Piden a Contraloría investigar eventuales negligencias del Ministerio de Seguridad y mandos policiales en muerte de carabineros
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El abogado de derechos humanos Luis Mariano Rendón presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que investigue eventuales responsabilidades administrativas del Ministerio de Seguridad Pública y de los mandos de Carabineros en los procedimientos en que murieron los funcionarios Cristopher Aguilera y Jaime Urrea. La presentación cuestiona el número de efectivos desplegados, el armamento disponible y los protocolos utilizados frente a situaciones consideradas de alto riesgo.
El abogado de derechos humanos Luis Mariano Rendón solicitó a la Contraloría General de la República investigar eventuales negligencias de los mandos civiles y policiales en los procedimientos que terminaron con la muerte de los carabineros Cristopher Aguilera y Jaime Urrea.
La presentación apunta tanto a las decisiones adoptadas por los mandos de Carabineros como a las eventuales responsabilidades administrativas correspondientes al Ministerio de Seguridad Pública, encargado de la conducción civil en esta materia.
El requerimiento busca establecer si se cumplieron los protocolos, instrucciones y condiciones de seguridad que debían proteger a los funcionarios policiales durante ambos procedimientos.
El caso del carabinero Cristopher Aguilera
Respecto de la muerte de Cristopher Aguilera, Rendón sostiene que, de acuerdo con los antecedentes disponibles, solamente dos funcionarios habrían participado en el procedimiento.
El abogado recuerda que en abril de 2023 se anunció que las patrullas policiales debían estar integradas por al menos tres funcionarios, medida adoptada precisamente para aumentar las condiciones de seguridad durante los operativos.
A juicio de Rendón, la aplicación de esa disposición resultaba especialmente relevante en el lugar donde ocurrieron los hechos.
“Esa norma era particularmente importante de ser acatada en sectores de alto riesgo, como esa zona de Lo Espejo donde ocurrieron los hechos”, señaló.
La presentación ante Contraloría busca determinar, por tanto, si esa instrucción se encontraba vigente, si resultaba aplicable al procedimiento y, en caso de ser así, por qué la patrulla habría estado integrada solamente por dos policías.
El armamento disponible
El requerimiento plantea además interrogantes sobre el equipamiento entregado a los funcionarios.
Rendón solicita investigar qué armamento estaba disponible para la patrulla y recuerda que en marzo de 2023 se había ordenado reincorporar las subametralladoras Uzi al equipamiento policial.
Según el abogado, disponer de ese tipo de armamento adquiría particular importancia en sectores considerados de alto compromiso delictual.
La presentación no establece por sí misma que la ausencia de determinado equipamiento haya provocado la muerte del funcionario. Precisamente solicita que Contraloría determine cuáles eran las instrucciones vigentes, qué elementos estaban disponibles y si fueron correctamente aplicados los protocolos establecidos para este tipo de operaciones.
El procedimiento en que murió el sargento Urrea
En el caso del sargento Jaime Urrea, Rendón pide investigar las condiciones bajo las cuales se organizó el procedimiento policial.
Según señala la presentación, los funcionarios habían recibido previamente información sobre la presencia de una persona que portaba un arma de fuego.
El requerimiento busca establecer qué protocolo correspondía aplicar ante ese antecedente, cuántos funcionarios debían participar, qué protección y armamento tenían que utilizar y qué instrucciones fueron impartidas por los mandos responsables del operativo.
La pregunta que plantea la presentación es si el despliegue policial correspondió al nivel de riesgo que ya había sido informado antes de la intervención.
Responsabilidad de los mandos
El planteamiento de Rendón desplaza parte de la discusión desde las circunstancias inmediatas en que murieron los funcionarios hacia las condiciones institucionales bajo las cuales fueron enviados a cumplir sus tareas.
La presentación no atribuye responsabilidad administrativa de antemano al Ministerio de Seguridad Pública ni a determinados oficiales de Carabineros.
Solicita que sea Contraloría la que investigue si las instrucciones y protocolos vigentes fueron cumplidos y si existieron decisiones u omisiones administrativas que pudieron aumentar innecesariamente el riesgo enfrentado por los funcionarios.
Se trata, por tanto, de establecer si además de investigar penalmente a los responsables directos de los ataques existe alguna responsabilidad institucional relacionada con la planificación, dotación y equipamiento de los procedimientos policiales.
“El mejor homenaje es corregir cualquier falla”
Rendón sostuvo que la investigación de eventuales errores institucionales no disminuye el reconocimiento hacia los funcionarios muertos en cumplimiento de sus deberes, sino que puede contribuir a evitar que situaciones semejantes vuelvan a repetirse.
“Están muy bien los honores fúnebres para los funcionarios caídos en el cumplimiento de su deber, y las palabras de pesar del Presidente y sus ministros, pero quizás el mejor homenaje que se les puede brindar es corregir cualquier falla que pueda haber existido, para que no le vuelva a ocurrir a otros compañeros”, afirmó.
La Contraloría deberá ahora determinar la tramitación que dará a la presentación y si corresponde solicitar antecedentes al Ministerio de Seguridad Pública y a Carabineros.
El requerimiento abre así una dimensión diferente en torno a la muerte de ambos funcionarios: además de perseguir a quienes participaron directamente en los hechos, establecer si el Estado adoptó todas las medidas que estaban a su alcance para proteger a los policías enviados a enfrentar situaciones de alto riesgo.
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