric y José Antonio Kast aparecen inscritos dentro de una trayectoria común, caracterizada por la presencia creciente de fuerzas policiales y militares en el territorio mapuche y por la persistencia de respuestas penales frente a demandas de naturaleza política y territorial.

La muerte de Camilo Catrillanca y la responsabilidad estatal

Uno de los hechos centrales de esta cronología es el asesinato de Camilo Catrillanca, comunero mapuche muerto en noviembre de 2018 durante un operativo del denominado Comando Jungla, creado en el gobierno de Pinera, fuerzas policial y militar mandatados para enfrentar supuestos grupos radicales mapuche.

La versión inicial entregada por los funcionarios involucrados —que vinculaba al joven con un enfrentamiento y con el robo de vehículos— fue desmentida por la investigación judicial. Posteriormente se estableció que no existió el enfrentamiento que había sido comunicado públicamente y que se ocultaron antecedentes relevantes del operativo. El caso terminó con condenas contra funcionarios policiales.

La muerte de Catrillanca constituye, por tanto, un hecho concreto de violencia estatal con resultado fatal. También muestra cómo las primeras versiones oficiales pueden contribuir a estigmatizar a las víctimas y obstaculizar el esclarecimiento de los hechos. Para las comunidades mapuche, el caso se convirtió en un símbolo de impunidad, racismo institucional y falta de control sobre el actuar policial.

La relevancia de este antecedente en la presentación de Huenchullán radica en que permite observar la conexión entre militarización, uso de la fuerza y ausencia de verdad inmediata. No se trata únicamente de una muerte ocurrida durante un procedimiento policial, sino de un operativo seguido por versiones falsas, ocultamiento de información y una disputa pública por la responsabilidad estatal.

La internacionalización de una denuncia histórica

La importancia de Ginebra radica precisamente en que permite reformular el problema.

Dentro del debate político chileno, la situación en la Macrozona Sur suele presentarse prioritariamente en términos de seguridad, violencia rural o lucha contra organizaciones criminales. En Naciones Unidas, en cambio, las preguntas son diferentes: derechos de los pueblos indígenas, protección de defensores de derechos humanos, acceso a la justicia, discriminación racial, consulta previa y ejercicio de derechos colectivos.

Por ello, la gira de Huenchullán no busca únicamente denunciar allanamientos, operativos policiales o reformas legislativas. Busca inscribir la experiencia mapuche en una discusión global sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre los límites de las respuestas securitarias frente a conflictos territoriales históricos.

En esa discusión, las violaciones de derechos humanos ocupan un lugar central. La afectación no se reduce a los casos más graves, como las muertes provocadas por agentes estatales. También comprende la criminalización de la protesta, la utilización abusiva de la prisión preventiva, la aplicación desproporcionada de la legislación antiterrorista, la falta de garantías judiciales, los malos tratos durante allanamientos y la afectación de niños, mujeres, ancianos y autoridades tradicionales durante los operativos.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha advertido que la relación entre el Estado y el pueblo mapuche no puede comprenderse únicamente desde la perspectiva de la violencia atribuida a determinados grupos. Su análisis también ha señalado la persistencia de la violencia policial, la criminalización y el uso de la fuerza como respuesta estatal frente a las demandas territoriales.

La agenda legislativa y la ampliación de politicas de seguridad

La disputa también se desarrolla en el Congreso. Entre las iniciativas que preocupan a las comunidades mapuche se encuentra el proyecto de reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública. La propuesta permitiría al Presidente declarar esta medida ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, con una duración inicial de hasta 120 días y una posible prórroga por otros 120 días antes de que sea necesaria una autorización del Congreso. El proyecto contempla restricciones a derechos como la libertad personal, la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de circulación, además de facultades de intervención y requisición.

