Kast devuelve Punta Peuco a criminales de la dictadura y reabre la polémica por los privilegios carcelarios
Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 26 segundos
José Antonio Kast confirmó este domingo que fue él mismo quien ordenó trasladar a los presos comunes desde el penal de Punta Peuco para dejar el recinto exclusivamente destinado a militares y exagentes condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Las declaraciones, realizadas en una entrevista con Meganoticias, desataron inmediatas críticas desde la oposición, organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas, que acusaron al gobierno de reinstalar privilegios carcelarios para criminales de lesa humanidad.
“Ya se tomaron las medidas para sacar a los tres delincuentes comunes que estaban cumpliendo condena allí”, afirmó Kast. Consultado directamente sobre si la decisión había sido una orden presidencial, respondió: “Sí”.
Kast defendió además la medida como parte de una futura reorganización penitenciaria impulsada por su gobierno.
“Vamos a ordenar las cárceles en Chile y vamos a separar a los presos de alta peligrosidad (…) Cada cárcel va a cumplir la función para la cual fue creada”, sostuvo.
Las palabras de Kast confirmaron así lo que durante los últimos días denunciaban parlamentarios de oposición y organizaciones de derechos humanos: que el gobierno buscaba revertir la decisión adoptada durante la administración de Gabriel Boric, cuando Punta Peuco dejó de operar como penal exclusivo para condenados por crímenes de la dictadura.
La reacción política fue inmediata.
La diputada Tatiana Urrutia (Frente Amplio) acusó al gobierno de devolver privilegios a violadores de derechos humanos mientras el sistema penitenciario enfrenta graves problemas estructurales.
“Mientras más de 100 guaguas y embarazadas viven en la cárcel, Kast se ocupa de devolver privilegios a los más terribles criminales que ha conocido Chile”, señaló la parlamentaria, mencionando directamente al exagente Miguel Krasnoff, condenado a más de mil años de prisión por secuestros, torturas y desapariciones.
Urrutia agregó que la medida “le habla a la barra brava” del oficialismo y refleja una política penitenciaria basada en el fanatismo ideológico antes que en las urgencias reales del sistema carcelario.
También reaccionó el exministro de Justicia Jaime Gajardo, quien calificó la decisión como “un retroceso” en materia de derechos humanos y criticó la reinstalación de privilegios penitenciarios para condenados por delitos de lesa humanidad.
“Es una decisión que nos hace retroceder en la protección de los derechos humanos y en el hecho de que no existan personas privilegiadas ni grupos privilegiados en nuestro país”, sostuvo.
El debate reabrió además una discusión histórica sobre Punta Peuco, penal construido en 1995 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle especialmente para militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
Desde su creación, el recinto ha sido objeto permanente de cuestionamientos debido a sus condiciones considerablemente mejores respecto de las cárceles comunes del país y por simbolizar, para sectores de izquierda y organismos de derechos humanos, un sistema de privilegios para responsables de crímenes cometidos durante la dictadura.
El gobierno de Boric había decidido modificar parcialmente ese carácter exclusivo incorporando presos comunes al recinto, medida que fue duramente criticada por sectores de derecha y asociaciones de militares en retiro.
Ahora, Kast no solo revierte esa decisión, sino que además reivindica explícitamente el carácter original del penal.
En redes sociales, las reacciones se multiplicaron rápidamente.
Sectores oficialistas celebraron la medida afirmando que Punta Peuco fue concebido originalmente para internos específicos y acusaron a la administración anterior de haber intentado “desnaturalizar” el recinto por razones ideológicas.
Desde la oposición y organizaciones de derechos humanos, en cambio, se acusó al gobierno de enviar una señal política grave al reinstalar diferencias penitenciarias precisamente para condenados por delitos de lesa humanidad.
La polémica ocurre además en un momento políticamente sensible para La Moneda.
Kast enfrenta caída en las encuestas, cuestionamientos a su agenda económica y críticas por el endurecimiento discursivo de su gobierno en materias de seguridad y orden público.
En ese contexto, la decisión sobre Punta Peuco parece hablarle directamente al núcleo ideológico más duro del oficialismo y a sectores conservadores vinculados históricamente a la defensa política de militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
Para sectores progresistas, la señal es aún más profunda.
No se trataría solo de una decisión penitenciaria, sino de un nuevo gesto político-cultural del gobierno destinado a reinterpretar simbólicamente la memoria de la dictadura y reinstalar una narrativa donde los condenados por crímenes de lesa humanidad vuelven a ocupar un espacio diferenciado dentro del sistema penal chileno.
