España recibe más de un millón de solicitudes de regularización de migrantes y desafía la deriva antiinmigración de Europa
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La cifra duplicó todas las previsiones del gobierno de Pedro Sánchez y convirtió el proceso de regularización más ambicioso de las últimas décadas en un debate sobre el futuro demográfico, económico y político de Europa. Mientras gran parte del continente endurece sus políticas migratorias, España apuesta por incorporar a quienes ya viven y trabajan en el país.
Más de un millón de personas migrantes y solicitantes de asilo presentaron solicitudes para regularizar su situación en España antes del cierre del plazo este martes, en un proceso que inicialmente había sido diseñado para beneficiar a unas 500 mil personas. El resultado superó todas las previsiones y transformó la iniciativa del gobierno del socialista Pedro Sánchez en uno de los mayores procesos de regularización migratoria de la historia reciente de Europa.
La medida ofrece un permiso de residencia renovable de un año y autorización para trabajar a quienes puedan acreditar que residían en España antes del 31 de diciembre de 2025, no poseen antecedentes penales y cumplen determinados requisitos administrativos. También incluye a personas que solicitaron protección internacional bajo ciertas condiciones.
La iniciativa comenzó a recibir solicitudes en abril y desbordó rápidamente la capacidad administrativa del Estado. Hasta mediados de junio ya se habían aprobado cerca de 360 mil expedientes, mientras las autoridades seguirán procesando las solicitudes durante los próximos tres meses.
Un camino distinto en una Europa que endurece fronteras
La decisión española contrasta con la tendencia predominante en buena parte de Europa, donde gobiernos conservadores e incluso socialdemócratas han endurecido las políticas migratorias bajo la presión del crecimiento electoral de la extrema derecha.
Mientras países como Italia, Francia, Países Bajos y Alemania han reforzado los controles fronterizos y restringido los mecanismos de acogida, el Ejecutivo español sostiene que la inmigración constituye una necesidad estructural para el país.
Pedro Sánchez ha defendido reiteradamente que España necesita inmigración para sostener su crecimiento económico, enfrentar el envejecimiento de la población y garantizar la viabilidad futura de su Estado de bienestar.
No se trata únicamente de un argumento humanitario. España enfrenta una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y un acelerado envejecimiento demográfico. Al mismo tiempo, numerosos sectores productivos —como la agricultura, la construcción, la hostelería, el turismo, el trabajo doméstico y el cuidado de personas mayores— dependen cada vez más de trabajadores extranjeros.
En la práctica, cientos de miles de migrantes ya forman parte de la economía española, aunque muchos lo hacen en condiciones de informalidad, sin acceso pleno a derechos laborales ni a la protección social.
La lógica económica detrás de la medida
El gobierno español ha presentado la regularización como una política económica además de social.
La estrategia busca incorporar formalmente a trabajadores que ya participan en la economía, ampliar la base de cotizantes al sistema de seguridad social, reducir la economía informal y responder a la creciente escasez de mano de obra.
España registra actualmente una de las mayores proporciones de población nacida en el extranjero de Europa occidental: aproximadamente uno de cada cinco residentes nació fuera del país. Los principales grupos que solicitaron la regularización provienen de Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú.
Críticas desde la derecha
Como era previsible, la iniciativa abrió un intenso enfrentamiento político.
El conservador Partido Popular y la ultraderechista Vox sostienen que la regularización provocará un «efecto llamada», incentivando nuevos flujos migratorios y aumentando la presión sobre los servicios públicos.
Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han presentado recursos judiciales contra el decreto, argumentando que el Ejecutivo excedió sus competencias. El conflicto podría incluso llegar a instancias europeas.
Las organizaciones de apoyo a migrantes, por el contrario, consideran que el proceso constituye un avance significativo, aunque advierten que miles de personas enfrentaron enormes dificultades burocráticas para reunir la documentación exigida.
Durante las últimas semanas, numerosas ONG trabajaron intensamente ayudando a completar expedientes y recomendando presentar las solicitudes incluso cuando faltaban algunos documentos, con el fin de no perder el plazo legal.
Un éxito que también tensionó al Estado
Paradójicamente, el éxito del programa también puso a prueba la capacidad administrativa española.
Las plataformas digitales registraron frecuentes problemas técnicos, las oficinas de extranjería quedaron saturadas y las largas filas se multiplicaron en distintas ciudades. El propio gobierno reconoció que la demanda duplicó ampliamente las estimaciones iniciales.
El Ejecutivo anunció además un plan de integración dotado con 500 millones de euros para facilitar la incorporación efectiva de quienes obtengan residencia legal, mediante programas de inclusión laboral, acceso a servicios públicos y apoyo social.
Un debate que trasciende a España
Ello no elimina las tensiones sociales ni garantiza el éxito del proceso. Pero sí representa una apuesta política distinta en un continente donde el endurecimiento de las políticas migratorias parecía haberse convertido en la norma.
España busca reconocer jurídicamente una realidad que ya existía: más de un millón de personas vivían, trabajaban y contribuían diariamente a la economía del país sin contar con un estatus legal pleno. La regularización pretende sacar esa realidad de la invisibilidad e incorporarla formalmente a la sociedad española, en un momento en que Europa no solo debate cómo controlar sus fronteras, sino también cómo enfrentar sus propios desafíos demográficos y económicos.
Fuentes: The Guardian, AP, Reuters.