Desde la perspectiva de las organizaciones mapuche, una figura de este tipo podría normalizar la presencia militar en territorios indígenas y ampliar las facultades del Ejecutivo con controles parlamentarios limitados. La preocupación no se refiere únicamente a la duración de la medida, sino también a la posibilidad de que un régimen concebido como excepcional se convierta en una herramienta permanente de administración del conflicto territorial. En un contexto marcado por denuncias de allanamientos violentos, detenciones, uso excesivo de la fuerza y afectación de comunidades, la ampliación de las atribuciones militares plantea interrogantes sobre las garantías judiciales, la proporcionalidad de las medidas y la protección de los derechos colectivos.

A esta iniciativa se suma la discusión de modificaciones a la Ley Indígena, que podría redefinir el alcance de las políticas de tierras, los procedimientos de restitución y el reconocimiento de los derechos de las comunidades. Para el movimiento mapuche, cualquier reforma en esta materia debería discutirse con participación efectiva de los pueblos indígenas y respetando el derecho a la consulta previa, libre e informada. De lo contrario, una modificación legislativa presentada como solución institucional podría profundizar el conflicto y debilitar aún más los mecanismos de reconocimiento y reparación histórica.

La dimensión de seguridad volvió a quedar expuesta con la detención de Jorge Huenchullán Cayul en Temucuicui. El operativo, realizado por la Policía de Investigaciones con apoyo de Carabineros y que incluyó el traslado de los detenidos en un helicóptero del Ejército, fue presentado por las autoridades como el cumplimiento de órdenes judiciales pendientes. Sin embargo, para las comunidades mapuche, el despliegue reabrió el debate sobre la militarización, la proporcionalidad de los operativos y el tratamiento de los dirigentes indígenas. Las acusaciones contra Huenchullán forman parte de causas en curso y deberán ser resueltas por los tribunales, por lo que corresponde preservar la presunción de inocencia y el debido proceso.

La detención no puede analizarse de manera aislada de la discusión legislativa. Por un lado, el Estado sostiene que necesita nuevas herramientas para enfrentar la violencia rural y el crimen organizado. Por otro, las comunidades advierten que la ampliación de las facultades de seguridad, la modificación de la legislación indígena y los operativos de gran despliegue pueden consolidar una respuesta centrada en el control y la persecución, sin abordar las causas políticas, históricas y territoriales del conflicto.

La discusión que llega al Congreso reproduce así la misma disyuntiva planteada por Huenchullán ante Naciones Unidas: si el problema mapuche será tratado principalmente como una amenaza de seguridad o como una cuestión de derechos colectivos. En ese debate, cualquier nueva facultad estatal debe estar acompañada de controles civiles efectivos, supervisión judicial, transparencia, rendición de cuentas y garantías explícitas de respeto a los derechos humanos.

Una disputa sobre la definición del conflicto

En última instancia, el viaje de Temucuicui a Ginebra pone de manifiesto una disputa más profunda que la que suele aparecer en la agenda diaria chilena.

La discusión no gira únicamente en torno a determinadas operaciones policiales o decisiones gubernamentales. Se trata de definir qué es exactamente el conflicto entre Estado chileno y el pueblo mapuche.

Mientras el Estado lo aborda en gran medida como un desafío de seguridad y orden público, Huenchullán sostiene ante Naciones Unidas que se trata de una cuestión de derechos colectivos, territorio, autodeterminación y cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por Chile.

Desde esta perspectiva, las violaciones de derechos humanos no serían excesos aislados ni errores individuales, sino expresiones de una política que ha privilegiado la militarización y la persecución penal por sobre el diálogo, la restitución territorial y el reconocimiento político del pueblo mapuche.

Por eso, la relevancia de la gira europea no reside solamente en las reuniones celebradas o en las denuncias presentadas. Reside en el intento de trasladar una cuestión habitualmente confinada a la política interior chilena hacia el centro del debate internacional sobre derechos humanos e indígenas. Mientras el Estado no reconozca las violaciones de derechos humanos cometidas en este contexto y no establezca mecanismos efectivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la cuestión mapuche continuará siendo no solo un conflicto territorial y político, sino también una deuda pendiente de derechos humanos.