La condena a Pelentaro Llaitul reabre una pregunta más profunda: ¿puede haber justicia en un conflicto marcado por el racismo estructural?
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La declaración de culpabilidad de Pelentaro Llaitul, hijo menor del vocero y líder histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, junto a otros cuatro comuneros mapuche por dos atentados ocurridos en Lautaro en 2022, volverá a instalar el foco en las condenas que podrían imponerse el próximo 13 de julio. La Fiscalía ha solicitado penas que, sumadas, llegan a cerca de 70 años de prisión.
La noticia, sin embargo, trasciende el caso judicial. Vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Chile ha evitado enfrentar durante décadas: la relación entre el sistema de justicia y un conflicto político e histórico que involucra al pueblo mapuche.
El Tribunal Oral de Temuco declaró culpables a los cinco acusados por delitos de incendio, secuestro y hurto, aunque los absolvió de los cargos por porte ilegal de armas y disparos injustificados al estimar que la prueba no alcanzaba el estándar exigido para acreditar esos ilícitos. Es decir, el propio fallo distinguió entre hechos que consideró probados y otros respecto de los cuales concluyó que subsistían dudas razonables.
La defensa sostiene exactamente lo contrario. Ernesto Llaitul, hermano de Pelentaro, calificó el proceso como una persecución política y denunció nuevamente el uso de testigos protegidos, una herramienta que desde hace años genera fuertes cuestionamientos en causas vinculadas al conflicto mapuche.
No es una discusión nueva.
Un conflicto político tratado principalmente como problema policial
Durante décadas el Estado chileno ha respondido al conflicto territorial en Wallmapu privilegiando instrumentos policiales y penales por sobre soluciones políticas.
Gobiernos de distintos signos recurrieron a la militarización, al estado de excepción, a leyes especiales y, durante años, a la aplicación de la Ley Antiterrorista, incluso en causas donde posteriormente los tribunales nacionales e internacionales cuestionaron la calidad de las pruebas o el debido proceso.
La consecuencia ha sido que buena parte del conflicto terminó trasladándose a los tribunales, mientras las causas históricas —la restitución territorial, el reconocimiento político del pueblo mapuche y el incumplimiento de compromisos estatales— permanecieron prácticamente intactas.
Cada nuevo juicio aparece entonces cargado de un peso político que excede largamente la responsabilidad penal individual de los acusados.
El problema del racismo estructural
Hablar de racismo estructural no significa afirmar que toda condena contra un comunero mapuche sea injusta ni que todos los jueces actúen movidos por prejuicios.
Significa reconocer algo más profundo: que las instituciones del Estado chileno fueron construidas históricamente sobre una relación profundamente desigual con los pueblos indígenas.
La denominada «Pacificación de La Araucanía» implicó la ocupación militar del territorio mapuche, la reducción forzada de sus comunidades y la transferencia masiva de tierras al Estado y a particulares. Ese proceso constituye el origen histórico del conflicto contemporáneo.
Desde entonces, el pueblo mapuche ha enfrentado una combinación de despojo territorial, pobreza, discriminación y criminalización que distintas comisiones estatales —entre ellas la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato— reconocieron hace ya más de dos décadas.
Ese trasfondo no desaparece cuando comienza un juicio.
Una justicia bajo permanente cuestionamiento
En diversas causas relacionadas con el conflicto mapuche se han producido absoluciones tras extensos períodos de prisión preventiva, anulaciones de juicios, condenas internacionales contra Chile por discriminación y fuertes críticas al uso de testigos protegidos.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno en el caso Norín Catrimán y otros por la aplicación discriminatoria de la legislación antiterrorista contra dirigentes mapuche.
Ese fallo no resolvió todos los debates jurídicos posteriores, pero sí dejó establecido que el Estado chileno vulneró derechos fundamentales en causas vinculadas al conflicto territorial.
Por eso, cuando familiares de los acusados denuncian racismo institucional o persecución política, sus afirmaciones no surgen en un vacío histórico. Forman parte de una discusión que ha acompañado durante décadas la política chilena.
Ello no equivale a validar automáticamente cada denuncia. Tampoco significa desconocer los derechos de las víctimas de ataques incendiarios o de otros delitos. Significa asumir que la confianza en la justicia depende también de que los procesos sean percibidos como plenamente imparciales y respetuosos del debido proceso.
Un conflicto que ningún gobierno ha resuelto
La condena contra Pelentaro Llaitul tampoco modifica el dato esencial: después de más de un siglo de políticas estatales, el conflicto entre el Estado chileno y sectores del pueblo mapuche sigue abierto.
Los distintos gobiernos han alternado diálogo, compra de tierras, militarización y persecución penal sin conseguir una solución estable.
Mientras tanto, nuevas generaciones mapuche crecen observando cómo las demandas territoriales continúan sin resolverse y cómo el conflicto se expresa cada vez más en los tribunales y en la acción policial.
La sentencia que se conocerá en julio probablemente cerrará una causa judicial.
Difícilmente cerrará el conflicto político e histórico que la rodea.
Porque mientras el Estado continúe respondiendo principalmente con el Código Penal a una demanda cuyos orígenes son coloniales, territoriales y políticos, cada nuevo juicio seguirá siendo leído por amplios sectores del pueblo mapuche no solo como la persecución de determinadas personas, sino como un capítulo más de una larga historia de desigualdad, exclusión y racismo institucional que Chile todavía no consigue superar.
Por Simón del Valle
