Gobierno de ultraderecha que avanza: El Paquete Neoliberal de Kast y el fantasma boliviano
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Hay una evidencia que define al Chile de estos primeros meses bajo José Antonio Kast, y que ningún análisis político puede esquivar: el gobierno más débil desde el retorno a la democracia —en términos de aprobación ciudadana, coherencia interna y manejo comunicacional— acaba de conseguir un triunfo legislativo mayor para la burguesía empresarial que representa sin ambigüedades. En apenas 69 días de instalado, La Moneda sufrió el cambio de gabinete más rápido desde 1990, con dos ministras defenestradas y un oficialismo en «modo contención». Y, sin embargo, ese mismo gobierno logró que la Cámara de Diputados aprobara su Paquete Neoliberal o ‘megareforma” económica con 90 votos a favor, 59 en contra y una sola abstención, con «una holgura que ni siquiera en La Moneda esperaban«, como reconoció la prensa política chilena.
La explicación de esta paradoja no está en la fortaleza de Kast. Está en la debilidad de quienes debían detenerlo.
Gobierno a la medida de la burguesía chilensis
«Apenas 69 días duró el espejismo de la infalibilidad en La Moneda» titularon por ahí. La caída de Trinidad Steinert en Seguridad Pública —la exfiscal que había perseguido al Tren de Aragua y que se convirtió en un campo minado de errores no forzados— y la de Mara Sedini en la vocería —cuyo «estilo confrontacional, útil para el debate televisivo, se convirtió en un bumerán dentro de Palacio»— no fueron simples ajustes administrativos. Fueron amputaciones de emergencia para frenar una gangrena que ya tenía nombre: la sospecha de que la inexperiencia y la improvisación se estaban comiendo los pilares del relato gubernamental según el parecer mediático dominante.
La aprobación presidencial cayó al 36% según la encuesta Cadem. El propio senador Andrés Longton, de Renovación Nacional, reconoció que había «un déficit en el aspecto comunicacional» y que «elementos estaban distorsionando la visibilidad de la gestión». En los pasillos de Chile Vamos y el Partido Republicano, señaló la misma fuente, «la procesión va por dentro».
Kast tuvo que recurrir a la «vieja guardia» de la derecha tradicional, archivando la promesa del «recambio total» que fue parte de su imagen de candidato rupturista. Claudio Alvarado (UDI) llegó como biministro de Interior y Segegob. Martín Arrau asumió Seguridad. La ultraderecha necesitó a la derecha para sobrevivir. Las dos son neoliberales.
Eppur si muove. Y, sin embargo, ese gobierno herido aprobó su proyecto estrella en la Cámara con amplísima mayoría, y ahora marcha al Senado donde el oficialismo estima que ya tiene los votos suficientes. El proyecto ingresará formalmente el 2 de junio, un día después de la Cuenta Pública presidencial del 1 de junio, que promete ser triunfalista: Kast subirá al podio con una victoria legislativa histórica en el bolsillo y relatará, con la retórica de los que llegan «a romper lo malo», que Chile está cambiando de rumbo.
La pregunta que su discurso no responderá es: ¿cambiando hacia dónde, y para quiénes?
El Paquete Neoliberal: quiénes ganan
El «corazón tributario» o el el mapa del beneficio; quiénes ganan con el Paquete Neoliberal de Kast:
- Gran empresariado nacional y transnacional: reducción del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, aprobada con 87 votos.
- Grandes inversionistas extranjeros: invariabilidad tributaria por 25 años (la oposición puso reserva de constitucionalidad, señalando que «deja amarrada la política tributaria por varios gobiernos»).
- Reintegración tributaria (82 votos): favorece a empresas que distribuyen utilidades, un beneficio que concentra ventajas en los propietarios del capital.
- El crédito tributario al empleo (88 votos), aunque presentado como medida social, fue cuestionado por su costo fiscal y por beneficiar indirectamente al empresariado formal.
Lo que el gobierno llama «reactivación» es, en lenguaje directo, una transferencia de carga desde el capital hacia el Estado (y eventualmente hacia las personas, vía recorte de gasto social, como advirtió el socialista Manouchehri).
Lo que el gobierno eliminó del proyecto también habla: fue rechazada —con votos oficialistas— la norma que permitía a sistemas de inteligencia artificial utilizar datos y obras sin autorización ni remuneración, y también se cayó la eliminación de la franquicia tributaria del Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo). Son las concesiones tácticas de un gobierno que sabe que necesita márgenes para negociar en el Senado sin ceder el núcleo.
El único revés inesperado fue que la oposición logró colar, como indicación, la sala cuna universal. La reacción del ministro Quiroz fue inmediata: reserva de constitucionalidad, argumentando que «afecta las finanzas públicas». Es decir: cuando se trata de bajar impuestos corporativos, no hay problema fiscal. Cuando se trata de sala cuna para trabajadoras, sí lo hay.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, lo dijo sin rodeos: «Hoy pierden las familias chilenas. La aprobación de la reforma para los superricos es un tremendo retroceso para Chile». El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, apuntó en la misma dirección. El socialista Daniel Manouchehri advirtió que el proyecto «profundizará el déficit fiscal y empujará la deuda pública», lo que se traducirá en recortes sociales. Lo respaldó, señaló, un informe técnico del propio Estado.
La izquierda que no pudo: el síndrome de la derrota
La derrota de la oposición en la Cámara no fue marginal ni azarosa. Fue estructural y reveladora.
La izquierda y el progresismo intentaron dilatar la tramitación del proyecto «a través de más de mil indicaciones». Todas se cayeron gracias a una maniobra de último minuto de La Moneda: una indicación sustitutiva que las anuló en bloque. Mil indicaciones. Cero resultado. No es derrota táctica; es colapso estratégico.
El golpe decisivo lo dio el Partido de la Gente (PDG) de Franco Parisi y Pamela Jiles (portaestandarte de la confusión de las elites parlamentarias “populares”). La izquierda progresista intentó negociar con la colectividad el rechazo a la iniciativa. El gobierno ofreció algo concreto: rebaja del IVA a pañales y medicamentos. Parisi eligió al gobierno. «El apoyo del PDG fue el primer golpe a la izquierda», señaló la crónica legislativa. Trece votos que rompieron el bloque y sellaron el resultado.
¿Por qué la izquierda no pudo ofrecer algo más atractivo que el gobierno? Esa es la pregunta que nadie en el progresismo quiere responder con honestidad. La respuesta está en la magnitud de la derrota electoral que los trajo hasta aquí. Kast ganó el balotaje con el 58% de los votos, el segundo porcentaje más alto desde el retorno a la democracia. Ganó en las 16 regiones del país. Obtuvo 7,2 millones de votos, el mayor total en la historia electoral chilena. Frente a ese mandato, la izquierda llegó al Parlamento como una fuerza exhausta, ideológicamente desamparada, sin programa alternativo claro y marcada por el síndrome de la derrota que dejó cuatro años de gobierno Boric: aprobación desplomada al 28%, dos referéndums constitucionales perdidos, y la sensación generalizada de haber gobernado mucho y transformado poco.
Una izquierda que en el poder le pavimentó la victoria a Kast y a la ultraderecha internacional, sin proyecto, ni credibilidad, no puede derrotar a una derecha con agenda simplona, pero de profundización neoliberal doctrinaria. Y eso es precisamente lo que se reprodujo en la Cámara.
¿Bolivia como destino de las ultraderechas latinoamericanas?
Mientras el Senado chileno se prepara para tramitar el Paquete Neoliberal —con una correlación de fuerzas de 26 votos para el oficialismo y 24 para la oposición—, a 2.000 kilómetros al norte, Bolivia arde.
Rodrigo Paz Pereira lleva apenas seis meses en el poder. Su gobierno llegó prometiendo orden económico y estabilidad fiscal, con el diagnóstico de haber heredado un «Estado quebrado». Sus adversarios le reprochan hoy su lenta respuesta ante la peor crisis en 40 años: escasez de combustible, una inflación que rondó el 20% el año pasado, y salarios que no alcanzan. Desde principios de mayo de 2026, Bolivia vive una escalada de protestas que ha paralizado sus principales arterias viales, generado escasez de alimentos y medicamentos, y puesto en jaque a su gobierno. La Central Obrera Boliviana, sindicatos campesinos, mineros, maestros, transportistas e indígenas exigen aumentos salariales del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible, la derogación de la Ley 1720 y, finalmente, la renuncia del propio presidente.
Los bloqueos han dejado muertos, decenas de detenidos y una ciudad capital sin abastecimiento normal. Más de 5.000 vehículos varados en carreteras. Pérdidas de más de 50 millones de dólares diarios para la economía boliviana. El presidente colombiano Gustavo Petro llamó al proceso lo que es: una «insurrección popular». Bolivia le declaró persona non grata a su embajadora.
Seamos claros: el paralelo con Chile no es mecánico ni automático. Las estructuras económicas, la historia política y las correlaciones sociales son distintas. Pero la lógica de fondo es la misma: cuando los «planes de urgencia» de gobiernos de derecha o ultraderecha atacan las condiciones materiales de vida de las mayorías —carestía, combustible, salarios, recortes sociales— la calle responde con una velocidad que no tiene el Parlamento. Y lo hace a través de actores que no son los partidos de izquierda institucional: sindicatos, campesinos, movimiento estudiantil, juntas vecinales. Los que tienen el cuerpo puesto en la economía cotidiana.
En Chile, el Paquete Neoliberal de Kast aún no produce sus efectos plenos sobre el gasto social. Los recortes que advierten los técnicos como consecuencia del déficit fiscal profundizado llegarán después. La invariabilidad tributaria por 25 años blindará al capital transnacional mientras las mayorías esperan los «beneficios del crecimiento» que nunca llegan a tiempo. El crédito tributario al empleo puede no crear los puestos de trabajo prometidos. Y la sala cuna universal —el único avance social que logró colar la oposición— puede ser revertida en el Senado o por la vía constitucional.
La Cuenta Pública del 1 de junio: el relato y la realidad
El 1 de junio, José Antonio Kast subirá al podio para su primera Cuenta Pública. El guión es previsible: “un gobierno que llegó en medio del caos y que, en apenas meses, ya está ‘reconstruyendo Chile’«. El Paquete antipopular aprobado en la Cámara será la pieza central del discurso. Se hablará de reactivación económica, de inversión, de empleo, de competitividad. Se evitará hablar del gabinete cambiado en tiempo récord, del 36% de aprobación, de los recortes que vienen, de Bolivia.
El desafío del análisis político no es desmentir ese relato con el mismo vocabulario que usa el gobierno. Es mostrar lo que el relato oculta: que un gobierno que tambalea internamente puede avanzar externamente cuando no hay una oposición parlamentaria enfrente capaz de detenerlo. Que las mayorías que votaron masivamente por Kast lo hicieron movidas por el hartazgo con un concertacionismo en los hechos (FA, PS, PS, PPD, Liberal, DC). Que no supieron gobernar, por conformismo neoliberal y por impreparación. Que el costo de esa derrota llegará en cuotas, cuando los recortes sociales toquen la puerta de esos demasiados que eligieron el «cambio».
Leopoldo Lavín Mujica
